Represión y poder en España
Debido a la grave situación de represión, torturas y atropello de los
derechos civiles en España, RBC hace difusión de un artículo escrito por
uno de sus miembros, la revista La Gaceta de los Miserables, que describe y analiza el fascismo que hay en el país.
***
Por Mario Guillamó¹.
El pasado jueves, la BBC preguntó a la audiencia de su programa
‘Questión Time’ si consideraban que, tras la detención de ocho ministros
catalanes, España se está comportando como un Estado fascista.
Mientras, la población se encuentra inmersa en un complejo de prontitud a la hora de hablar de represión política en el Estado español.
Porque siempre se alzan los voceros a replicar las denuncias de
represión y las prácticas que nos asemejan o nos convierten en una
dictadura de pleno derecho. Puesto que para el poder se trata de eso
mismo, de un Estado de derecho en el que cada vez hay menos de estos y
cuya característica a resaltar es unánime, el conocimiento público de
los límites del derecho común. Ha llegado el momento de abordar cómo
estos límites están coartando nuestros derechos. Hace muy poco, Angela
Davis sentenció: «Este país tiene una larguísima tradición de represión
política», refiriéndose a España.
Atropello por la derecha en directo, a la hora del telediario o con nocturnidad y alevosía. Así podríamos describir la estrategia del poder que conoce y maneja a la perfección los aparatos ideológicos del Estado.
Sí, no necesitan citar a Althusser porque lo usan a diario. Detrás de
la fachada de la “no acción” y la estupidez humana, se esconde una de
las mayores tecnocracias de Europa al servicio del capital, la española.
Recordemos pues las palabras de Ignacio González a Zaplana «hay que
controlar el aparato del Estado» o una máxima de Felipe González «el
Estado soy yo».
Dos vertientes: la tortura y el fascismo.
La tortura contemporánea se fundamenta en tres pilares: la imposición de
una pena económica desorbitada o de privación de libertad, su
aplicación mediante el monopolio de la violencia y tener como fin el
silencio social y el miedo colectivo a la acción. El Estado español usa
como medio la conocida “Ley Mordaza”, que sanciona administrativa y no
judicialmente. Con esta ley se pueden sancionar conductas de resistencia
pasiva como las sentadas. Según Joaquim Bosch «ahora las sanciones no
son resueltas por un juez imparcial sino por un Gobierno que puede tener
intereses políticos ante protestas sobre su gestión». Los seis meses
posteriores a su aplicación, esta ley acumulaba la escandalosa cifra de
40.000 sanciones, una media de 30 personas al día. Además, esta eficacia
totalitaria está enfocada en los desahucios, puesto que prevé multas de
hasta 30.000 euros para aquellos activistas que desobedezcan o resistan
pacíficamente. No hay que subestimar al poder, conocen las debilidades
de la clase trabajadora y atacan. Atacan a los focos de nuestro futuro:
atacan la cultura, a los músicos y los artistas; atacan la educación, a
los profesores y los estudiantes; atacan a la prensa plural, a los
periodistas y los medios que alumbran las cloacas del Estado; atacan al
puesto de trabajo, depreciando la negociación colectiva y poniéndote la
mordaza. Lo dicho anteriormente, «la estrategia del poder se basa en imponer penas económicas, violencia y miedo».
Y por qué no, resaltemos el término tortura, porque organismos como el Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT)
realizó una serie de informes en 2016 en los que se certificaban malos
tratos en las detenciones y tras ellas, encontrando en las comisarías:
palos, bates de béisbol, látigos y una cuerda/soga. Con ellos, se
confirman interrogatorios de horas e, incluso, días sometidos a
condiciones inhumanas. Pero lo mismo ocurre tras el proceso judicial,
dónde encontramos casos como el maltrato ejercido por los funcionarios
del centro penitenciario Brains I, en Barcelona, condenados
recientemente.
Y otro de los complejos del sistema, una connivencia absoluta con el fascismo callejero.
Les son necesarios esos imitadores de camisas pardas, porque provocan y
calientan los futuros escenarios de intervención estatal. Cada vez más,
los que para ellos son ultras, se despliegan por los barrios y el
centro de las ciudades con su propaganda y poniendo en práctica su
estrategia, la psicología de la violencia y el miedo. Hemos llegado a
tal punto que los fascistas, los conservadores y los liberales convocan manifestaciones conjuntamente sin escándalo mediático.
La unidad de España como excusa perfecta para reprimir estatalmente
durante el día y usar a los fascistas como ariete por las noches. La
líder de HSM afirmó que «su discurso se vertebra en torno a la unidad de
España pero que la formación que rentabiliza su estrategia es el
Partido Popular». Esta pauta se repite en el resto de Europa, donde el
poder intenta desvincularse de las formaciones fascistas, pero gobierna
con su programa en inmigración y en el ámbito territorial.
Ilustración de Eneko por la que ha sido despedido de “20Minutos” sin explicaciones.
La Justicia: cómo controlarla.
Anteriormente, hablamos de la represión y no mencionamos a la justicia,
porque el control totalitario de los aparatos del Estado no concilia con
la separación de poderes. La lista de jueces inhabilitados por
distintos mecanismos judiciales es muy extensa, comenzando por el juez
Garzón y pasando por todos aquellos que han tratado de investigar la
corrupción política: juez Silva, juez Castro, juez Pablo Ruz, la jueza
Alaya etcétera
Eliminados los obstáculos, el poder se hace con los aparatos del Estado y, uno a uno, con los aparatos judiciales.
Desde su mayoría absoluta en 2011, el poder controla el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) y desde ahí, han tomado la Audiencia Nacional
con dos figuras de un alto calado conservador: Concepción Espejel y
Enrique López. Además, una de sus figuras claves es la que ostenta la
Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, primer fiscal reprobado de la
democracia. Se dice que todo este entramado está diseñado por Manuel
Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, otro de los dominios
judiciales del poder. Y es que conocen y controlan los aparatos del Estado y, por tanto, el Estado son ellos.
Aun así, su manera de proceder a lo largo de la historia deja mucho que
desear. La impunidad con la que actúan les deja al descubierto en cuanto
se conocen casos como los papeles de Bárcenas o los papeles de Panamá,
que alumbraron la profundidad de la corrupción que les sostenía, una
corrupción con la que pagaron hasta la sede central de su partido. Esta
afirmación de peso, ya se puede expresar sin problemas porque la fiscal
anticorrupción, Concepción Sabadell, sentenció: «queda plena y
abrumadoramente acreditada la caja B del Partido Popular». Por esta
sentencia, se podría aplicar el artículo 520 del código penal para
ilegalizar al partido en el Gobierno, pero tras analizar el control
judicial que poseen, parece difícil. Mientras, peleas callejeras o
una pintada en la pared pueden ser condenados como actos de terrorismo,
como son el caso de Alsasua o el caso Nahuel.
De esta forma, el gobierno del Estado español se blinda ante las
protestas y las luchas legítimas y democráticas de su pueblo. El
presidente, Mariano Rajoy, preocupado por su marketing electoral
enfocado en Venezuela afirmó en septiembre «lamentable la prohibición de
salida a Lilian Tintori. Pueden encerrar a las personas, pero no a los
ideales. Libertad para Venezuela». Mientras, el gobierno del Estado
español interviene una Comunidad Autónoma, disuelve su parlamento y
encarcela a su gobierno. La reflexión sigue siendo la misma, la legalidad es una cuestión de poder, no de justicia.
Cargas policiales en Catalunya el día del referéndum [1Octubre]
¹ Mario Guillamó. Ciencias Políticas, Universidad Pablo de Olavide (UPO)
y director de Comunicación Política de la Gaceta de los Miserables.
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