Todos los países tienen leyes contra
el terrorismo, leyes para proteger al país de ataques indeseables... India también pero con una peculiaridad: su
ley anti-terrorista ha sido convertida en el arma perfecta por parte del
gobierno para encarcelar a aquellos que disienten de sus políticas
antisociales, para acallar las voces de aquellos que protestan por los abusos
contra ciudadanos cuyo único delito es haber nacido dalit, adivasi, musulmán...
para silenciar a aquellos que denuncian los abusos del gobierno y su círculo de
amigos los cuales se están enriqueciendo a velocidad de órdago mientras la gran
masa popular es victima de sus abusos...
Y ha sido así desde el principio con
leyes similares o anteriores y todas con un solo gran objetivo: restringir,
limitar o simplemente ignorar los derechos civiles de los ciudadanos que les
desagradan. Estas leyes otorgan a la policía poderes ilimitados para eludir el
proceso adecuado establecido para proteger el derecho de los ciudadanos a un
juicio justo. Todas las leyes anti-terroristas aprobadas debían funcionar como
leyes de detención preventiva, pero en realidad están criminalizando las
intenciones, creencias y pensamientos de una persona, lo que es inmoral,
injustificado e inconstitucional. Este sistema injusto no se limita a un solo
partido político, está ocurriendo con los diferentes gobiernos desde la
partición. No podemos aceptar estos abusos con el argumento de que son una
herencia británica, aunque sea cuando empezó. Desde 1947, India es
independiente y sólo a sus gobiernos debe la patética situación actual de los
derechos civiles.
Una de las primeras leyes
restrictivas se elaboró y aplicó en Bengala en 1818: para garantizar la
seguridad, daba permiso para poner a las personas "bajo restricción
personal" incluso sin "motivos suficientes para iniciar ningún
procedimiento judicial". Esta ley se extendió a todo el país y estuvo en
vigor hasta 1927. Se utilizó contra los luchadores por la libertad.
Hasta hoy, todas las leyes de prisión
preventiva del país reflejan la criminalización de la disidencia y la falta de
necesidad de probar la sospecha.
En 1908, la
"CLA" (Criminal Law Amendment) definió el concepto de
"asociación ilícita" para ilegalizar a las organizaciones que
trabajaban por la libertad de la India.
Posteriormente, los británicos aprobaron
la "Ley de Delitos Anárquicos y Revolucionarios", conocida como Ley
Rowlatt (1919-1922). La Ley Rowlatt autorizaba la detención preventiva de
personas hasta dos años bajo sospecha, especialmente en las zonas denominadas
por el gobierno como "afectadas". Pero la Ley no definía cuáles eran
los "movimientos anárquicos y revolucionarios" que pretendía
combatir. Esta brutal ley eliminó el
derecho de apelación y negó el derecho a un abogado. Al aplicarse a la vida cotidiana,
no sólo en momentos de emergencia, la Ley Rowlatt se convirtió en un punto
importante de la campaña de no cooperación a principios de los años 20.
La Ley Rowlatt es claramente la
predecesora de la actual UAPA, ya que es muy anterior a las cuestiones que han
surgido con la Ley de Prevención de Actividades Terroristas y Perturbadoras
(1985-1995) y la Ley de Prevención del Terrorismo (2001-2004) y, al no definir
los "movimientos anárquicos y revolucionarios", da lugar al término
"ilegal" y al uso que hace de él la UAPA. Además, en las zonas
consideradas "afectadas" -donde las leyes se interpretan de forma muy
liberal-, esta Ley Rowlatt puede considerarse precursora de la ignominiosa Ley
de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA) y de la TADA. La UAPA es
el resultado del “crecimiento gradual” de la Ley CLA de 1908.
Tras la independencia, la Ley de
Detención Preventiva (PDA) fue una de las primeras leyes draconianas aprobadas
para frenar la libertad de los ciudadanos. La ley se aprobó como medida
temporal para hacer frente a la violencia y los desplazamientos que se
produjeron durante la partición. La ley autorizaba al gobierno a detener a
personas sin cargos durante un máximo de un año. Se introdujo con un límite de
doce meses, ya que el entonces Ministro del Interior dijo que una ley que
autorizara la detención preventiva permanente "requería más
estudio". Sin embargo, la PDA fue
revisada anualmente por el Parlamento y renovada en repetidas ocasiones durante
casi dos décadas antes de ser finalmente abolida en 1969. Estuvo en vigor de
1950 a 1969.
En 1962 se celebró la primera
reunión del Consejo Nacional de Integración bajo la presidencia del Primer
Ministro, Jawaharlal Nehru. Poco después de que el Consejo recomendara
restricciones "razonables" al ejercicio de los derechos fundamentales
de los ciudadanos en interés de la soberanía y la integridad del país, el
Parlamento aprobó la 16ª Enmienda a la Constitución india, que facultaba al
gobierno a imponer restricciones a la libertad de expresión, la libertad de
reunión pacífica y la libertad de formar asociaciones y todas esas
restricciones eran, por supuesto, en interés de la soberanía y la unidad de la
India.
El 20 de octubre de 1962, con motivo
de la agresión exterior de China, se declaró el estado de emergencia en virtud
del artículo 352 de la Constitución. Al mismo tiempo, se produjo una crisis
interna, ya que C.N. Annadurai, líder del Dravida Munnetra Kazhagam (DMK),
defendió abiertamente el programa de autodeterminación de su partido, que
incluía la secesión de Tamil Nadu de la Unión India. Un gobierno central
asustado quiso imponer algunas restricciones a las libertades de los ciudadanos
e introdujo la Ley de Actividades Ilegales (Prevención) - UAPA 1967 antes de
que expirara el estado de emergencia. También se argumentó que la Ley debía
cumplir los objetivos de la 16ª Enmienda,
Aunque se introdujo en la 3ª y 4ª Lok
Sabha, no pasó de una fuerte oposición. Finalmente, en la 5ª Lok Sabha, entre
fuertes debates, se aprobó la Ley de Actividades Ilegales (Prevención) de 1967
(UAPA).
Esta ley, UAPA 1967, se centraba en
las "actividades ilícitas". En su sección 2(f) definía la
"actividad ilegal" como cualquier acción realizada/causada por un
individuo o asociación con la intención de provocar/crear una cesión/secesión o
una acción que perturbe o cuestione la soberanía y la integridad territorial de
la India, entonces la recién nacida UAPA añadía más poder a la PDA, ya que le
otorgaba la facultad de declarar "ilegales" a las organizaciones y de
restringir y controlar a sus miembros. El término "ilegal" se definió
vagamente, lo que facilitó que la ley criminalizara un gran espectro de
actividades consideradas inconvenientes por el gobierno. En virtud de la UAPA,
la fianza es difícil de obtener. Los ciudadanos detenidos pueden permanecer en
prisión preventiva durante seis meses sin ni siquiera presentar un pliego de
cargos.
Como complemento a la UAPA, en mayo
de 1985 se promulgó la Ley de Actividades Terroristas y Perturbadoras (TADA)
para controlar el terrorismo en el Punjab y otras partes del país. La TADA sólo
tiene definiciones vagas sobre lo que son "actividades perturbadoras"
causadas por actos o discursos y comprende una amplia variedad, incluyendo
cualquier forma de protesta. Una vez más, con esta ley se crearon tribunales
especiales de la TADA para procesar a los acusados de actividades terroristas
en las zonas designadas por el gobierno como "zonas afectadas por el terrorismo".
La nueva ley creó nuevos delitos, aumentó los poderes de la policía y redujo la
seguridad de los detenidos. Las confesiones realizadas bajo custodia eran
pruebas admisibles, lo que facilitaba los abusos y la tortura. Bajo el pretexto
del terrorismo, la ley se utilizó contra miembros de comunidades marginadas y
sindicalistas. Más de 76.000 personas fueron detenidas mientras la ley estuvo
en vigor entre 1985 y 1995. Su tasa de condenas fue inferior al 1%, lo que
significó que miles de personas fueron encarceladas injustamente. La TADA pasó
por encima de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Constitución y, ante
las acusaciones de uso indebido, dejó de aplicarse en virtud de una mas que
cuestionable cláusula en 1995.
Tras el atentado del 9 de septiembre,
el gobierno propuso la Ley de Prevención del Terrorismo (POTA) como nueva ley
anti-terrorista. Con una fuerte oposición social y política, fue aprobada por
el Parlamento en 2002. Esta nueva ley re-instauró muchas disposiciones de la
antigua TADA, lo que garantizó que siguieran los abusos. La POTA reforzaba los
poderes policiales, limitaba los derechos de la defensa, readmitía como prueba
válida las confesiones realizadas bajo custodia policial y creaba tribunales
especiales. Al igual que sus predecesoras, esta ley no definía claramente el
término "terrorista" o "actividades terroristas". Esta ley nunca se ha utilizado contra grupos
nacionalistas hindúes bien conocidos por sus ataques a las minorías. Por ello,
la ley fue finalmente derogada en diciembre de 2004. Cuando se derogaron la
TADA y la POTA, el gobierno se las arregló para insertar los artículos que les
convenían de ambas leyes en la UAPA para llenar las lagunas que según el
gobierno tenia. La UAPA se ocupa ahora de delitos tan diferentes como
"actividades ilícitas" y
"actos terroristas".
Entre 1967 y 2018, la UAPA ha sido
modificada varias veces y siempre ampliando los poderes del gobierno sobre los
ciudadanos:
- 1969 - se enmendó
contra J&K.
- 2004 - se
incorporaron artículos convenientes de la POTA.
- 2008 - se amplió
la definición de "acto terrorista".
- 2019 - se
introduce el poder de designar a cualquier individuo como
"terrorista" ante la más mínima sospecha. Aumenta el poder de la
Agencia Nacional de Inteligencia (NIA) al darle la facultad de actuar en todo
el país sin tener que rendir cuentas a los gobiernos de los estados. También
elimina el principio de la presunción de inocencia, teniendo el acusado que
demostrar su inocencia en lugar de ser el Estado quien demuestre su
culpabilidad. También aumenta a un máximo de dos años el derecho a detener a
cualquier persona que consideren sospechosa sin tener que demostrar que ha
cometido un delito.
Esta última enmienda convierte al
gobierno en juez y parte, eliminando así el principio de imparcialidad de la
justicia. Cualquier acusado sigue
teniendo derecho a acudir al tribunal constitucional por la violación de sus
derechos fundamentales, pero pasarán años antes de que se haga justicia si es
que eso llega a ocurrir. De esta manera tan ruin y maléfica, el gobierno se ha
dado poderes ilimitados para detener a cualquiera que se oponga a sus políticas
y lo que es peor, el gobierno burla a los gobiernos estatales ignorándolos y
actuando sin tener en cuenta sus propias reglas. Rara vez comprueba si hay
algún proceso en curso contra el o los sospechosos.
Por último, mostrando un increíble
ego y arrogancia, el gobierno ha afirmado que la UAPA tras la última enmienda
de 2019 cumple con sus obligaciones internacionales. Pues bien, son los únicos
que lo piensan, ya que la UAPA viola directamente múltiples convenios, incluido
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1967, que reconoce la
presunción de inocencia como un derecho humano universal y permite el uso de la
prisión preventiva SÓLO como último recurso.
La UAPA es el ejemplo perfecto de
sofisma en el que premisas falsas llevan a una conclusión verdadera, por lo que
el gobierno está utilizando la UAPA creando acusaciones falsas para justificar
las detenciones, ya que con las pruebas falsas creadas por ellos, exigen que se
aplique la ley. Es sólo un arma creada para acabar con la libertad de los
ciudadanos que se atreven a oponerse a ellos.
Esta última versión de la ley
recuerda a la Ley de Mantenimiento de la Seguridad Interna (MISA) de 1971, la
ley de la era de la Emergencia y de la cual, Indira Gandhi hizo mal uso y
ademas abusó. La MISA permitía la detención preventiva indefinida, las escuchas
telefónicas y el registro e incautación de bienes sin orden judicial. Se
utilizó para reprimir la disidencia política durante la Emergencia.
Como ley de detención preventiva, la
UAPA se utiliza de forma abusiva y esta dando lugar a detenciones por motivos
políticos y a violaciones de los derechos humanos. Hay algunas peticiones que
impugnan la última enmienda por ir en contra de algunos artículos de la
Constitución india: el derecho a la igualdad (artículo 14), la libertad de
expresión (artículo 19) y la vida (artículo 21)
La UAPA es draconiana porque criminaliza la
asociación, criminaliza la ideología y criminaliza incluso la intención. Si
tienes un documento, un libro, una película... puedes ser condenado de por vida
y, a diferencia de la PDA, la UAPA descartó la cláusula de revisión periódica,
lo que la hace indefinidamente válida a menos que sea derogada en el
Parlamento.
|
Year |
No. of cases |
No. of persons
under-trial |
No. of persons convicted |
No. of persons acquitted |
|
2014 |
897 |
|
|
|
|
2015 |
976 |
|
|
|
|
2016 |
922 |
3047 |
24 |
19 |
|
2017 |
901 |
4098 |
39 |
42 |
|
2018 |
1182 |
4862 |
35 |
117 |
|
2019 |
1226 |
5645 |
34 |
92 |
|
2020 |
796 |
6482 |
80 |
116 |
El uso y abuso de la UAPA o por qué
debemos preocuparnos por los amigos/compañeros detenidos/encarcelados
añadiéndolos como otra consecuencia de la ley al igual que los asesinados en su
nombre y por la supuesta integridad y seguridad del país.
Los datos oficiales
no separan cuántas de esas muertes se produjeron bajo custodia policial y
cuántas bajo custodia judicial (en prisión).
Las cifras asustan:
2.544 en 2021-22 frente a 1.940 en 2020-21 lo que supone un aumento del 31,13%
en el número de casos registrados.
Modi acche din
(significa ‘se acercan buenos tiempos’ expresión acuñada como eslogan en su
campaña electoral de 2014) :
Sus ‘buenos
tiempos’ traducidos en números son: 11.656 personas muertas (oficialmente) bajo
custodia (policial y judicial) entre 2016 y 2022.
Y no podemos
olvidar a los muertos en falsos encuentros. Los datos de ellos son más
confusos, si cabe, que los de las muertes bajo custodia.
Desde 2014 hasta el
20 de enero de 2019 se han registrado 250 casos de asesinatos en supuestos
encuentros falsos. Hace pocos días se dieron las últimas cifras: 82 personas
fueron asesinadas en encuentros policiales durante 2020-2021 y el número salta
a 151 durante 2021-2022.... parece que la policía estuvo ocupada durante la
pandemia de Covid.
#DerogacionUAPA
#LibertadParaTodosLosPresosPoliticos
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