Perú: Un articulo de IPS sobre el genocidio del cuartel de Los Cabitos

PERÚ: Hitler estuvo en Ayacucho

Por Ángel Páez


LIMA, 22 ene (IPS) - La versión de los sobrevivientes del cuartel Los Cabitos en Perú, quienes afirman que ese lugar fue centro de torturas y exterminio, es corroborada conforme son desenterrados más cadáveres sepultados clandestinamente en ese establecimiento militar de Huamanga, capital de la región sureña de Ayacucho.
Los Cabitos fue sede principal del Frente Político-Militar de Ayacucho durante la guerra interna (1980-2000). Allí, altos mandos ejército planificaban las operaciones para enfrentar al grupo maoísta PCP-Sendero Luminoso, pero también sirvió como un lugar de reclusión, tortura y asesinato de sospechosos de pertenecer a la insurgencia.

En la última semana, las autoridades desenterraron otros 11 cadáveres, sumando hasta el momento 97 los cuerpos, pero todavía falta mucho más por escarbar. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó el origen, desarrollo y consecuencias de la guerra interna, no estuvo equivocada cuando en su informe final señaló que Los Cabitos funcionó como un campo de ejecuciones extrajudiciales. En su reporte final presentado en 2003, la CVR recomendó investigar y juzgar el secuestro y asesinato de 135 personas en Los Cabitos, entre 1983 y 1985, uno de los periodos más cruentos del enfrentamiento entre el ejército y del PCP-Sendero Luminoso. Las autoridades fiscales y judiciales iniciaron el penoso proceso de excavación de los terrenos del cuartel militar a partir del testimonio de algunas víctimas que consiguieron escapar del centro de reclusión y de ex militares que cumplieron funciones en ese lugar.

Precisamente, algunos ex miembros del ejército revelaron a la CVR que en el área de Los Cabitos los jefes ordenaron la construcción de hornos crematorios para incinerar los cuerpos de los detenidos ejecutados, lo que explicaría por qué se han encontrado muchos restos óseos calcinados.

El 25 de abril de 2008, peritos del Instituto de Medicina Legal (IML) encontraron hasta cuatro hornos crematorios con restos de huesos, confirmándose la declaración de los testigos. Entre 1983 y 1985 funcionó el Comando Político-Militar de Ayacucho, a cargo de los generales Clemente Noel, Wilfredo Mori y Adrián Huamán. Estos dos últimos afrontan hoy juicios por otros casos de violaciones a los derechos humanos, y el primero que ha fallecido. Fuentes de IPS en el Ministerio Público de Ayacucho informaron que en la tumba recientemente descubierta se hallaron, junto con los cuerpos, casquillos de fusiles FAL. Los cráneos de las víctimas presentaban perforaciones con proyectiles de esa arma, que era de uso común en el ejército en los años 80. "En la mayoría de casos fueron ejecutados a corta distancia", dijeron las fuentes. "Parece un patrón de exterminio". Las autoridades también han comenzado a tomar muestras de ADN de las personas que afirman que sus padres, hermanos o hijos fueron detenidos por los militares y conducidos a Los Cabitos, de donde jamás salieron.

En 2004, después de concluido el trabajo de la CVR, el periodista Ricardo Uceda publicó en su libro "Muerte en el Pentagonito: Los cementerios secretos del ejército peruano", el testimonio del ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Jesús Sosa, sobre la orden que recibió para desenterrar cuerpos y quemarlos en un horno ante la posibilidad de que las autoridades investigaran en el lugar. Los jefes militares convocaron a Sosa porque él había participado en la tortura, asesinato y entierro de varios prisioneros. Sabía dónde encontrar a sus víctimas. Ahora lo necesitaban para que hiciera desaparecer los restos. En 1985, "el Comando del Ejército decidió desaparecer todos los cadáveres enterrados en Los Cabitos desde 1983. Uno de los más interesados era, obviamente, el general Wilfredo Mori", escribió Uceda. "¿Cuántos habría bajo tierra? Por lo menos 500, según el personal más antiguo, pero nadie lo sabía a ciencia cierta. (…) Sumábanse los muertos del general (Adrián) Huamán (…) y estaban los del propio general Mori, quien fue bastante más selectivo para escoger a sus condenados. (…) (La orden que recibió) Jesús Sosa fue la de identificar los posibles lugares de entierro en los predios del cuartel y ayudar a desenterrarlos, calcinarlos en un horno construido para el propósito. Su función era reducir a cenizas todo vestigio de las ejecuciones". En el mismo libro, Jesús Sosa reconoció que uno de los cadáveres que desenterró y luego incineró para que no quedara evidencia fue de Eladio Quispe Mendoza, detenido el 15 de septiembre de 1983. Su familia supo que estuvo recluido en Los Cabitos, pero los militares lo negaron. Quispe estaba casado con Guadalupe Ccallocunto y tenía cuatro hijos. El 10 de julio de 1990, Ccallocunto también fue desaparecida por los militares. La abogada Karim Ninaquispe, de la no gubernamental Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr), ahora representa a los hijos de Eladio Quispe y Guadalupe Ccallocunto. Ninaquispe relató que, a raíz de las declaraciones del ex agente Jesús Sosa, en 2005 se inició proceso contra los responsables por la tortura o desaparición de 55 personas plenamente identificadas en Los Cabitos, entre ellos Eladio Quispe, en 1983. "En los primeros años de la guerra interna, entre 1983 y 1985, el cuartel Los Cabitos fue el principal centro clandestino de encierro, tortura, desaparición y ejecución extrajudicial", dijo a IPS Karim Ninaquispe. "Los responsables son los generales del ejército Clemente Noel, Adrián Huamán y Wilfredo Mori, entre otros oficiales, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Carlos Briceño, porque la tortura y desaparición fue una política contrasubversiva aprobada por los altos mandos militares", añadió. La titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, Luz Ibáñez, se apresta a denunciar a los autores de la tortura de 15 personas y desaparición de 40. Las autoridades todavía no han conseguido constatar si algunos de los 97 cuerpos encontrados en Los Cabitos corresponden a alguno de los 55 casos denunciados porque todavía no se conocen los resultados las pruebas de ADN.

Uno de los denunciantes es Edgar Noriega, detenido en su casa por un grupo de militares el primero de julio de 1983 y trasladado a Los Cabitos acusado de pertenecer al PCP- Sendero Luminoso. La esposa de Noriega, Olga Gutiérrez, quien se encontraba embarazada, también fue arrestada. Para que confesara que era cabecilla del grupo insurgente, los militares azotaron a su esposa ante sus ojos. "Me golpearon brutalmente con patadas en la espalda. Me torcían los brazos hacia atrás. Me presionaban los pechos fuertemente. Querían que dijera que mi esposo era senderista y que dirigía escuelas populares", relató Olga Gutiérrez a la CVR. "Luego me dijeron que iba a escuchar una voz. En ese momento escucho los gritos de mi esposo que era torturado". Unos días después, en horas de la noche, ingresó un grupo de oficiales donde estaban los detenidos. "Me di cuenta que uno de ellos era el general Clemente Noel. Yo lo saludé y él creyó reconocerme. Por eso ordenó mi liberación", contó Noriega y Gutiérrez tuvieron suerte, pero no así otros centenares de detenidos. Mientras se acerca el día del juicio a los acusados, siguen apareciendo cadáveres.

El ex jefe del IML, Luis Bromley, proyectó que en Los Cabitos habrían un millar de cadáveres. Es decir, no se ha encontrado aún ni el 10 por ciento. "En Los Cabitos se concentró la cúpula militar que planificó no sólo las masacres de Accomarca y Cayara sino que también aprobó una política de exterminio sistemático para combatir a la subversión", dijo Karim Ninaquispe. "Los Cabitos era un verdadero centro del horror. Allí están los huesos que lo dicen todo".

(FIN/2009)