Campesinos de Wukhan, China protestan contran la expropiación de tierras
Acaparamiento de tierras falta con aviso a Río+20
Por Stephen Leahy
UXBRIDGE, Canadá, may (IPS) - La propiedad agraria y los derechos comunitarios a la tierra no están contemplados en los debates de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se realizará del 20 al 22 de junio en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.
Los gobiernos parecen ignorar que se están revirtiendo décadas de reformas sobre la concentración de la tierra a manos de especuladores, bancos de inversión, fondos de pensión y otros poderosos intereses financieros, que en los últimos años han tomado el control de por lo menos unas 200 millones de hectáreas pertenecientes a agricultores pobres de África, América Latina y Asia.
Los especuladores saben que la tierra es clave para cubrir tres
necesidades vitales: alimento, agua y energía.
Sin embargo, esta temática no aparece en la agenda de la conferencia también conocida como Río+20.
"Los campesinos pierden el control de la tierra y del agua por la concentración mundial de la propiedad", se lamentó el hondureño Rafael Alegría, dirigente del movimiento internacional La Vía Campesina.
Entre 80 millones y 227 millones de hectáreas, a menudo de tierras cultivables, terminaron en manos privadas y corporativas en los últimos años, según un estudio divulgado en abril por Amigos de la Tierra Internacional.
Muchos pequeños agricultores son desplazados en América Central y alrededor de 40 por ciento de los hondureños viven en extrema pobreza, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dijo Alegría a IPS.
Los acuerdos comerciales bilaterales permiten que Estados Unidos venda en el mercado hondureño, entre otros, su maíz y su arroz altamente subsidiado, lo que baja los precios y devasta la competencia local, apuntó.
Incapaces de subsistir, los agricultores pobres venden o abandonan el campo rumbo a la ciudad o se vuelven trabajadores rurales asalariados. La resistencia a este fenómeno es combatida con violencia, y los pobladores locales han sido expulsados, detenidos o asesinados por la policía y las fuerzas de seguridad armadas en Honduras y en otros lugares.
"Las corporaciones controlan grandes extensiones de tierra donde plantan azúcar y palma aceitera para exportar", indicó Alegría. Para la prensa hondureña, soy un terrorista. Ignoran la difícil situación de los campesinos", apuntó.
"El acaparamiento de tierras fue un factor clave de las guerras civiles en Sudán, Liberia y Sierra Leona", indicó Jeffrey Hatcher, director de programas globales de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Gran Bretaña.
"Los derechos de las poblaciones locales se ignoran repetidas veces y de forma trágica en lo que se ha convertido en una expedición de compras a África", dijo Hatcher en un comunicado de prensa.
RRI y otras organizaciones tienen documentados cientos de acuerdos por medio de los cuales el gobierno entrega a inversores tierras que, en realidad, pertenecen a las comunidades locales. De hecho, más de 1.400 millones de hectáreas, incluidas selvas de África, son comunitarias, pero reclamadas por las autoridades de forma arbitraria.
Rara vez se incluye a las comunidades locales en las negociaciones de compra o arrendamiento, aun en países donde sus tierras son consideradas por ley como propiedad privada, señalaron investigadores de RRI. De hecho, muchas veces ellas ignoran la venta hasta que llegan las máquinas excavadoras.
John Muyiisha, un agricultor de Kalangala, Uganda, se levantó una mañana y vio cómo las excavadoras destruían sus cultivos. Casi 10.000 de las 40.000 hectáreas forestadas en las islas del lago Victoria frente a esa localidad, fueron plantadas con palma aceitera, según un estudio divulgado en abril por el capítulo local de Amigos de la Tierra.
El Banco Mundial aportó millones de dólares y ayuda técnica para lanzar el proyecto.
"El derecho a la propiedad de la tierra se socava pese a que su protección está garantizada por la Constitución ugandesa", indicó David Kureeba, de Amigos de la Tierra Uganda.
Testimonios de la población local confirman que perdieron su sustento y tienen dificultades para sobrevivir, pese a las promesas de empleo. Las tierras utilizadas para la pequeña agricultura y la silvicultura que protegen la vida silvestre, el patrimonio y el alimento de Uganda se convirtieron en páramos de palma aceitera, reza un comunicado de Kreeba.
La mayoría de esas situaciones se promocionan como la nueva economía verde que promete alimentar a la gente y aliviar la pobreza, subrayó Devlin Kuyek, de Grain, una organización internacional dedicada a la agricultura sustentable.
"¿Cómo se paliará el hambre y la pobreza quitándole a la gente la tierra y el agua que necesita para sobrevivir?", dijo Kuyek.
El Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y la Organización Mundial del Comercio facilitan la concentración de tierras porque les conviene pensar que así resuelven los problemas de desarrollo en el Sur, explicó.
"Sí, alguna gente consigue empleo. Pero pregúntale a los trabajadores rurales que piensan de su trabajo", apuntó.
Los documentos de Río+20 reconocen la necesidad de grandes cambios en el sistema mundial de producción de alimentos. Pero los gobiernos no analizan con seriedad las verdaderas alternativas al modelo industrial vigente.
Como mucho, los delegados aprobarán un código de conducta voluntario como los "Principios para la Inversión Agrícola Responsable" del Banco Mundial. Está claro que ese tipo de medidas voluntarias nunca funcionaron a gran escala, arguyó Kuyek.
"El acaparamiento de tierras es una injusticia fundamental. Son los ricos del mundo sacándole a los más pobres", observó.
(FIN/2012)
Sin embargo, esta temática no aparece en la agenda de la conferencia también conocida como Río+20.
"Los campesinos pierden el control de la tierra y del agua por la concentración mundial de la propiedad", se lamentó el hondureño Rafael Alegría, dirigente del movimiento internacional La Vía Campesina.
Entre 80 millones y 227 millones de hectáreas, a menudo de tierras cultivables, terminaron en manos privadas y corporativas en los últimos años, según un estudio divulgado en abril por Amigos de la Tierra Internacional.
Muchos pequeños agricultores son desplazados en América Central y alrededor de 40 por ciento de los hondureños viven en extrema pobreza, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dijo Alegría a IPS.
Los acuerdos comerciales bilaterales permiten que Estados Unidos venda en el mercado hondureño, entre otros, su maíz y su arroz altamente subsidiado, lo que baja los precios y devasta la competencia local, apuntó.
Incapaces de subsistir, los agricultores pobres venden o abandonan el campo rumbo a la ciudad o se vuelven trabajadores rurales asalariados. La resistencia a este fenómeno es combatida con violencia, y los pobladores locales han sido expulsados, detenidos o asesinados por la policía y las fuerzas de seguridad armadas en Honduras y en otros lugares.
"Las corporaciones controlan grandes extensiones de tierra donde plantan azúcar y palma aceitera para exportar", indicó Alegría. Para la prensa hondureña, soy un terrorista. Ignoran la difícil situación de los campesinos", apuntó.
"El acaparamiento de tierras fue un factor clave de las guerras civiles en Sudán, Liberia y Sierra Leona", indicó Jeffrey Hatcher, director de programas globales de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Gran Bretaña.
"Los derechos de las poblaciones locales se ignoran repetidas veces y de forma trágica en lo que se ha convertido en una expedición de compras a África", dijo Hatcher en un comunicado de prensa.
RRI y otras organizaciones tienen documentados cientos de acuerdos por medio de los cuales el gobierno entrega a inversores tierras que, en realidad, pertenecen a las comunidades locales. De hecho, más de 1.400 millones de hectáreas, incluidas selvas de África, son comunitarias, pero reclamadas por las autoridades de forma arbitraria.
Rara vez se incluye a las comunidades locales en las negociaciones de compra o arrendamiento, aun en países donde sus tierras son consideradas por ley como propiedad privada, señalaron investigadores de RRI. De hecho, muchas veces ellas ignoran la venta hasta que llegan las máquinas excavadoras.
John Muyiisha, un agricultor de Kalangala, Uganda, se levantó una mañana y vio cómo las excavadoras destruían sus cultivos. Casi 10.000 de las 40.000 hectáreas forestadas en las islas del lago Victoria frente a esa localidad, fueron plantadas con palma aceitera, según un estudio divulgado en abril por el capítulo local de Amigos de la Tierra.
El Banco Mundial aportó millones de dólares y ayuda técnica para lanzar el proyecto.
"El derecho a la propiedad de la tierra se socava pese a que su protección está garantizada por la Constitución ugandesa", indicó David Kureeba, de Amigos de la Tierra Uganda.
Testimonios de la población local confirman que perdieron su sustento y tienen dificultades para sobrevivir, pese a las promesas de empleo. Las tierras utilizadas para la pequeña agricultura y la silvicultura que protegen la vida silvestre, el patrimonio y el alimento de Uganda se convirtieron en páramos de palma aceitera, reza un comunicado de Kreeba.
La mayoría de esas situaciones se promocionan como la nueva economía verde que promete alimentar a la gente y aliviar la pobreza, subrayó Devlin Kuyek, de Grain, una organización internacional dedicada a la agricultura sustentable.
"¿Cómo se paliará el hambre y la pobreza quitándole a la gente la tierra y el agua que necesita para sobrevivir?", dijo Kuyek.
El Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y la Organización Mundial del Comercio facilitan la concentración de tierras porque les conviene pensar que así resuelven los problemas de desarrollo en el Sur, explicó.
"Sí, alguna gente consigue empleo. Pero pregúntale a los trabajadores rurales que piensan de su trabajo", apuntó.
Los documentos de Río+20 reconocen la necesidad de grandes cambios en el sistema mundial de producción de alimentos. Pero los gobiernos no analizan con seriedad las verdaderas alternativas al modelo industrial vigente.
Como mucho, los delegados aprobarán un código de conducta voluntario como los "Principios para la Inversión Agrícola Responsable" del Banco Mundial. Está claro que ese tipo de medidas voluntarias nunca funcionaron a gran escala, arguyó Kuyek.
"El acaparamiento de tierras es una injusticia fundamental. Son los ricos del mundo sacándole a los más pobres", observó.
(FIN/2012)
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