El año 2019 terminó en medio de una intensa lucha del proletariado y las masas populares contra el llamado “paquetazo” del régimen mafioso con el cual las clases dominantes pretendían imponer una serie de medidas para paliar la crisis económica que azota al capitalismo imperialista en el orbe. Decisiones que de conjunto buscan descargar la crisis sobre la clase obrera y el pueblo trabajador para mantener a flote la ganancia de los capitalistas; paliativos temporales que no pueden resolver la crisis económica y, por el contrario, conducen al agravamiento de la crisis social, ocasionan la exacerbación de la lucha de clases y generan crisis políticas.
La pandemia se presenta en momentos de agudización de la lucha de clases cuando la iniciativa estaba de parte del proletariado y las masas populares, que desde enero y dando continuidad a los combates de finales del 2019, se aprestaban a generalizarlos mediante la Huelga Política de Masas con el nombre de Paro General Indefinido.
La Covid-19 les sirvió a las clases dominantes para retomar la iniciativa confinando a las masas y aprovechando para imponer abiertamente y sin el parloteo de los politiqueros en el Congreso, todas las disposiciones que ya tenía preparadas y la lucha del pueblo trabajador había impedido.
Clausurado el Congreso, impuesta la cuarentena y en algunas regiones el toque de queda, fueron emitidos durante los tres primeros meses de la pandemia más de 164 decretos de ley, de los cuales solo 11 tenían que ver con el problema sanitario, instaurando así la dictadura abierta del régimen mafioso y los monopolios quienes fueron los principales beneficiarios de las medidas impuestas: casi 200 billones fueron entregados al capital parásito financiero, varios miles de millones para sectores del turismo y el transporte aéreo y otros tantos para los grandes capitalistas del agro, la industria y el comercio; a la par se dio facultades extraordinarias al viceministro de relaciones laborales para autorizar los despidos masivos, licenciamientos no remunerados, cierres temporales…
Ante la explosividad de la situación social agravada por las decisiones en favor de los capitalistas, el régimen dedicó una parte del presupuesto para atenuar la crisis social con irrisorios auxilios a través de Familias en Acción, Adulto Mayor e Ingreso Solidario que, como los demás auxilios entregados a los capitalistas, una parte fue a parar a las arcas de los grandes banqueros que cobran por toda transacción.
Sin embargo, los llamados auxilios a los sectores menos favorecidos o más vulnerables no pueden solucionar la grave crisis social manifiesta en el aumento dramático del desempleo, minimizado por la estadística oficial que disfraza el desempleo real (por encima del 20%) presentando como empleados u ocupados a los millones de trabajadores que se vieron obligados a vincularse a las ventas ambulantes y al trabajo informal para sobrevivir.
A la terrible situación económica y social de los trabajadores se agrega el ejercicio de la violencia oficial, militar y paramilitar, acompañada de la ejercida por otros grupos armados, todos partícipes de los negocios del cultivo y procesamiento de la hoja de coca y marihuana y de la minería ilegal, donde los pobres del campo son sometidos por los fusiles a trabajar para las diferentes mafias. Según datos del seguimiento hecho por la ONG INDEPAZ, al 28 de diciembre sumaban 90 las masacres ejecutadas durante el 2020, a lo cual hay que agregar los más de 284 dirigentes y luchadores populares asesinados, y los 249 excombatientes de las Farc exterminados. Una dolorosa tragedia que pone al descubierto la mentira de la paz de los ricos y le plantea a las masas la necesidad de organizar la protección armada de sus comunidades y dirigentes.
La mentirosa alharaca de los alcaldes “alternativos” sobre los protocolos para el ejercicio de la protesta, quedó al descubierto en los frecuentes actos de brutalidad del escuadrón asesino del ESMAD durante las manifestaciones contra el manejo de la pandemia, en la represión contra las comunidades que reclamaban alimentos, en las masacres como la ocurrida en Bogotá el 9 de septiembre por las fuerzas policiales, ante las manifestaciones rechazando el asesinato de Javier Ordóñez.
La “nueva normalidad”, consistente en poner a las masas trabajadoras a escoger entre morirse en la producción y en las calles buscando la subsistencia o morirse de hambre en la casa, estuvo acompaña de medidas impositivas a las protestas y manifestaciones buscando aplastar la resistencia a nuevas imposiciones como el Decreto 1174 (una verdadera reforma laboral anti-obrera), el proyecto de Ley 010, los despidos masivos, la persecución a las organizaciones y dirigentes sociales y los frecuentes hechos de guerra contra el pueblo.
El régimen ha propuesto además otras medidas cínicas como la reducción de la jornada laboral que en realidad esconde la pretensión de eximir a los capitalistas de todas las obligaciones contractuales, adquiridas por los trabajadores en más de 50 años de lucha; reformar la constitución para acabar con la Justicia Especial para la Paz – JEP y ocultar con ello, la responsabilidad de los capos y beneficiarios de la guerra en las masacres y asesinatos de dirigentes y luchadores populares; y dejar una sola Corte manejable por el ejecutivo.
El favoritismo gubernamental por los grandes monopolios, así como la explosiva situación social, frente a la cual han llamado la atención los mismos organismos internacionales del imperialismo, y las pretensiones del régimen de reformar el Estado para perpetuarse en el poder, han ocasionado a su vez contradicciones entre las clases dominantes y en el propio régimen mafioso. Contradicciones que han creado fracturas por arriba y debilitado el régimen que se hunde ante la pérdida del respaldo que había tenido hasta ahora por los partidos Conservador, de la U y Cambio Radical.
Es ante esta situación, favorable para la lucha revolucionaria del pueblo trabajador, que algunos sectores de la burguesía representada en el liberalismo, de la pequeña burguesía y el oportunismo representados en la llamada oposición, han llamado al referendo por la revocatoria de Duque, y en defensa del “acuerdo de paz” firmado entre el Estado y las FARC, de la renta básica para los estratos 1 y 2, de un nuevo impulso al capitalismo en el campo y de subsidiar la pequeña y mediana empresa para salir de la crisis, entre otros remiendos reformistas, que no conjurarán la crisis económica y social, pero sí le darán algo de estabilidad a la volátil situación de un sistema colapsado y a punto de explotar por los antagonismos económicos, sociales y políticos.
A su vez, tanto el régimen como la “oposición” y los medios de comunicación, han fabricado una supuesta polarización entre el uribismo y el petrismo, presentándolos respectivamente como la extrema derecha y la “extrema izquierda”, los promotores de la guerra y los “amantes de la paz”. Diariamente son protagonistas en los medios, los representantes de esa “oposición” que no se opone al régimen, porque no va más allá de los alegatos inútiles en el establo parlamentario, pero sí sirve para distraer a las masas sembrando ilusiones en las podridas instituciones del Estado. Una jugada conveniente y oportuna para esconder la verdadera polarización de la sociedad entre el proletariado y la burguesía, entre pobres y ricos, entre el capitalismo moribundo y la necesidad del socialismo.
El año termina con medidas como el aumento de un millón 700 mil pesos para los parásitos congresistas y de miserables 30 mil 700 pesos para el salario mínimo, con balances de billonarias ganancias para el capital parásito financiero y las grandes compañías, con el júbilo burgués por la leve recuperación económica después de mayo y el ensueño reaccionario de aumentar en el 2021 la explotación y opresión de los trabajadores, y también con nuevos miles de despedidos en las diferentes ramas de la producción, incluidos trabajadores oficiales de la salud y de los municipios, un ejército de 3,65 millones de desempleados y más de 14 millones de sub-empleados… Unas cuantas cifras que apenas ilustran la diferencia abismal entre los holgazanes que viven del trabajo ajeno y quienes sostienen la sociedad con su trabajo.
Es una situación explosiva, producto de la crisis agravada por la pandemia y de la dictadura abierta de la burguesía mafiosa en el poder; situación en medio de la cual se aumentará la crisis política por arriba y la crisis social para los de abajo, tornando aún más insoportable la situación de los trabajadores que se verán obligados a seguirse rebelando. Una situación especial que debe ser aprovechada por el proletariado revolucionario para impedir que el reformismo pequeñoburgués y oportunista engañe a las masas para ponerle emplastos al sistema prolongando su agonía y, por el contrario, hacer que los nuevos e inevitables combates sirvan de preparación para asaltar la fortaleza enemiga e instaurar la democracia directa de los obreros y campesinos sustentada en el armamento general del pueblo.
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Diciembre 30 de 2020
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