Bolivia: Se exige la inmediata liberación de activistas peruanos
Associação Brasileira dos Advogados do Povo | Para Kaos en la Red
Hugo Wálter Minaya Romero, Williams Antonio Minaya Romero, Blanca Riveros Alarcón y José Antonio Cantoral Benavides En el 1º de agosto, las fuerzas de represión del Estado boliviano invadieron la oficina del Centro de Estudios Populares (CEP) y arrestaron los activistas peruanos Hugo Wálter Minaya Romero, Williams Antonio Minaya Romero, Blanca Riveros Alarcón y José Antonio Cantoral Benavides.
La acción fue conducida directamente por la cúpula del gobierno de Evo Morales y ejecutada por el Grupo de Investigación de Casos Especiales y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad El Alto. El director de la FELCC, Roberto Campos, afirmó que los activistas “fueron aprehendidos en circunstancias en que se encontraban realizando panfletaria”, con mensajes contra el gasolinazo (la política de subida del precio del combustible) y las transnacionales de Bolivia, y estos panfletos se dirigían a la comunidad académica de la Universidad Popular El Alto (UPEA) (El Mundo, 02/08/2011). El propio Ministro de Gobierno de Morales, Sacha Llorenti, dijo que ellos “trabajaban elaborando panfletearía contra el gobierno boliviano y reclutando gente para darles clases” (Página Siete, 01/08/2011), y que ellos tenían ligaciones con el Sendero Luminoso, nombre atribuido al Partido Comunista de Perú (Maoísta).
Los representantes del gobierno dijeron aún que tres de los activistas serían sumariamente expulsos de Bolivia para Perú, y la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) haría una reunión de emergencia para tratar del caso de José Antonio Cantoral Benavides, que tiene reconocido oficialmente el status de refugiado.
El Centro de Estudios Populares (CEP) de Bolivia es una organización que hay constantemente defendido los derechos del pueblo boliviano, realizado seminarios y discusiones académicas, y denunciado la violencia del gobierno en contra campesinos pobres en Bolivia, la situación decadente del sistema de salud, la corrupción de los dirigentes sindicales y las políticas que sirven a los intereses de los ricos y las transnacionales, que explotan los recursos naturales de Bolivia. En mayo de 2010, el CEP publicó comunicado denunciando la criminalización de las luchas populares practicada por el ministro Sacha Llorenti, ex-miembro y ex-presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
En su sitio en internet (estudioyrealidad.blogspot.com), el CEP si define con una organización sin fines de lucro, que cuenta con un equipo multidisciplinario, dedicado al estudio y análisis de la realidad boliviana con un compromiso con los sectores explotados que luchan permanentemente en defensa de sus derechos democráticos”
Resta claro y confirmado por las propias autoridades del gobierno que la prisión de esos 4 activistas es una persecución contra sus posiciones políticas. Un caso grave de prisión arbitraria y represión a la disidencia política, condenada por el Derecho Internacional y practicada por un gobierno que se intitula “socialista”. El art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, afirma que
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Ante todo el dicho, la IAPL, la ABRAPO y el CEBRASPO se oponen a la detención y expulsión, de Bolivia, de Hugo Romero Walter Minaya, Minaya Williams Antonio Romero, Blanca Riveros Alarcón y José Antonio Cantoral Benavides. Y se ayuntan al pueblo boliviano, las organizaciones sindicales y políticas y las organizaciones de derechos humanos en la denuncia de esta acción condenable del gobierno que, con métodos fascistas, intenta silenciar las voces en su contra. Que el gobierno de Evo Morales libere inmediatamente a los cuatro presos políticos y haga reparación del daño que causa. Y cese la represión de la disidencia política en Bolivia.
La acción fue conducida directamente por la cúpula del gobierno de Evo Morales y ejecutada por el Grupo de Investigación de Casos Especiales y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad El Alto. El director de la FELCC, Roberto Campos, afirmó que los activistas “fueron aprehendidos en circunstancias en que se encontraban realizando panfletaria”, con mensajes contra el gasolinazo (la política de subida del precio del combustible) y las transnacionales de Bolivia, y estos panfletos se dirigían a la comunidad académica de la Universidad Popular El Alto (UPEA) (El Mundo, 02/08/2011). El propio Ministro de Gobierno de Morales, Sacha Llorenti, dijo que ellos “trabajaban elaborando panfletearía contra el gobierno boliviano y reclutando gente para darles clases” (Página Siete, 01/08/2011), y que ellos tenían ligaciones con el Sendero Luminoso, nombre atribuido al Partido Comunista de Perú (Maoísta).
Los representantes del gobierno dijeron aún que tres de los activistas serían sumariamente expulsos de Bolivia para Perú, y la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) haría una reunión de emergencia para tratar del caso de José Antonio Cantoral Benavides, que tiene reconocido oficialmente el status de refugiado.
El Centro de Estudios Populares (CEP) de Bolivia es una organización que hay constantemente defendido los derechos del pueblo boliviano, realizado seminarios y discusiones académicas, y denunciado la violencia del gobierno en contra campesinos pobres en Bolivia, la situación decadente del sistema de salud, la corrupción de los dirigentes sindicales y las políticas que sirven a los intereses de los ricos y las transnacionales, que explotan los recursos naturales de Bolivia. En mayo de 2010, el CEP publicó comunicado denunciando la criminalización de las luchas populares practicada por el ministro Sacha Llorenti, ex-miembro y ex-presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
En su sitio en internet (estudioyrealidad.blogspot.com), el CEP si define con una organización sin fines de lucro, que cuenta con un equipo multidisciplinario, dedicado al estudio y análisis de la realidad boliviana con un compromiso con los sectores explotados que luchan permanentemente en defensa de sus derechos democráticos”
Resta claro y confirmado por las propias autoridades del gobierno que la prisión de esos 4 activistas es una persecución contra sus posiciones políticas. Un caso grave de prisión arbitraria y represión a la disidencia política, condenada por el Derecho Internacional y practicada por un gobierno que se intitula “socialista”. El art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, afirma que
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Ante todo el dicho, la IAPL, la ABRAPO y el CEBRASPO se oponen a la detención y expulsión, de Bolivia, de Hugo Romero Walter Minaya, Minaya Williams Antonio Romero, Blanca Riveros Alarcón y José Antonio Cantoral Benavides. Y se ayuntan al pueblo boliviano, las organizaciones sindicales y políticas y las organizaciones de derechos humanos en la denuncia de esta acción condenable del gobierno que, con métodos fascistas, intenta silenciar las voces en su contra. Que el gobierno de Evo Morales libere inmediatamente a los cuatro presos políticos y haga reparación del daño que causa. Y cese la represión de la disidencia política en Bolivia.
IAPL – Asociación Internacional de los Abogados del Pueblo
ABRAPO – Asociación Brasileña de los Abogados del Pueblo
CEBRASPO – Centro Brasileño de Solidaridad a los Pueblos
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