La Infanta debe sentarse en el banquillo de los acusados. Articulo de Fernando de Silva en El Plural.

Resulta bochornoso el espectáculo que estamos contemplando en el que, en un acto de hipocresía colectiva, todos los que desean lo peor para el juez Castro se afanan en respetar al mismo tiempo su resolución, afirmando que su decisión demuestra que la justicia es igual para todos, cuando esa aseveración es falsa, nadie se la cree, y el tiempo lo demostrará. Es patético y muy poco edificante el papel que ha decidido interpretar el fiscal, que se extralimita en sus funciones tanto en el fondo como en las formas, con el apoyo explícito del Fiscal General de Estado, directamente nombrado por el Gobierno.

Quien se haya podido tomar la molestia de leer el minucioso Auto del Juez Castro, en el que se mantiene la imputación contra la Infanta Cristina por blanqueo de dinero y delito fiscal, quedará perplejo al comprobar cómo aquélla y su amado esposo se gastaban el dinero procedente de nuestros impuestos en cenas o diversiones, o para rehabilitar un palacete de lujo; aunque también servía para contratar ilegalmente a su servicio doméstico. Lo hacían sin complejos, a sabiendas de que sus gastos no se correspondían con los ingresos procedentes de sus nóminas, con la sensación de que gozaban de plena impunidad por ser quienes eran, así de sencillo.
Por ello observar a un fiscal enrabietado, desesperado, fuera de sus casillas, actuando con un servilismo impropio de su cargo, resulta altamente ofensivo para quienes aún creemos que la justicia debería de ser igual para todos. Porque el fiscal Horrach, que está tirando por la borda su prestigio a costa de convertirse en defensor apasionado de la Infanta, se equivoca en todo: en el fondo, por cuanto existen indicios más que sobrados para que sea acusada y tenga que sentarse en el banquillo de los acusados; y en las formas, al enfrentarse al juez instructor con insultos y descalificaciones injuriosas, como si se tratase de una vendetta personal, haciendo el juego sucio a otros, a cambio de no se sabe qué.
La instrucción del juez Castro ha sido procesalmente impecable, sin dejar resquicio alguno a la crítica en cuanto a su tramitación, y ha cumplido su misión de investigador como muy pocos se atreverían a hacer. Su misión no es juzgar, sino recopilar todos los elementos de juicio necesarios para que otros lo hagan, y aquí acaba su papel. Quien cumple correctamente con su trabajo, superando todo tipo de presiones, no merece ser descalificado por ello, sino todo lo contrario. Aunque, por lo que estamos escuchando en las últimas horas, se ha convertido en el destinatario de todo tipo de improperios y ofensas por parte de los defensores incondicionales de la impunidad de la Infanta Cristina.
Ahora toca esperar a la resolución que dicte la Audiencia Provincial de Baleares, que en buena lógica debería ser confirmatoria del Auto del juez Castro, por cuanto si los indicios existen y estos son suficientes para que se proceda a la apertura del juicio oral, no puede hacer otra cosa, so pena de prejuzgar unos hechos, lo que sería excederse en sus competencias. Es más, fue la propia Audiencia la que sugirió al juez Castro que orientase su instrucción en el delito de blanqueo de capitales. Aunque, con las presiones que estarán sufriendo sus componentes, se puede esperar cualquier cosa.
Es preciso aclarar que el recurso no interrumpe la tramitación, y ésta debe continuar dando traslado a las partes acusadoras para que se pronuncien. Y es ahí donde el fiscal se abstendrá de formular acusación, y está aún por saber la postura de la Abogacía del Estado (encargada de defender nuestro dinero), y la de otras acusaciones populares. Aunque sería desalentador comprobar una vez más cómo Manos Limpias, de ideología ultraderechista, nos saca de nuevo las castañas del fuego.
Se están escuchando voces de que todo quedará en nada, al entender que la acusación popular no será suficiente para juzgarla, por ser de aplicación la doctrina Botín; la misma doctrina que, por no ser tenida en cuenta a la hora de juzgar a Garzón, permitió que éste fuese condenado. Paradójico pero cierto, nuestro Tribunal Supremo se ha inventado doctrinas de quita y pon, para aplicarlas según convenga. Y a esto lo llaman justicia.
Falta aún un largo recorrido procesal, o corto si la Audiencia decide darle carpetazo a la imputación de la Infanta. Pero al final todo acabará en nada, y a nuestra oligarquía dominante se le llenará de nuevo la boca de babas, afirmando que la justicia es igual para todos. Y en el teatro de la vida, en donde las injusticias y desigualdades campan por sus fueros, se seguirán escribiendo nuevos capítulos poco edificantes, que algunos -si nos dejan y aún nos queda fuerza- seguiremos denunciando públicamente.

Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA