Más de 20 muertos y otro tanto similar de desaparecidos después del fuerte aluvión en La Gasca, barrio centro-occidental de Quito.
¡Cuánta desgracia!; como siempre, parecería que la naturaleza se ensaña con los más pobres, con aquellos que tienen que buscar cualquier espacio físico, por más hiperdegradado que sea para poder construir sus viviendas, escenarios geográficos con innumerables peligros naturales y que además son potenciados por la miseria.
Las autoridades municipales básicamente señalan que la responsabilidad es de quienes construyen viviendas en áreas no autorizadas, en “zonas de riesgo”.
Lo que no se dice es que el viejo Estado burocrático-terrateniente no puede ni quiere solucionar el grave problema de vivienda que aqueja a las mayorías; que las masas, para mediovivir, levantan cuatro paredes y un rústico techo en cualquier espacio donde elementalmente sea posible hacerlo, tanto así que han tenido la necesidad de habitar en sectores (como es el caso de la ciudad de Quito) que están sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, por encima de las faldas del Pichincha, sin transporte, servicios básicos, vías, etc.
La lucha por tener una vivienda en las grandes ciudades del país se ha convertido también en una lucha por la tierra. En el Ecuador la figura de los terratenientes no necesariamente está encadenada a la propiedad de grandes latifundios en el campo, en el área rural, también se expresa en las ciudades, donde podemos hablar de la existencia del latifundio urbano. No es extraño que poderosos grupos económicos como El Juri, Deller, Uribe-Schwarzkopf, posean miles de hectáreas (fraccionadas en terrenos) en el distrito metropolitano de Quito, concentrando la tierra destinada a grandes proyectos inmobiliarios o la especulación en el mercado de bienes raíces, en contraste a centenares de miles de quiteños que viven en terrenos baldíos, mientras pueden; en quebradas, bajo los puentes o en áreas reducidas, con una altísima tasa de densidad y precariedad.
La gran concentración de tierras urbanas es un proceso que está atado al clientelismo político. Deller, la familia Paz Delgado, (entre otros) se ha posicionado en vastas extensiones de tierra urbana a través de la concesión de importantes espacios urbanos y periféricos. Terrenos como el del Centro Comercial San Luis y El Jardín, como ejemplo, son producto de dolosas concesiones por 99 años sin que de por medio estos grupos económicos hayan tenido que pagar un solo centavo por esas tierras. No diferente sucedió con el complejo deportivo de la Liga Deportiva Universitaria en La Pampa, en Quito, la figura de la concesión lo resuelve todo en favor de las clases dominantes.
Otro vehículo para el apropiamiento de tierras es la gentrificación, es decir, el desplazamiento o expulsión de las masas de áreas con potencial para la inversión y alta perspectiva de renta. Los acaparadores, amparados en la corrupción de alcaldes y autoridades municipales se apropiaron de tierras que pertenecían inclusive a comuneros, como sucedió en los barrios de Cumbayá (Tanda), cerro El Auki, Calderón, etc.
El aluvión que ha afectado a miles de familias que viven en la periferia urbana no solo es producto de un fenómeno natural, sino que también expresa la crítica situación en la que tienen que vivir los sectores populares más deprimidos, explotados y marginados. Los responsables están plenamente identificados, el viejo Estado, los nuevos grupos de latifundistas urbanos, las autoridades municipales clientelares y corruptas, y una caduca sociedad que permanente y sistemáticamente empujan a los más pobres, a los miserables, a los parias, a la desgracia y a la muerte.
El Frente de Defensa del Pueblo del Ecuador expresa su más profunda solidaridad con las masas afectadas, sobre todo aquellas que han perdido a sus familiares producto de la inacción estatal. Para los responsables, nuestro más sentido odio de clase.
¡NI PERDÓN NI OLVIDOS PARA LOS VERDUGOS DEL PUEBLO!
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