GUATEMALA.- Dos miembros de la seguridad privada de la empresa Hidro Santa Cruz S.A., subsidiaria de la española Hidralia Energía, han sido detenidos, acusados de ser los responsables de la muerte del líder comunitario Andrés Francisco Miguel.
Este crimen fue el detonante de las movilizaciones de protesta, que sirvieron como excusa para decretar un estado de sitio en el municipio de Barillas (departamento de Huehuetenango), donde la transnacional pretende construir una represa hidroeléctrica sin el consentimiento de las comunidades.
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La noticia se conoció una vez el Gobierno guatemalteco pusiera fin al estado de sitio, que duró 17 días.
Un conjunto de ONG del Estado español con trabajo en Guatemala señalaron la enorme gravedad del hecho de que una empresa española esté implicada en estos hechos delictivos, y demandaron los buenos oficios de la Embajada en el país para ayudar al esclarecimiento del crimen.
Además del hecho concreto de violencia, el caso despierta las dudas acerca del apoyo público que las empresas españolas reciben para su acción en el exterior a pesar de que, como es el caso de Hidralia, no sólo no respetan los derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino que son responsables del hostigamiento contra dirigentes comunitarios.
Por su parte, Hidralia Energía ha evitado hacer declaraciones sobre los sucesos, pero en su página web sigue siendo posible dejar comentarios y observaciones sobre los sucesos en los que se ha visto involucrada.
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