En Colombia existe un régimen especial que tomó hace dos décadas las riendas del Estado, para dominar con los métodos y estilos propios de la mafia y el paramilitarismo. Desde la década de los ochenta del siglo pasado se forjó una sacrosanta alianza entre terratenientes, burguesía industrial y mafia para dominar la sociedad y administrar, o mejor dicho, para robar los recursos del Estado. Quien ejerce la comandancia de dicho complot criminal es la mafia debido a que su peso económico y social es más fuerte que el de sus congéneres.
Así han logrado imponer un régimen de terror que les ha garantizado la defensa de los intereses de los ricos y corruptos de este país; alianza aprobada y bendecida por sus socios imperialistas, a quienes les han prestado buenos servicios, como la firma del TLC, promulgación de leyes y decretos a favor del saqueo y la superexplotación de la clase obrera, etc.; razón por la cual, a pesar de que Estados Unidos posa de ser el gendarme y justiciero mundial, “luchador número uno” contra las drogas, etc. avale y mantenga pactos con mafiosos y criminales como Uribe y compañía, a quienes blinda y garantiza impunidad.
Tal régimen especial ha usado los métodos del paramilitarismo y la mafia para reprimir y doblegar al pueblo, penalizando y persiguiendo toda forma de protestas, y utilizando además tácticas macabras como:
• Masacres en pueblos y ciudades. Según el informe “¡Basta ya!: Colombia: memorias de guerra y dignidad” del año 2013, firmado por el organismo gubernamental Centro Nacional de Memoria Histórica entre 1985 y 2012, se registran 1982 masacres que dejan 11.751 víctimas.
• Desplazamientos forzados producto de la guerra reaccionaria por la renta extraordinaria de la tierra, el negocio de las drogas, la minería ilegal y la expropiación violenta de los campesinos de sus tierras, siendo Colombia el país con mayor desplazados en el mundo, llegando a superar a países como Siria, donde se libra una guerra civil de alcance internacional. Según el diario burgués El Tiempo: Con un acumulado de 7’816.500 desplazados internos, Colombia ocupó, por cuarto año consecutivo (desde 2015), el primer lugar en el mundo en víctimas de desplazamiento forzado dentro del mismo país.
• Sicariato y asesinato selectivo, al punto que el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos; asesinato sistemático de dirigentes sociales y luchadores populares, recrudecido tras la firma de la falsa paz entre los jefes de las FARC y Santos; asesinato sistemático de desmovilizados de la guerrilla…
• Con la violencia y tratamiento militar al justo y noble levantamiento popular y juvenil desatado tras el 28 de abril, el cual permitió desnudar abiertamente el carácter paramilitar y mafioso del régimen, quien a ojos del mundo ejecutó desapariciones, torturas, masacres, montajes judiciales y operaciones de bandera falsa en su intento de estrangular y controlar el levantamiento.
Dicha actuación demuestra que la sociedad colombiana está dirigida por la facción mafiosa y paramilitar. Colombia produce el 60% de la cocaína del mundo, posee una burguesía mafiosa que se defiende con brazos armados legales e ilegales que operan en campos y ciudades, luchan entre sí y se disputan territorios e influencias bajo la lógica del monopolio y la competencia capitalista. Es toda una cadena económica y social que se extiende desde los cultivadores, productores de la droga, transportadores, comerciantes, ejércitos que defienden el negocio, consumidores, lavadores de dineros y testaferros, y en su cúspide, quienes en últimas se enriquecen y lucran de él. Tal base económica y social se ve reflejada en la superestructura con la paramilitarización y control mafioso de la sociedad, en la cultura a través de narco-novelas y la moral mafiosa de la “gente de bien”, en política con partidos políticos organizados y financiados por la mafia, embajadores con narco-fincas, famosos con narco-avionetas, etc., que muestran las características de un régimen especial que exige una respuesta popular especial, a diferencia del clásico régimen democrático burgués.
En ese régimen de terror es imperativo defender la vida y seguridad de las comunidades, los dirigentes sociales y luchadores populares a través de los medios y fuerzas propias; una necesidad que se ve obstruida por la concepción dañina de quienes creen que el Estado es un juez imparcial y garante de derechos, cuando es una máquina de opresión y al servicio de los explotadores; dicha idea es el principal peligro y obstáculo para proteger y defender la vida de los dirigentes sociales, la cual ha sido inculcada por las clases dominantes, los reformistas y socialdemócratas.
En ese sentido, de la confianza en el “Estado de derecho”, muchos dirigentes dan información personal al Estado y se confían en los estériles “esquemas de protección” brindados por él; un grave error que ha costado la vida de muchos, pues se sabe por las versiones de paramilitares desmovilizados que gran cantidad de los nombres aparecidos en las “listas negras”, provino de información suministrada por el DAS y la Fuerza Pública y en otros más, fueron los mismos escoltas quienes planearon los atentados.
Tales hechos enseñan que se debe desconfiar del Estado y sus funcionarios; así como crear las condiciones para que sean las organizaciones populares quienes garanticen la vida y seguridad de sus dirigentes. Un buen ejemplo es el papel desempeñado por la guardia popular, como la guardia indígena, cimarrona y campesina que, aunque todavía sin armas, han desempeñado un buen papel en la defensa de sus dirigentes; avanzando de allí a la creación de las milicias populares, para neutralizar y derrotar la arremetida de las bandas paramilitares, y enfrentar con éxito los ataques a bala de la policía y el Ejército.
La milicia popular debe ser la forma organizativa que garantice, no solo la defensa de las comunidades y dirigentes populares, sino la movilización revolucionaria de las masas en las calles: de sus marchas, bloqueos y barricadas. Frente a la actuación a “plomo” del Estado y sus mercenarios el pueblo debe responder en la justa medida.
En cuanto al armamento, este se debe procurar utilizando las armas que el Estado entrega a los “esquemas de seguridad”, los cuales deben ser organizados por el pueblo con independencia del mismo; además, apoyándose en los propios esfuerzos y utilizando la iniciativa e ingenio popular (bombas caseras, armas de fuego hechizas, armas artesanales…), y, sobre todo, arrebatándoselas a los enemigos que se atrevan a disparar contra el pueblo y sus dirigentes.
La creación de la milicia obrera, campesina y popular debe ir de la mano con extender aún más los Grupos de Choque o Primera Línea, los cuales no son solo competencia de los jóvenes obreros y campesinos, sino de todos los que quieran prepararse para derrotar el régimen por la vía de la lucha directa y revolucionaria.
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