El pueblo clama justicia. Gobierno y oposición negocian.-

El pueblo clama justicia. Gobierno y oposición negocian
Centro de Estudios Populares

La realidad de los conflictos destapó una vez más la existencia de un país semifeudal
La radicalización de la burguesía compradora y los terratenientes en los departamentos de la autodenominada “media luna”, Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando se inició con la toma violenta de instituciones estatales. Por su parte, el gobierno llamó a la población y fundamentalmente a los grupos corporativos que maneja a defender la “democracia” del “golpe de estado cívico prefectural” (como denominó el gobierno a estas medidas adoptadas por la “media luna”) produciéndose enfrentamientos entre adeptos masistas y grupos de choque de las prefecturas y comités cívicos, hasta desembocar en la masacre de campesinos en el departamento de Pando a manos de los sicarios que obedecen las órdenes del poder gamonal terrateniente de ese departamento. Este hecho sirvió al gobierno para retomar la iniciativa y conseguir el respaldo internacional e instaurar el Estado de sitio en el mencionado departamento.
A pesar que aun no se tiene datos finales de la cantidad de los muertos en la masacre, entre 10 y 14 muertos según datos oficiales, así como no se tiene el número exacto de desaparecidos, algunas fuentes hablan de 50 otras de 100 desaparecidos, es claro que en Porvenir se realizó una masacre contra los campesinos y no un enfrentamiento como buscan hacer creer los allegados a los terratenientes. Gobierno y oposición se han lanzado en una campaña de acusaciones que finalmente relegan el papel de las masas en este conflicto que soportan la opresión de los grandes terratenientes.
La coyuntura muestra que el problema de la tierra no está resuelto, y es un problema que se extiende a todo el país. Hace dos meses el gobierno declaró a Pando “territorio libre de latifundio”, pero la realidad nos demuestra que en Pando sobrevive la semifeudalidad y se expresa en el poder gamonal en base a la tenencia de la tierra y la servidumbre a la que están sometidas las masas campesinas. No es simple anécdota el que a Leopoldo Fernández, hasta hace poco prefecto de este departamento y ahora detenido en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, se lo llame “Cacique”; el es uno de los dueños de grandes extensiones de tierras y está acostumbrado a manejar la política departamental como su feudo sometiendo a quien se le ponga enfrente. Esta es una manifestación más del poder gamonal en este departamento.
En Pando hay familias que ostentan el poder por la posesión de grandes tierras (familias como: Sonneschein, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Vargas Rivera, Peñaranda, Barbery Paz, Claure y Villavicencio Amuruz quienes concentran la mayor cantidad de tierras que oscilan entre 12.782 y las 290.197 hectáreas [Datos del INRA publicados en el periódico La Razón, 21 de septiembre de 2008, Págs. A16]) y de esta manera administran las instituciones estatales y regionales. Al lado del poder gamonal, existe en Pando relaciones de servidumbre con las comunidades empatronadas, comunidades que viven dentro de las tierras de los latifundistas y que están sometidas al trabajo gratuito u otras formas de prestación que incluye a veces el pago de jornal. Estas con características claras de la semifeudalidad, que mientras no sea eliminada por completo, el problema de la tierra no podrá ser resuelto y las disputas y abusos por parte de terratenientes (que a la vez son empresarios exportadores de castaña principalmente), hacia los campesinos será continua a pesar del saneamiento de tierras que realice el gobierno. La única forma de eliminar la semifeudalidad, la semiservidumbre y el poder gamonal terrateniente es mediante una transformación radical de la sociedad actual, algo que el gobierno reformista del MAS no busca hacer.
La negociaciónEl gobierno ha sabido capitalizar la masacre en Cobija, apareciendo como víctima ante la opinión publica, nacional e internacional, logrando colocar a las representantes del poder gamonal terrateniente de la burguesía compradora, los prefectos de la “media luna” en la mesa de negociaciones, donde el gobierno, busca imponer la aprobación de su proyecto de constitución política, reflejo del programa de la burguesía burocrática.
La investigación y el juzgamiento por los crímenes ocurridos en Pando está en manos del poder judicial, organismo que padece la centenaria enfermedad de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y todos los males que podamos imaginar. Mientras los familiares de las víctimas y la población en general vienen realizando varias marchas exigiendo justicia, el poder judicial se enfrasca en chicanerias jurídicas que lo único que conseguirán es dar largas a este proceso.Dudamos seriamente que la “justicia” de este u otro gobierno pueda dar solución a estos hechos, sólo en un verdadero gobierno popular donde sea el pueblo quien posea el control del Estado, se podrá tener justicia popular.

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