Pactos de la Moncloa: la gran estafa otra vez, no.
Ángeles Maestro. Red Roja
Dice Rodolfo Walsh que
las clases dominantes siempre han procurado que las trabajadoras y los
trabajadores no tengamos historia, ni teoría, ni héroes, que se pierda la experiencia
colectiva y que cada lucha deba empezar de nuevo. Cuando las principales
organizaciones de las clases oprimidas se hacen cómplices de la amputación de
la memoria, el desastre es mucho mayor.
*
Una vez más, cuando se oyen crujir los
cimientos de la economía capitalista, sus representantes políticos invocan el
conjuro de los Pactos de la Moncloa.
En una comparecencia reciente el presidente del Gobierno, aludiendo a la encrucijada
"histórica" que vivimos, hacía esta afirmación: “Esa unidad a la que
apelo se tiene que trasladar en una certeza: todos los partidos políticos vamos
a trabajar en unos nuevos pactos de la Moncloa”.
Hace pocos días, el gurú de El País Joaquín
Estefanía, dedicaba su columna de opinión al mismo tema, con el pomposo título
de "El compromiso histórico español". Es curioso, porque este
ex-director de El País, durante los años de la Transición era miembro de la
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), que proponía "echar
abajo el Pacto de la Moncloa"[1]. El mismo Estefanía
escribió un importante libro titulado: "La Trilateral Internacional del
capitalismo (el poder de la Trilateral en España", publicado por Akal en
1979 y que se agotó en pocos días. En él analizaba con nombres y apellidos las
ramificaciones de la Trilateral en los diferentes órganos de poder
institucional y empresarial en el Estado español. Jesús Polanco, fundador del
grupo PRISA le hizo una propuesta al joven Estefanía por la que vendió su alma:
ser director de economía de El País a cambio de que no hubiera una segunda
edición del libro. A veces, Roma sí paga a traidores. Jesús Polanco pasó a ser
miembro de la Trilateral en abril de1982[2], muy probablemente como expresión del
respaldo del capital internacional a la victoria del PSOE que se produciría
pocos meses después.
El caso de Estefanía, como tantos otros - el
más conocido es el de las tarjetas Black de Bankia - es representativo de la cara oculta de la
Transición: el soborno de dirigentes políticos y sindicales de la izquierda.
El capital siempre llama al pacto social
cuando las cosas no le van bien. Se olvida rápidamente de su liberalismo y
apela a la solidaridad, al consenso y al Estado. No cabe duda de que la idea
luminosa ha salido de las filas del Ibex 35. Los Pactos de la Moncloa fueron su
mayor negocio - si no contamos el golpe fascista de 1936. En la Transición, la ventaja es que las ganancias
llegaron sin coste político. Todo lo
contrario. Como en todo gran pacto social, para el capital el beneficio es
doble: consigue imponer sus objetivos y el enemigo de clase se autodestruye. Y
el PSOE, representante privilegiado de la gran burguesía y hacedor de las
agresiones más graves contra la clase trabajadora desde la Transición, se
apresura ahora a cumplir su papel.
La estupidez más grande que podría cometer la
clase obrera es creer lo que agitan profusamente los medios y, por supuesto, el
Gobierno: que si VOX no quiere unos nuevos Pactos de la Moncloa, es porque
serán buenos para las
trabajadoras y trabajadores. Como ya escribí al analizar la sesión de
investidura[3], el esperpento de la
extrema derecha sirve como espantajo preventivo ante el cual cualquier otra
opción se considera un mal menor.
Recuperar la Memoria
Ante una situación extremadamente dura como
la que se avecina, las trabajadoras y
los trabajadores necesitamos recuperar la memoria y analizar
objetivamente lo que realmente supusieron esos pactos y lo que ha sucedido desde
entonces hasta ahora. Y, sobre todo, lo que implicó dejarse arrastrar por falsos llamamientos a
la unidad que siempre suponen para nosotras retrocesos – ahora directamente
hacia el abismo - y ganancias para
ellos.
En los Pactos de la Moncloa hubo un elemento
clave: el PCE, encabezado por su secretario general Santiago Carrillo. El resto
fueron meras figuras
decorativas hasta el punto
de que Alianza Popular no los firmó y
nadie se acuerda de ello; porque no importaba. El objetivo central era
domesticar al potente movimiento obrero, combativo y organizado, que recorría el territorio del Estado español.
Un movimiento obrero estructurado en torno a las Comisiones Obreras, o
Comisiones Representativas, surgidas desde las mismas asambleas de fábrica o de
tajo, y por lo tanto enraizadas, más allá de las cualificaciones o la
ideología, en el conjunto de las trabajadoras y trabajadores y garantes de uno
de los elementos claves de la lucha obrera: la unidad de clase.
La
fuerza organizada de quienes crean la riqueza y hacen posible la vida había
conseguido imponer mediante luchas durísimas, con los sindicatos ilegalizados y
centenares de sindicalistas en la cárcel, la Ley de Relaciones Laborales más
progresista que se ha conocido.
Y se
hizo en plena crisis económica. Llamo la atención sobre esto porque cuando se
promulga esta Ley, en
abril de 1976, la situación era muy parecida a la que se vivía en el
momento de la firma de los Pactos de la Moncloa dieciocho meses después; sin
embargo, en su preámbulo se alude, a diferencia de los Pactos, no a la crisis
sino a las “legítimas aspiraciones de los trabajadores”. La crisis, y los
sacrificios de “todos” necesarios para superarla, es el mantra que se repite
cuando de lo que se trata, como ahora, es de imponer nuevos recortes de
derechos y de condiciones de vida.
La Ley de Relaciones Laborales de 1976 establecía[4], entre otras cosas, que la naturaleza del trabajo
determinaba el tipo de contrato; es decir,
todo contrato era indefinido, salvo unas pocas excepciones. Se prohibía y se sancionaba el prestamismo laboral y
las empresas de trabajo temporal; se reducía la jornada laboral, se ampliaba el
permiso de maternidad, etc. Pero sobre todo, se regulaba el despido
improcedente de forma favorable a las trabajadoras y
los trabajadores. El artículo 35 disponía lo siguiente: "Cuando en un procedimiento
por despido, el Magistrado de Trabajo considere que no hay causa justa para el
despido, en la sentencia que así lo declare condenará a la empresas a la
readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de
producirse aquel, así como del importe del salario dejado de percibir desde que
se produjo el despido hasta que la readmisión tenga lugar”. En el apartado 4 de
este mismo artículo se prohibía que el despido fuera sustituido por
indemnización económica salvo acuerdo voluntario de las partes[5]. Este artículo era esencial, como bien se puede
comprobar ahora, para luchar contra las "listas negras" y la
represión sindical.
Esta
Ley es clave para desmontar el argumento central de quienes firmaron los Pactos
en representación de la clase obrera: que la correlación de fuerzas no permitió
hacer otra cosa. En este sentido, es importante destacar que esto ocurría a
contracorriente del resto de los países centrales del capitalismo, donde los
amplios derechos laborales conquistados por la victoria contra el fascismo en
la II Guerra Mundial - que fue sobre todo una guerra de clases - habían entrado
en fase de demolición con la piqueta de las políticas neoliberales.
En
el Estado español la correlación de fuerzas en la lucha de clases era otra. A
pesar de los durísimos coletazos del final de la Dictadura - los fusilamientos
del 27 de septiembre de 1975, el asesinato de cinco trabajadores y los cientos
de personas heridas de bala el 3 de marzo de
1976 en Vitoria o la matanza de los abogados
laboralistas de Atocha el 24 de enero de 1977 - la combatividad y la
organización del movimiento obrero eran grandes y crecientes. Además no se
trataba sólo de reivindicaciones laborales. El
movimiento estaba impregnado de contenidos políticos de ruptura con el
Régimen que agonizaba y de exigencias de democracia y de control obrero en la
empresa. La fuerza organizada de la clase obrera fue capaz de sobreponerse a
los vientos neoliberales que empezaban a arrasar las políticas sociales en una
CEE[6] con poderosas centrales sindicales y supuesto paraíso de
los derechos sociales.
Año
y medio después, los preceptos de esa Ley se convirtieron en agua de borrajas. No se produjo un cambio en la correlación de
fuerzas, sino una monumental traición de clase.
Es
curioso leer que el PCE defendía los Pactos argumentando que las medidas
agresivas contra la clase obrera no iban a durar más de “año y medio”, el
tiempo de acabar con la crisis, o que participar de ellos era la manera de
evitar un golpe de Estado. Sucedió exactamente lo contrario. La crisis
continuaría profundizándose y de hecho fue el gran pretexto para el nuevo
ataque que vendría con la cínicamente llamada reconversión industrial, y el
ruido de sables tomaría cuerpo el 23 de febrero de 1981. El saldo real,
apabullante, fue que ante ambos acontecimientos la clase obrera era ya mucho más débil.
Lo
más importante de los Pactos de la Moncloa no
fueron sus medidas concretas contra la clase obrera: pérdida del poder
adquisitivo de los salarios, facilitación del despido[7], etc, a cambio de una tímida reforma fiscal, muy por
debajo de la existente en Europa occidental y que progresivamente, todos los
gobiernos han ido cambiando a favor del capital. Mientras tanto, como sabemos,
la evasión y el fraude fiscal adquiere proporciones gigantescas.
El
cambio cualitativo que introdujeron los Pactos de la Moncloa y que los sitúan
como piedra angular del retroceso imparable sufrido por los derechos laborales
desde entonces hasta ahora, es de naturaleza ideológica. Esos acuerdos plasmaron
con la firma de quienes tenían mayor influencia
entre la clase obrera la preeminencia de la lógica del capital sobre cualquier
otra consideración, y la aceptación del orden capitalista como algo natural y
permanente. Se capitulaba ante el dogma central del capitalismo: para que a la
clase obrera le vaya bien, lo prioritario es restaurar la tasa de ganancia del
capital y, en aras de la competitividad, hay que liquidar los obstáculos que se
le oponen: terminar con la negociación colectiva, reducir al máximo los costes
laborales y "flexibilizar" tanto la contratación como el despido.
Bajo
esa égida, y con un debilitamiento progresivo - organizativo, político e
ideológico - contrarreforma tras contrarreforma, recorte tras recorte, hemos
llegado al esperpento de la situación actual: con millones de personas trabajadoras en la miseria, más de un
millón de jóvenes con alta cualificación en la
emigración, los servicios públicos degradados y sometidos a la lógica del
beneficio privado y condiciones de trabajo de semi-esclavitud.
El
balance de estos cuarenta años en términos de clase es tan obvio que no merece
la pena argumentarlo. Los enormes negocios de las privatizaciones de la banca
pública y las empresas estratégicas de transporte, comunicaciones, energía, etc,
son las grandes fortunas del Ibex 35; monopolios que a su vez, están en buena
medida en manos de los grandes bancos.
La
explotación y la miseria de millones de trabajadores y trabajadoras – 12
millones en situación de extrema pobreza - se esconde bajo cifras indignantes.
Mientras los beneficios empresariales de los grandes monopolios registraban
crecimientos del 60% en los últimos años, el salario medio ha sufrido una
pérdida de poder adquisitivo de 133 euros anuales.
Y en
estas condiciones, ¿nos hablan de Pacto
Social? ¿Qué más quieren robar?
No
conviene engañarse. En las crisis, la inversión de capital se frena, e incluso
hay una huida masiva de capitales como la que ya está sucediendo – tan
patriotas ellos – porque no ven posibilidades de recuperar la tasa de ganancia.
Y la inversión no vuelve hasta que no se ha producido un “saneamiento” - es decir la destrucción de empresas débiles,
fundamentalmente la pequeña y mediana empresa - y condiciones más
favorables de explotación de la mano de obra.
En definitiva, cuando
tanto el Gobierno como el BCE ponen en
poder de la banca y de las grandes empresas la capacidad de decisión sobre los
fondos públicos, no sólo es que los vayan a emplear para rescatarse a sí
mismos, sino que sus intereses son opuestos a la salvación de las decenas de
miles de pequeñas y medianas empresas, de las que dependen millones de
trabajadoras y trabajadores.
No
insistiré aquí en la mezquindad de las ayudas directas del Gobierno, frente a
las aplicadas por otros gobiernos, y su vergonzosa pasividad para intervenir
empresas privadas, aun cuando la situación adquiere tintes dramáticos en la
sanidad pública. Todo ello da idea de lo que se puede esperar de este Ejecutivo
de coalición por sí mismo o, como podría ocurrir, si
se acaba incorporando a la toma de decisiones alguna de las tres derechas.
No podemos
seguir siendo presas del círculo vicioso que
nos amarra desde la Transición: huir del PP para que gobierne el PSOE para,
tras comprobar que practican las mismas políticas, hacer el mismo camino en
sentido contrario.
Cuando la
situación es tan dramática como la que vivimos - y la que asoma sabemos que será mucho peor - no podemos
consentir que el caos y la barbarie sigan imperando.
Es
intolerable que prevalezcan los mecanismos represivos en el confinamiento - con el esperpento de ver a diario a los
representantes del ejército, la guardia civil y la policía informando de la
evolución de la pandemia - mientras se mantiene la producción de bienes no
esenciales a mayor gloria del capital, y condenando a una sobremortalidad
evidente a los territorios donde se concentra esa clase obrera obligada a
trabajar con riesgo de su vida[8].
No podemos
consentir que permanezca impune el desmantelamiento de la sanidad pública, que
está produciendo escandalosas carencias de atención y centenares de muertes
perfectamente evitables. Porque ese deterioro, perfectamente planificado desde
las Consejerías de Sanidad, tiene responsables concretos que han venido preconizando la superioridad de la sanidad
privada, permitiendo la entrada masiva del capital privado - fondos buitres
incluidos - en la gestión con fondos
gubernamentales de la sanidad pública[9] y
reduciendo y precarizando hasta extremos inconcebibles las condiciones de
trabajo del personal.
Es una
irresponsabilidad afrontar la hecatombe social y económica que se avecina
permitiendo que la oligarquía financiera y monopolista siga imponiendo su ley
de hambre, enfermedad y muerte.
Precisamente
el desastre actual es el resultado de una izquierda débil y cobarde que, bajo
el eufemismo del pacto social, ha venido aceptando la dictadura del capital,
más salvaje cuanto más se debilitaba la clase obrera. Y aún siguen tratando de justificar su goteo incesante de concesiones con el
argumento de una “correlación de fuerzas adversa” que, curiosamente, esta misma
izquierda contribuye a alimentar paralizando movilizaciones y blanqueando
mensajes combativos.
Es
hora de enfrentar la situación desde claves diferentes. Desde posiciones que
necesaria e imprescindiblemente tienen que enfrentar la lógica del capital.
No
hay otra: o se salva al capital, o se salva al
pueblo. La resolución de este dilema es una cuestión de poder. En ese sentido,
lo que Red Roja propone no es un plan de choque de los muchos que se están
proponiendo como peticiones o exigencias dirigidas al Gobierno, y que pueden
muy bien compartirse, pero que no poseen, ni se plantean, el poder político
para llevarlas a cabo.
El
llamamiento de Red Roja plantea la necesidad de cambiar radicalmente el enfoque
y construir un poder alternativo edificado sobre la hegemonía de la
satisfacción de las necesidades sociales, que necesariamente tiene que romper
con el orden existente, y que tenga al pueblo en el puesto de mando[10].
Abril
de 2020
25 Aprile 2020- Ravenna
