Pensiones dignas versus beneficencia
10/10/2018 |
Sabino Cuadra Lasarte
Coincidí con la actual ministra Magdalena Valerio durante la legislatura de 2011-2015 en la Comisión de Empleo y Seguridad Social y en la de Seguimiento del Pacto de Toledo. En esta última actuó en distintas ocasiones como portavoz del Grupo Socialista. Sus intervenciones críticas para con el Gobierno de Rajoy fueron siempre fuertes y contundentes. Fue también portavoz en el Pleno del Congreso en el importante debate del Proyecto de Ley del Gobierno del PP de Reforma del Sistema de Pensiones.
Su intervención consta en el Diario de Sesiones del 31 de octubre de 2013: “No estamos de acuerdo con las formas, pero tampoco con el fondo, ni con el factor de sostenibilidad que ustedes plantean, ni cómo lo plantea, ni cuándo lo plantean, ni tampoco con el índice de revalorización... La reforma laboral ha sido un pedazo de viga en la vía que ha hecho descarrillar el sistema de pensiones... Así que cuando cambie la mayoría política en este país, y estoy convencida de que mi partido volverá a gobernar este país, se va a cambiar esta ley, será de las primeras cosas que hagamos, derogar esta ley”
“Derogar la ley”. Este latiguillo fue muy utilizado durante aquella legislatura por los y las portavoces del PSOE al terminar sus intervenciones en los debates sobre la LOMCE, la Ley Mordaza, la reforma laboral, la de las pensiones...: “Nada más llegar al Gobierno el PSOE derogará....”, y la bancada socialista rompía en aplausos. Pero nada de eso está pasando. Hoy, el PSOE y Margarita Valerio repiten una y otra vez eso de “donde dije digo, digo Diego”.
En una de sus primeras entrevistas la ministra señaló que “la Reforma Laboral no se puede derogar alegremente”. En la misma línea, pocas semanas después afirmó que “si hemos criticado la reforma unilateral de las pensiones, no me gustaría tropezar en la misma piedra”. Es decir, de aquello de derogar las reaccionarias leyes del PP una vez se llegara al Gobierno, de momento, nada. Por supuesto, nadie le había pedido alegrías a la ministra para derogar la reforma laboral, sino todo lo contrario: seriedad. Porque lo que es una alegría es prometer una cosa y no hacerla. Por otro lado, derogar la reforma de las pensiones que unilateralmente hizo el Gobierno del PP, no es antidemocrático, sino reponer el régimen de las pensiones al punto de partida en el que éstas fueron violentadas. Consenso, diálogo y negociación, toda la que la ministra quiera, pero anúlese primero la reforma del PP, porque lo contrario supone que, mientras tanto, continúa en vigor aquella reaccionaria Ley.
El pasado 1 de octubre, mientras 25.000 pensionistas se manifestaban por las calles de Bilbo reclamando, entre otras cosas, una pensión mínima de 1080 euros al mes, la ministra se reunió con una delegación de los Pensionistas de Bizkaia y les dejó claro, blanco sobre negro, que, si bien “ya me gustaría, a mí y al Gobierno” atender esa petición, era imposible porque afectaría a la “sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones”.
Los 1080 euros no es una cantidad fijada arbitrariamente por los pensionistas, sino que refleja lo que la Carta Social europea establece, fijando el umbral de la pobreza en un 60% de la media de ingresos por unidad de consumo en los hogares. Es decir, negarse a esto supone dar el visto bueno a que, por ejemplo, en Euskal Herria, un 60% de pensionistas (el porcentaje entre las mujeres es aún mayor, un 70%), malvivan inmersas en una situación de pobreza, y muchas de ellas, en condiciones de pobreza extrema.
Por otro lado, sería injusto poner solo al PP como blanco de las críticas. Antes de la reforma del Gobierno de Rajoy, el Gobierno de Zapatero congeló las pensiones en mayo de 2010 y, poco después, en enero de 2011, acordó una Reforma que alargó la edad de jubilación, aumentó el número de años necesarios de cotización y agravó el régimen de las jubilaciones parciales y anticipadas. La reforma tuvo el aval de CCOO y UGT –también de la CEOE y CEPIME, por supuesto-, y el rechazo de la mayoría sindical vasca (ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE, Hiru), la CIG en Galiza, y la CGT en el conjunto del Estado, que convocaron una huelga general contra el proyecto
Se nos dijo entonces que la reforma serviría para garantizar a futuro el sistema público de pensiones, pero nada de esto ha ocurrido. Por el contrario, sirvió para abrir las puertas a la segunda reforma de Rajoy y, lo que es peor, a difundir la necesidad de corresponsabilizarse ante la crisis, vendiendo entre el pensionariado la idea de que el actual sistema no era viable. Se habla así, y mucho, de la sostenibilidad del sistema de pensiones y el déficit que presenta el mismo, pero muy poco de las cargas de profundidad introducidas contra el mismo durante estas últimas décadas: desgravaciones a las empresas en las cotizaciones, salario mínimo irrisorio, bases máximas de cotización condescendientes con los grandes sueldos, falta de una política pública clara de fomento del empleo juvenil y de lucha decidida contra el paro....
Por otro lado, ¿por qué se garantiza la sostenibilidad de la banca corrupta (60.000 millones de euros son irrecuperables) y, a la par, se vacía el Fondo de las Pensiones en una cantidad similar para cubrir los estropicios ocasionados por el Gobierno al propio sistema? ¿Por qué los presupuestos públicos priorizan los intereses de una cuadrilla de banqueros por encima de los de 9 millones de pensionistas? ¿Por qué no se dice que el más deficitario de todos ministerios es el de Defensa, el único, por cierto, que no ha tenido recorte alguno, sino todo lo contrario, durante todos los años de la crisis?.
No es cierto que se pretenda hacer sostenible el sistema de pensiones. Por el contrario, lo que muestran las últimas reformas es que se apuesta por debilitarlo cada vez más y por abrir vías a la entrada de la banca, mutuas y fondos de inversiones en este apetitoso campo. Se dan pasos así, uno tras de otro, que debilitan el sistema de Seguridad Social y apuntan en la dirección de convertirlo en algo parecido a un sistema de beneficencia en el que prestaciones sociales dejen de ser consideradas como derechos y, cada vez más, sean concebidas como limosnas otorgadas por un Estado benefactor. Y mientras tanto, el capital privado se irá haciendo con el gran negocio de las pensiones y adornará su esquilme social con misericordiosas Fundaciones y patrocinios de “obras sociales” destinados a los sectores más desfavorecidos.
4/10/2018 / VientoSur
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