Represión contra los mineros en Bolivia

El MAS acusa a mineros muertos de intentar derrocar a Evo y alinearse contra el revocatorio

Bolivia, 6 de agosto de 2008 (CEP).- Una vez conocido el reporte de muertos y heridos por bala entre los mineros de Oruro, todos los funcionarios de gobierno salieron a acusar a estos obreros de intentar "derrocar" a Evo Morales, aliarse a la derecha y oponerse al referéndum revocatorio del próximo 10 de agosto (donde Evo espera ser ratificado en su cargo). El gobierno pretende eliminar así el contenido de las protestas por derechos laborales al acusarlas de "políticas" y aliadas a la derecha.

En la localidad de Caihuasi, a 30 kilómetros de la ciudad de Oruro, un enfrentamiento entre mineros de la estatal Empresa Minera Huanuni y policías causó dos muertos y más de 40 heridos, muchos alcanzados por bala. El enfrentamiento se dio en medio de las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) por aprobar una nueva Ley de Pensiones en reemplazo de la ley neoliberal vigente.

El dirigente de la COB Felipe Machaca calificó de "asesino" al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, al conocer el saldo de muertos y heridos. Según el Ministro, el operativo se inició a las 6 de la mañana cuando los mineros y trabajadores de otros sectores bloqueaban la carretera en Caihuasi. La Policía disparó gases y los manifestantes respondieron con dinamita. A eso de las 9 de la mañana, los heridos graves empezaron a llegar al Hospital Obrero de la ciudad de Oruro.

Según el doctor José Daza, el electricista de la mina Huanuni Hernán Montero, de 24 años, llegó muerto al hospital con un impacto de bala a la altura del corazón. A esa hora había 12 heridos, cuatro de ellos alcanzados por balas en las piernas y caderas. Pasado el mediodía, el viceministro del Interior, Rubén Gamarra, confirmó la muerte del minero Roberto Cáceres F., mientras que las versiones periodísticas confirmaban también la muerte de Miguel Vicente Alegre Antonio, herido que había llegado al hospital por la mañana. Este miércoles 6, feriado por fiestas patrias en Bolivia, se habla de tres muertos y más de 40 heridos. En Oruro el personal del Hospital Obrero denunció que durante toda la mañana un contingente policial, apostado en la tranca de Capachos, impedía el paso de las ambulancias con los heridos.

Los dirigentes de algunas organizaciones no cooptadas por el gobierno repudiaron la represión policial contra los trabajadores, quienes habían salido a exigir la aprobación de una nueva ley de pensiones (sistema de jubilación solidaria), frente a la propuesta del gobierno de mantener en parte el sistema de ahorro individual vigente.

Los dirigentes de la COB anunciaron un ampliado de emergencia, radicalización de las protestas y calificaron de "asesino" al gobierno de Evo Morales. Felipe Machaca (COB) señaló que "el gobierno está actuando al mejor estilo de los gobiernos neoliberales y los fascistas… El único responsable es Evo Morales y todos sus ministros incapaces, especialmente el ministro Rada… Repudiamos y condenamos al gobierno neoliberal y fascista de Evo Morales Ayma y Linera".

El secretario de educación de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Sergio Tarqui, dijo que "el gobierno está enfrentando a sus hermanos del sector, un gobierno supuestamente indígena, con cara de indígena, está gobernando a bala".

Al enterarse de la represión, las amas de casa de Huanuni se dirigieron a la ciudad de Oruro (a 20 minutos en bus) y allí irrumpieron en el desfile cívico organizado por la Prefectura en homenaje a las fiestas patrias. Los funcionarios de la Prefectura (instancia del MAS) dijeron que al ver las banderas pisoteadas por las madres, esposas e hijos de los mineros se sintieron indignados, no dudaron en golpearlas y luego se dirigieron a la sede de la Central Obrera Departamental a apedrear y quemar el local.

Por la noche en La Paz, el comité cívico popular (manejado por el MAS) salió a atacar y destrozar la sede de la Central Obrera Boliviana. El ex activista de derechos humanos Sancha Llorenti, ahora funcionario del gobierno, salió a "aclarar" que no se trata de un grupo del MAS sino de un comité cívico independiente, cuando él y toda la población sabe que esa organización es manejada por Hugo Moldiz, miembro de la comisión política del MAS.

Aparte del comité cívico popular de La Paz, el MAS tiene a los autodenominados "satucos" y los "antucos" manejados por parlamentarios masistas como Gustavo Torrico (ex ADN partido del militar Hugo Bánzer) y Antonio Peredo.

El gobierno justifica
Frente a esta represión y como en casos anteriores, el ministro Alfredo Rada, que siempre se jacta de ser de izquierdas y está ligado a la ONG CEJIS, aseguró públicamente que la Policía no portaba ninguna arma letal y apuntó la responsabilidad contra los dirigentes de la movilización, acusándolos de responsables de las muertes.

Para reforzar esa versión, el viceministro Rubén Gamarra (ex abogado laboralista de organizaciones sindicales) lanzó la acusación de que los mineros "estarían portando armas, cortas o largas, mauser", según informes de "Inteligencia" policial.

Una vez conocidas las muertes, el gobierno comenzó a atacar por todos los flancos a los dirigentes y a los mineros. La periodista de la católica radio Erbol y de la estatal TVB (canal 7) Amalia Pando relativizó los hechos y aseguró "que la movilización no era para la ley de pensiones, sino para bloquear las ánforas, no hay duda, tienen un objetivo claro que es bloquear el revocatorio".

El resto del discurso gubernamental no tuvo más que seguir esa línea de defensa del referéndum revocatorio del próximo 10 de agosto. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, que hizo carrera política como activista de derechos humanos, Sacha Llorenti, acusó a los dirigentes mineros de querer "derrocar" a Evo Morales.

Tratando de darle contenido a la tesis de que las marchas de maestros, fabriles, mineros y discapacitados están orientadas a truncar su referéndum revocatorio señaló: "Yo no tengo ningún temor en afirmar que Jaime Solares tiene la intención de derrocar al gobierno nacional", es "imprescindible darnos cuenta del carácter de esta movilización, algunos dirigentes, de quienes conocemos su trayectoria, han estado engañando a las bases de trabajadores".

Como ya es costumbre en cualquier gobierno cuando mueren civiles frente a la Policía o el Ejército, Llorenti sacó el discursito de que "vamos a exigir una investigación, tenemos que encontrar a los responsables (de las muertes)". Sólo para citar un caso, lo mismo dijeron cuando murió el "sin techo" Santiago Orocondo, alcanzado por balas del Ejército en el operativo de expulsión de una propiedad privada en Oruro; el senador del MAS Antonio Peredo (de la Fundación Che Guevara) estuvo a cargo de la comisión investigadora de este caso que ocurrió en 2006.

Las comisiones investigadoras del gobierno, muchas de ellas presididas por sus propios parlamentarios, sólo sirven para distraer la atención del pueblo en un primer momento y hacer desaparecer el hecho a la larga, siempre han servido para consolidar la impunidad de las autoridades que ordenan a la Policía y el Ejército.

Para redondear la teoría del intento de "derrocar" a Evo Morales, el ministro de Minería Alberto Echazú (del PCML) salió a "denunciar" que los dirigentes mineros Pedro Montes y Jaime Solares "reciben pagos extralegales y no pueden volver a trabajar en la empresa (Huanuni)". Pero ni siquiera anunció un proceso legal contra ellos o les pidió su retiro, ni explicó por qué, si están en la ilegalidad, siguen en Huanuni hace años, Echazú se limitó a opinar que "por ética (ambos) dejen de ser la cabeza de las movilizaciones".

La clara intención del gobierno apunta a desprestigiar el movimiento de mineros, maestros, fabriles y otros escasos sectores asalariados del país por un nuevo sistema de pensiones, pero además pretende eliminar la dirección de las protestas. El gobierno reformista ve como enemigo a todo aquel que no comulgue con su programa de parches al viejo Estado boliviano y acusa de ser aliado de la derecha y la oligarquía a todo el que proteste contra él.

A pesar del intento de reducir las protestas a un acto de dos dirigentes, los sindicalistas de otras centrales obreras departamentales se han pronunciado y condenaron al ministro Rada como "nefasto y asesino". Este 6 de agosto, otro sindicato minero inició nuevamente un bloqueo de caminos en Poopó (entre Oruro y Potosí).

Los conflictos continúan
Pero los mineros no son los únicos que tienen protestas activadas en el país, donde en este momento existe un conjunto de sectores movilizados con distintas demandas. En La Paz los discapacitados cumplen 18 días de huelga por un bono solidario (Bs. 3.000 anuales); el lunes intentaron ingresar a la plaza Murillo, pero este "atrevimiento" fue respondido por la Policía con gases y golpes (días antes allí se reunió sin restricciones un grupo de invidentes que apoyaba a Evo Morales). El martes, el parlamento se reunió para tratar la ley del bono solidario en medio de un cerco policial porque los congresistas del MAS temían que los discapacitados "tomen la plaza Murillo".

En el país los maestros continúan con sus protestas. El conflicto fue más fuerte en la localidad de Huayculi (Cochabamba), donde los profesores rurales se enfrentaron a grupos del MAS, estos últimos demandaron al gobierno, como ya lo hicieron supuestos padres de familia afines a Evo Morales, que el magisterio sea declarado profesión libre. En la ciudad de Sucre, en pleno desfile cívico de fiestas patrias, los maestros ingresaron en una marcha de protesta y los maestros rurales bloquearon las entradas a la ciudad.

En Camiri la población cumplió el pasado viernes un paro de 24 horas en demanda de la "verdadera nacionalización" de los hidrocarburos y para que se industrialicen estos recursos a favor del pueblo boliviano.

"Si hay un sólo muerto me voy"
Los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer y otros neoliberales siempre causaron muertos entre la población que salía a protestar. Con ese antecedente, Evo Morales había dicho que si causaba un solo muerto, se iba del gobierno, pero hasta ahora se cuentan ya más de 40 fallecidos (cocaleros de Vandiola, mineros de Huanuni, estudiantes de la Normal, "sin tierra", universitarios de Sucre, etcétera) por balas del Ejército y la Policía.

Estos hechos nunca fueron esclarecidos a pesar de todas las "investigaciones" que se iniciaron y todas las comisiones parlamentarias destinadas a buscar responsables.

Sin embargo, la actitud del gobierno para con la burguesía compradora y los terratenientes no es igual a la que se usa frente al pueblo movilizado. Cuando los terratenientes salieron junto a sus pistoleros a defender sus tierras de un proceso de saneamiento (medición) en Caraparicito (el Chaco), el gobierno fue incapaz de hacer cumplir su ley y envió a los policías apenas con escudos para enfrentar a los sicarios. Claro, los policías se replegaron sin pena ni gloria y el proceso de saneamiento está suspendido hasta hoy.

Al mismo tiempo que los mineros (el martes), los cívicos en Tarija salieron a protestar contra la presencia de Evo Morales y Hugo Chávez en esa ciudad (donde también tenía que estar Cristina Fernandez). Allí la Policía, lanzó algunos gases y suspendió la visita internacional sin impedir la quema de vehículos y toma de hoteles que dirigieron los cívicos, aliados a la "media luna" y los terratenientes.

La Unión Juvenil Cruceñista es otro grupo de choque que constantemente comete actos delictivos en Santa Cruz, Beni y Pando (desde toma de instituciones públicas hasta ataque a campesinos), pero la Policía nunca ha respondido con la fuerza con la que responde a los obreros y campesinos.

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