Persecuciones, ejecuciones, desapariciones, fraude, corrupción
Terrorismo de Estado en Filipinas (y 2)
por Philippe Revelli, enviado especial*
Coordinador del partido de izquierda Bayan Muna en la provincia de Benguet, Joe Cawidig lo sufrió en carne propia. Desde el 1 de octubre de 2007 está detenido por sus presuntos vínculos con el NEP. “En realidad –afirma Santos Mero, dirigente provincial de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera (APC) (11)–, se le reprocha sobre todo su compromiso en favor de las poblaciones indígenas y de sus luchas.” Situada en la parte central de la isla de Luzón, la región de la Cordillera –a la que pertenece la provincia de Benguet– posee importantes reservas de oro y cobre que, desde el siglo XIX, despiertan la codicia de las compañías estadounidenses. Actualmente, las concesiones otorgadas a las multinacionales mineras se extienden sobre 1,2 de los 1,8 millones de hectáreas que cubren la región de la Cordillera, y el gobierno pretende dar prioridad a la llegada de nuevas inversiones en este sector.
“Rápidamente –explica Mero– los pueblos autóctonos se opusieron a la expansión de las compañías que destruyen los suelos, contaminan los ríos, provocan deforestación y desplazamientos de poblaciones. Hoy, la APC se moviliza frente a esta industria destructora, la construcción de nuevas represas destinadas a proveer energía, y exige la indemnización de las comunidades afectadas así como la recuperación de los sitios abandonados.”
Pero la organización pagó caro su espíritu combativo. En julio de 2006, Markus Banguit, miembro de su junta directiva fue asesinado en una parada de autobús y el mismo mes, el automóvil del Dr. Constancio Clanes, otro dirigente de la APC, fue ametrallado cuando acompañaba a su hija a la escuela. Su esposa fue asesinada en el atentado. Él y su hija, heridos, se exiliaron en Canadá.
La Universidad de Filipinas, tradicional centro de oposición al poder, tampoco quedó a salvo. El 26 de junio de 2006, Karen Empeño y Sherlwin Cadapan, militantes de la Liga de Estudiantes Filipinos, fueron secuestradas por militares cuando estaban de visita en la casa de sus padres en la provincia de Bulacan. Nunca más aparecieron.
Militante de una organización campesina e hijo de una figura histórica de la oposición a la dictadura, Jonas Burgos fue secuestrado el 28 de abril de 2007 a la salida de un centro comercial de la capital, y llevado en un vehículo que luego sería identificado como perteneciente al Ejército. “No tenía ningún compromiso político –explica Sunshine Matutine, joven directora de televisión– pero el secuestro de Jonas me conmovió y, cuando unos amigos de la IFC (Independant Filmaker Cooperative) me convocaron para producir un video sobre este tema, acepté inmediatamente.” Quince videastas participaron de esta iniciativa. Quince videos, agrupados en una película titulada Rights, que debían difundirse en septiembre de 2007 en un importante complejo cinematográfico de la capital… La víspera del estreno, la Comisión de Censura prohibió su proyección, por considerar que la película sería “parcial”.
Contrapunto: el mismo año, en la isla de Mindanao, la multinacional estadounidense Dole anunció un plan de despidos al cual se opuso la organización sindical Kilusang Mayo Uno (KMU). Convocados a reuniones celebradas en el predio de la empresa y rodeados por el Ejército, los trabajadores asistieron a la proyección de una película violentamente antisindical en la cual los militantes de KMU son tratados de cómplices del NEP. Esta película recurrió a actores filipinos de moda, pero carece de créditos, tampoco figura el nombre del director (12)... “¡Un modelo de imparcialidad!”, ironiza Daisy Arago, directora del CTUHR (13), antes de agregar: “Existe una estrategia coordinada de empresas y autoridades para destruir los sindicatos, desmantelar el derecho laboral y garantizar a los inversores una mano de obra dócil”.“Con alrededor de novecientas ejecuciones extrajudiciales desde 2001, el régimen de Gloria Macapagal Arroyo puede jactarse de haber sido peor que el de (el ex dictador) Ferdinand Marcos –comprueba Jigs Clamor, secretario general de Karapatan (14)–, y cuarenta y siete periodistas asesinados en los últimos seis años ubican a los filipinos en el segundo puesto (después de Irak) entre los países más peligrosos del mundo para esta profesión.”
“Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas –recuerda Philipp Alston– la Presidenta debe tomar medidas concretas para impedir que operaciones contra-insurreccionales tengan como blanco o conduzcan a la ejecución de muchas personas que trabajan para organizaciones de la sociedad civil.” Por su parte, el Senado estadounidense amenaza a Filipinas con suspender la ayuda de Estados Unidos.
Las acusaciones de fraude electoral, especialmente en el escrutinio de 2004, y varios casos de corrupción que comprometen a la propia Presidenta, a miembros de su familia y a su entorno cercano, contribuyeron también a que cayera el nivel de popularidad de Macapagal Arroyo. La Presidenta que, en sus apariciones públicas, está siempre acompañada por el general Hermógenes Esperon, jefe del Estado Mayor, no tiene más remedio que apoyarse cada vez más en el Ejército, y un gran número de militares (en actividad o retirados) fueron nombrados en los servicios públicos y la administración.
Sin embargo, en el seno mismo de la institución militar... “mal pagos, obligados a realizar actividades anti-insurreccionales peligrosas y desmoralizantes (...) los oficiales más jóvenes no admiten los privilegios y la riqueza de que gozan los oficiales superiores sedentarios instalados en Manila, ni la política errática de un poder civil sospechado” (15). Situación que originó varios intentos de golpe de Estado que fueron siempre abortados. El último, ocurrido el 29 de noviembre 2007, cuando una treintena de militares conducidos por el senador Antonio Trillanes –ex oficial, ya instigador de un intento de golpe de Estado en 2003– tomaron un gran hotel de la capital y llamaron a derrocar al gobierno.
La reacción de las autoridades no se hizo esperar: un tanque derribó las puertas del hotel y los amotinados, que no opusieron ninguna resistencia, fueron detenidos. De paso, detuvieron también a una treintena de periodistas presentes en el lugar y confiscaron su material. Pero es sin duda la presencia, junto a militares rebeldes, de un obispo, Mons. Julio Labayen, y del ex vicepresidente de la República, Teofisto Guingona, lo que mejor refleja el descrédito del régimen, incluso en el seno de la oligarquía nacional.
Terrorismo de Estado en Filipinas (y 2)
por Philippe Revelli, enviado especial*
Coordinador del partido de izquierda Bayan Muna en la provincia de Benguet, Joe Cawidig lo sufrió en carne propia. Desde el 1 de octubre de 2007 está detenido por sus presuntos vínculos con el NEP. “En realidad –afirma Santos Mero, dirigente provincial de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera (APC) (11)–, se le reprocha sobre todo su compromiso en favor de las poblaciones indígenas y de sus luchas.” Situada en la parte central de la isla de Luzón, la región de la Cordillera –a la que pertenece la provincia de Benguet– posee importantes reservas de oro y cobre que, desde el siglo XIX, despiertan la codicia de las compañías estadounidenses. Actualmente, las concesiones otorgadas a las multinacionales mineras se extienden sobre 1,2 de los 1,8 millones de hectáreas que cubren la región de la Cordillera, y el gobierno pretende dar prioridad a la llegada de nuevas inversiones en este sector.
“Rápidamente –explica Mero– los pueblos autóctonos se opusieron a la expansión de las compañías que destruyen los suelos, contaminan los ríos, provocan deforestación y desplazamientos de poblaciones. Hoy, la APC se moviliza frente a esta industria destructora, la construcción de nuevas represas destinadas a proveer energía, y exige la indemnización de las comunidades afectadas así como la recuperación de los sitios abandonados.”
Pero la organización pagó caro su espíritu combativo. En julio de 2006, Markus Banguit, miembro de su junta directiva fue asesinado en una parada de autobús y el mismo mes, el automóvil del Dr. Constancio Clanes, otro dirigente de la APC, fue ametrallado cuando acompañaba a su hija a la escuela. Su esposa fue asesinada en el atentado. Él y su hija, heridos, se exiliaron en Canadá.
La Universidad de Filipinas, tradicional centro de oposición al poder, tampoco quedó a salvo. El 26 de junio de 2006, Karen Empeño y Sherlwin Cadapan, militantes de la Liga de Estudiantes Filipinos, fueron secuestradas por militares cuando estaban de visita en la casa de sus padres en la provincia de Bulacan. Nunca más aparecieron.
Militante de una organización campesina e hijo de una figura histórica de la oposición a la dictadura, Jonas Burgos fue secuestrado el 28 de abril de 2007 a la salida de un centro comercial de la capital, y llevado en un vehículo que luego sería identificado como perteneciente al Ejército. “No tenía ningún compromiso político –explica Sunshine Matutine, joven directora de televisión– pero el secuestro de Jonas me conmovió y, cuando unos amigos de la IFC (Independant Filmaker Cooperative) me convocaron para producir un video sobre este tema, acepté inmediatamente.” Quince videastas participaron de esta iniciativa. Quince videos, agrupados en una película titulada Rights, que debían difundirse en septiembre de 2007 en un importante complejo cinematográfico de la capital… La víspera del estreno, la Comisión de Censura prohibió su proyección, por considerar que la película sería “parcial”.
Contrapunto: el mismo año, en la isla de Mindanao, la multinacional estadounidense Dole anunció un plan de despidos al cual se opuso la organización sindical Kilusang Mayo Uno (KMU). Convocados a reuniones celebradas en el predio de la empresa y rodeados por el Ejército, los trabajadores asistieron a la proyección de una película violentamente antisindical en la cual los militantes de KMU son tratados de cómplices del NEP. Esta película recurrió a actores filipinos de moda, pero carece de créditos, tampoco figura el nombre del director (12)... “¡Un modelo de imparcialidad!”, ironiza Daisy Arago, directora del CTUHR (13), antes de agregar: “Existe una estrategia coordinada de empresas y autoridades para destruir los sindicatos, desmantelar el derecho laboral y garantizar a los inversores una mano de obra dócil”.“Con alrededor de novecientas ejecuciones extrajudiciales desde 2001, el régimen de Gloria Macapagal Arroyo puede jactarse de haber sido peor que el de (el ex dictador) Ferdinand Marcos –comprueba Jigs Clamor, secretario general de Karapatan (14)–, y cuarenta y siete periodistas asesinados en los últimos seis años ubican a los filipinos en el segundo puesto (después de Irak) entre los países más peligrosos del mundo para esta profesión.”
“Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas –recuerda Philipp Alston– la Presidenta debe tomar medidas concretas para impedir que operaciones contra-insurreccionales tengan como blanco o conduzcan a la ejecución de muchas personas que trabajan para organizaciones de la sociedad civil.” Por su parte, el Senado estadounidense amenaza a Filipinas con suspender la ayuda de Estados Unidos.
Las acusaciones de fraude electoral, especialmente en el escrutinio de 2004, y varios casos de corrupción que comprometen a la propia Presidenta, a miembros de su familia y a su entorno cercano, contribuyeron también a que cayera el nivel de popularidad de Macapagal Arroyo. La Presidenta que, en sus apariciones públicas, está siempre acompañada por el general Hermógenes Esperon, jefe del Estado Mayor, no tiene más remedio que apoyarse cada vez más en el Ejército, y un gran número de militares (en actividad o retirados) fueron nombrados en los servicios públicos y la administración.
Sin embargo, en el seno mismo de la institución militar... “mal pagos, obligados a realizar actividades anti-insurreccionales peligrosas y desmoralizantes (...) los oficiales más jóvenes no admiten los privilegios y la riqueza de que gozan los oficiales superiores sedentarios instalados en Manila, ni la política errática de un poder civil sospechado” (15). Situación que originó varios intentos de golpe de Estado que fueron siempre abortados. El último, ocurrido el 29 de noviembre 2007, cuando una treintena de militares conducidos por el senador Antonio Trillanes –ex oficial, ya instigador de un intento de golpe de Estado en 2003– tomaron un gran hotel de la capital y llamaron a derrocar al gobierno.
La reacción de las autoridades no se hizo esperar: un tanque derribó las puertas del hotel y los amotinados, que no opusieron ninguna resistencia, fueron detenidos. De paso, detuvieron también a una treintena de periodistas presentes en el lugar y confiscaron su material. Pero es sin duda la presencia, junto a militares rebeldes, de un obispo, Mons. Julio Labayen, y del ex vicepresidente de la República, Teofisto Guingona, lo que mejor refleja el descrédito del régimen, incluso en el seno de la oligarquía nacional.
REFERENCIAS
(1) Citizens Armed Forces Geographical Unit. En virtud de un decreto de 1991, el Ejército puede armar y entrenar a grupos de civiles.
(2) Logros que los grandes propietarios de tierras y comerciantes, aprovechando los golpes recibidos por Kagimungan, no tardaron en cuestionar.
(3) Lanzado en 1988, el Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) preveía redistribuir 4,7 millones de hectáreas de tierras agrícolas entre 8,5 millones de campesinos sin tierra. Muy controvertido, fue sin embargo reanudado en 1998. En 2004, las cifras oficiales dan cuenta de 3,4 millones de hectáreas asignadas a 1,9 millones de pequeños agricultores.
(4) Carmen A. Abubakar, “Interminable conflicto en Filipinas”, Informe-Dipló, 17-9-03 (www.eldiplo.org).
(5) Este programa prevé la construcción de autopistas para unir el puerto de Subic Bay (antigua base naval estadounidense reciclada) con el aeropuerto de Clark y las zonas francas de Clark y Hacienda Lusita. Viene acompañado del desarrollo de monocultivos para la exportación.
(6) Philippine Daily Inquirer, Manila, 2-6-05 y 28-10-05.
(7) www.afp.mil.ph/0/news/propagadists.php
(8) Respectivamente dirigentes de Bayan, de la Alliance of Concerned Teachers (ACT), una organización de docentes, y de Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KPD), otra agrupación de organizaciones populares.
(9) Entrevista difundida en la televisión australiana el 5-5-07, www.abc.net.au/foreign/content/2007/s2096113.htm.
(10) Promulgada en septiembre de 2007, esta ley se basa en un principio análogo al del hábeas corpus, que puede ser invocado en caso de detención arbitraria o presentado por cualquiera que se considere amenazado.
(11) www.cpaphils.org
(12) El Ejército organizó la proyección de la misma película en varias otras empresas.
(13) Center for Trade Union and Human Rights, www.ctuhr.org/index.php? option=com_frontpage&Itemid=1.
(14) Con 209 ejecuciones extrajudiciales, el 2006 fue un año negro, y Karapatan atribuye a la movilización y la presión internacional el hecho de que, de enero a octubre de 2007, esta cifra se haya reducido a 68.
(15) David Camroux, “Les Philippines, d’un coup d’Etat à l’autre”, Le Monde diplomatique, París, junio de 2006.
(1) Citizens Armed Forces Geographical Unit. En virtud de un decreto de 1991, el Ejército puede armar y entrenar a grupos de civiles.
(2) Logros que los grandes propietarios de tierras y comerciantes, aprovechando los golpes recibidos por Kagimungan, no tardaron en cuestionar.
(3) Lanzado en 1988, el Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) preveía redistribuir 4,7 millones de hectáreas de tierras agrícolas entre 8,5 millones de campesinos sin tierra. Muy controvertido, fue sin embargo reanudado en 1998. En 2004, las cifras oficiales dan cuenta de 3,4 millones de hectáreas asignadas a 1,9 millones de pequeños agricultores.
(4) Carmen A. Abubakar, “Interminable conflicto en Filipinas”, Informe-Dipló, 17-9-03 (www.eldiplo.org).
(5) Este programa prevé la construcción de autopistas para unir el puerto de Subic Bay (antigua base naval estadounidense reciclada) con el aeropuerto de Clark y las zonas francas de Clark y Hacienda Lusita. Viene acompañado del desarrollo de monocultivos para la exportación.
(6) Philippine Daily Inquirer, Manila, 2-6-05 y 28-10-05.
(7) www.afp.mil.ph/0/news/propagadists.php
(8) Respectivamente dirigentes de Bayan, de la Alliance of Concerned Teachers (ACT), una organización de docentes, y de Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KPD), otra agrupación de organizaciones populares.
(9) Entrevista difundida en la televisión australiana el 5-5-07, www.abc.net.au/foreign/content/2007/s2096113.htm.
(10) Promulgada en septiembre de 2007, esta ley se basa en un principio análogo al del hábeas corpus, que puede ser invocado en caso de detención arbitraria o presentado por cualquiera que se considere amenazado.
(11) www.cpaphils.org
(12) El Ejército organizó la proyección de la misma película en varias otras empresas.
(13) Center for Trade Union and Human Rights, www.ctuhr.org/index.php? option=com_frontpage&Itemid=1.
(14) Con 209 ejecuciones extrajudiciales, el 2006 fue un año negro, y Karapatan atribuye a la movilización y la presión internacional el hecho de que, de enero a octubre de 2007, esta cifra se haya reducido a 68.
(15) David Camroux, “Les Philippines, d’un coup d’Etat à l’autre”, Le Monde diplomatique, París, junio de 2006.
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