Operación Cóndor: el terrorismo de Estado en Latinoamérica se conoce gracias a la participación de Estados Unidos.
Publicado por Diario Octubre
Más de 7.000 registros
secretos de Estados Unidos sobre la guerra sucia en Argentina fueron
desclasificados en abril pasado. Por primera vez aparecieron documentos
que vinculan directamente a Augusto Pinochet y Manuel Contreras con
asesinatos selectivos planificados y ejecutados por la Red Cóndor,
creada y dirigida por Contreras para coordinar la represión de los
servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur. En julio de
1976 un informe de la CIA informó que una de las operaciones de Cóndor
era “liquidar individuos seleccionados” y que Chile tenía “muchos
objetivos en Europa”. Otro cable secreto de la CIA indicó que Contreras y
Pinochet coordinaban las “listas de objetivos”. También incluyen
revelaciones sobre los crímenes de Letelier-Moffitt y el general Prats y
su esposa, ejecutados por la DINA en Washington y Buenos Aires.
Entre julio y principios de agosto de 1976, pocas semanas después de
que el régimen de Pinochet fuera anfitrión de una reunión clave de la
Operación Cóndor en Santiago, la CIA obtuvo información que vinculó al
general Pinochet directamente con las operaciones de asesinatos que
planificó y ejecutó la Red Cóndor. Una fuente de la CIA informó que
entre los planes de Cóndor (coordinación de los servicios secretos de
las dictaduras del Cono Sur) estaba el “liquidar individuos
seleccionados” en el extranjero. “Chile tiene ‘muchos objetivos’ (no son
identificados) en Europa”, le informó una fuente a la CIA a fines de
julio de 1976.
En otro cable secreto de inteligencia de la CIA, la misma fuente
entregó información adicional sobre los complots para ejecutar
asesinatos: “Juan Manuel Contreras, el hombre que originó todo el
concepto de Cóndor y ha sido el catalizador en su creación, coordinará
los detalles y las listas de objetivos con el presidente chileno Augusto
Pinochet Ugarte”.
Por esta precisa razón, la CIA estimaba que mientras algunos líderes
de los países que integraban la Operación Cóndor “no serían informados
de estos planes de operaciones de asesinatos en Europa”, era poco
probable que esa situación se repitiera en Chile.
Estos reveladores reportes de inteligencia sobre la Operación Cóndor
fueron desclasificados en abril pasado, junto con cerca de 47.000
páginas de archivos secretos de la inteligencia estadounidense sobre la
guerra sucia en Argentina. Más de 7.000 registros de la CIA, el FBI, el
Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) arrojan nueva y
cuantiosa luz sobre el estado de terror que existía en Argentina entre
1976 y 1983, cuando los militares estaban en el poder.
Los detallados documentos, desclasificados por el gobierno de Donald
Trump, entregan nueva y extensa evidencia de la infraestructura de la
represión, el destino de cientos de desaparecidos que fueron
secuestrados, torturados y asesinados. Además, detallan el rol de
Argentina en la campaña de terrorismo internacional conocida como
Operación Cóndor.
Algunos de esos documentos -hasta ahora desconocidos- revelan también
importante información sobre el rol de la dictadura chilena en la
coordinación de la represión criminal que se ejecutó a través de la
Operación Cóndor.
El “Proyecto de Desclasificación de Argentina”, como es conocido
oficialmente en los círculos del gobierno estadounidense, es uno de los
raros casos en que el presidente Donald Trump no revirtió una política
iniciada por su predecesor (Barack Obama), sino que la completó. Fue
durante la preparación de la visita de Estado que realizaría el
presidente de Argentina Mauricio Macri a Estados Unidos, en abril de
2017, cuando Fernando Cutz, director senior del Consejo Nacional de
Seguridad para Asuntos del Hemisferio Occidental, informó a Donald Trump
que
Macri le había pedido personalmente a Obama esa desclasificación especial cuando este visitó Buenos Aires un año antes.
Trump tenía antiguos vínculos personales con Macri. Décadas antes,
habían salido juntos de bar en bar en Nueva York mientras sus padres
hacían negocios inmobiliarios. Años más tarde, la Organización Trump
buscó la ayuda de Macri para concretar su plan de construir una Torre
Trump en Buenos Aires. Esa relación, “ayudó a poder presentar el
proyecto como una solicitud de Macri en lugar de una iniciativa de
Obama”, recordó Cutz.
Aunque hay que decir que la verdadera génesis del “Proyecto de
Desclasificación de Argentina” comenzó con un error de programación
presidencial. En efecto, todo se originó en la primavera de 2016, cuando
la administración Obama organizó un viaje histórico de dos días para el
presidente a La Habana y luego un viaje de tres días a Argentina. Las
fechas de las visitas de Estado de alto perfil fueron determinadas, en
parte, por el hecho de que eran las vacaciones de primavera de las dos
hijas de Obama y él quería que ellas pudieran disfrutar de unas cortas
vacaciones en Cuba y en la Patagonia, en el sur de Argentina.
Pero
el anuncio de la Casa Blanca de que el presidente de Estados Unidos
estaría en Buenos Aires el 24 de marzo de 2016, coincidiendo con el 40
aniversario de la sangrienta toma de control militar, provocó una
protesta de las agrupaciones de derechos humanos en Argentina.
Estados
Unidos era percibido, en palabras del Premio Nobel de la Paz argentino
Adolfo Pérez Esquivel, como “un cómplice de golpes de Estado en esta
región”. Las protestas masivas, con pancartas que decían “El Día de la
Memoria: Fuera Obama”, fueron vistos como una amenaza.
Fue entonces que, en una reunión con el presidente Mauricio Macri,
activistas de derechos humanos, liderados por las famosas Abuelas de
Plaza de Mayo, le exigieron que le pidiera a Obama que desclasificara
los registros de inteligencia que podrían ayudarlas a localizar a sus
hijos e hijas desaparecidos. También a los nietos que habían nacido en
centros de detención secretos y luego adoptados por familias militares
después de que sus madres fueron ejecutadas.
Para corregir esta grave afrenta a las familias de las víctimas, la
Casa Blanca y el gobierno de Macri organizaron una ronda de “diplomacia
de la desclasificación”: el uso de documentos secretos de Estados Unidos
para avanzar en las relaciones bilaterales. Así, en la mañana del 24 de
marzo de 2016, Obama y Macri visitaron el Parque de la Memoria en
Buenos Aires para presentar sus respetos a las víctimas de la guerra
sucia.
“Hoy, en respuesta a una solicitud del presidente Macri, y para
continuar ayudando a las familias de las víctimas a encontrar algo de la
verdad y la justicia que merecen, puedo anunciar que el gobierno de los
Estados Unidos desclasificará aún más documentos de ese período,
incluyendo, por primera vez, registros militares y de inteligencia. Creo
que tenemos la responsabilidad de enfrentar el pasado con honestidad y
transparencia”, declaró Obama en un discurso conmovedor.
Solo tres meses más tarde, en junio de 2016, la Casa Blanca emitió
una “tarea” para todas las agencias de seguridad nacional de Estados
Unidos, titulada “Proyecto de Desclasificación de Argentina”: ordenó una
búsqueda de archivos durante 18 meses y una revisión de los registros
relevantes.
“La Administración continúa apoyando los esfuerzos para
aclarar los hechos que rodean las violaciones de derechos humanos, los
actos de terrorismo y la violencia política en Argentina durante el
período de la Guerra Sucia de 1975 a 1984”, se lee en la directiva, en la que, además, se pidió a las agencias “que prioricen el apoyo para este esfuerzo”.
Según John Fitzpatrick, quien dirige la Oficina de Administración de
Registros de la NSC, casi 400 archiveros, analistas, oficiales de FOIA
(Ley de Libertad de Información) y administradores de registros
provenientes de 16 agencias gubernamentales diferentes participaron en
la búsqueda y el procesamiento de los documentos, usando aproximadamente
30.000 horas de trabajo para completar el proyecto.
Antes de que Barack Obama dejara la presidencia de su país, su
administración publicó las dos primeras partes de los registros. Luego,
en abril de 2017, durante su propia reunión cumbre con Mauricio Macri,
el presidente Trump le entregó personalmente un pendrive que contenía la
tercera parte. Como era de esperar, Donald Trump marcó el lanzamiento
final de estos documentos proclamándolo como el más grande de la
historia.
“La publicación de los registros constituye la mayor
desclasificación en la historia de los registros del gobierno de los
Estados Unidos directamente a un gobierno extranjero”, escribió Trump en una carta enviada a Macri el 11 de abril de 2019.
Cuando los documentos de inteligencia se desclasifican, generalmente
están repletos de párrafos tachados: franjas de información ocultas en
virtud de la seguridad nacional o para proteger “fuentes y métodos”
encubiertos. Pero debido al meticuloso control de calidad ejercido por
un administrador de registros NSC llamado John Powers, los últimos
registros publicados por la CIA, el FBI y la Agencia de Inteligencia de
Defensa en Argentina están mucho menos censurados que las
desclasificaciones especiales anteriores. Esta transparencia excepcional
los ha convertido en documentos mucho más valiosos para los
historiadores, así como para los investigadores legales que continúan
persiguiendo estos crímenes contra la humanidad.
Como colección, los documentos constituyen un catálogo del sadismo
que caracterizó el terrorismo de Estado en Argentina. Por ejemplo, un
cable de la CIA informó que varios meses después del golpe de Estado de
1976, la policía federal detuvo y asesinó en masa a 30 militantes y
luego dispersó partes de sus cuerpos -utilizando dinamita- en un campo
abierto “como una advertencia a los extremistas de izquierda”.
Otro informe del FBI proporcionó detalles sobre cómo las fuerzas de
seguridad interceptaron y robaron una carroza fúnebre con los restos de
Marcos Osatinsky, líder del grupo guerrillero Montoneros, “para evitar
que el cuerpo fuera sometido a una autopsia, la que habría demostrado
que había sido torturado”.
Al menos media docena de cables del FBI y la CIA registran una
operación del SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado que tuvo en
Argentina una función similar a la DINA en Chile), para
secuestrar, torturar y ejecutar a dos oficiales de la embajada cubana
sospechosos de ayudar a militantes de izquierda en Argentina. Después
de que los cubanos fueron asesinados, según un informe del FBI marcado
como “Secreto / solo para sus ojos”, “sus cuerpos fueron arrojados con
cemento en un gran tambor de almacenamiento y arrojado al río Luján”,
cerca de Buenos Aires.
Otro cable del Departamento de Estado describió cómo los agentes de
seguridad argentinos detuvieron y torturaron a una psicóloga en silla de
ruedas para obtener información sobre uno de sus pacientes.
La tortura fue rutina, afirmó Patricia Derian, subsecretaria de
Estado para los Derechos Humanos durante la administración del
presidente estadounidense James Carter, después de un viaje de
investigación a Argentina.
“La picana eléctrica, algo así como una picana de ganado
sobrecargada, sigue siendo aparentemente una herramienta favorita de
tortura, como lo es el tratamiento del ‘submarino’ (inmersión de la
cabeza en una tina de agua, orina, excremento, sangre o una combinación
de estos)”, según el resumen de abusos que surgen de los documentos
desclasificado que hizo Derian. “Ya no hay ninguna duda de que Argentina
tiene el peor historial de derechos humanos en América del Sur”,
concluyó.
Muchos de los documentos recientemente desclasificados van más allá
de una descripción de las violaciones de los derechos humanos e
identifican a los infractores. “Estos documentos entregan nombres.
Identifican a los perpetradores y a sus víctimas”, observa mi colega
Carlos Osorio, analista senior del Archivo de Seguridad Nacional, quien
proporcionó una amplia experiencia y apoyo al “Proyecto de
Desclasificación de Argentina”.
Debido a que entregan esos nombres, proporcionan un nivel de verdad y
responsabilidad que muchos otros proyectos de desclasificación no han
logrado, afirma Osorio.
Por ejemplo, un informe de la CIA sobre una reunión de los
participantes de la Operación Cóndor en diciembre de 1976, realizada en
Buenos Aires, “para discutir operaciones de guerra psicológica”,
proporciona los nombres de los dos oficiales de la DINA que asistieron:
el teniente coronel Enrique Cowell Mansilla, quien se desempeñó como
subdirector de Operaciones Psicológicas de la DINA; y el teniente Arturo
Mejías, del mismo departamento de la DINA chilena.
Además, cientos de cables del agente del FBI Robert Scherrer, quien
constantemente proporcionó la información más detallada sobre las
operaciones y los abusos de las fuerzas de seguridad argentinas,
contienen las identidades no censuradas de sus fuentes confidenciales,
proporcionando así una lista maestra de las personas que presenciaron,
tuvieron conocimiento o estuvieron directamente involucrados en el
aparato de represión. Aunque muchas de sus fuentes han fallecido, los
registros sin censura permitirán a los investigadores de derechos
humanos determinar quién dentro del Ejército, los Servicios de
Inteligencia y la policía argentinos tenían conocimiento en detalle
sobre atrocidades específicas. Esa información ayudará ahora a avanzar
en una serie de investigaciones en curso sobre derechos humanos.
No obstante tener su sede del FBI con asiento en Buenos Aires, Robert
Scherrer se convirtió en el investigador principal del asesinato con un
coche bomba del ex embajador chileno Orlando Letelier y su colega en el
Instituto de Estudios de Política, Ronni Moffitt, de tan solo 25 años.
El atentado terrorista tuvo lugar en Washington el 21 de septiembre de
1976.
El famoso informe de “Chilbom” [bombardeo de Chile] de Scherrer fue
el primer –y durante años el único– documento parcialmente
desclasificado que mencionaba la participación de la Operación Cóndor,
identificándola como una “organización [recientemente establecida] entre
los servicios de inteligencia cooperantes en América del Sur”. La
inteligencia que Scherrer reunió sugería que el asesinato de Letelier y
Moffitt era una posible misión de “fase tres” de Cóndor, encabezada por
el general Augusto Pinochet de Chile y su policía secreta, la DINA.
El cable “Chilbom” de Scherrer ahora ha sido desclasificado por completo, y la identidad de su fuente revelada:
un agente de Inteligencia del Ejército argentino involucrado en los esfuerzos de los escuadrones de la muerte en Europa.
“La fuente es el Dr. Arturo Horacio Poire, quien es miembro del grupo
especial argentino que posiblemente participará en la tercera fase de la
‘Operación Cóndor’”, se lee en el informe de Sherrer. La identificación
de Poire ha abierto la puerta a una nueva investigación sobre los
esfuerzos de Cóndor para extender su represión al exterior.
Pero la versión no editada del cable de Scherrer es solo uno de las
docenas de registros excepcionalmente detallados del FBI y la CIA sobre
la Operación Cóndor que se encuentran en la colección de Argentina.
Proporcionan una historia mucho más completa de la infraestructura y la
capacidad operativa de Cóndor de lo que se conocía anteriormente.
Argentina -y no el Chile de Pinochet, país que ideó por primera vez
el concepto de colaboración de las policías secretas de las dictaduras
del Cono Sur-, fue designado “Cóndor 1”. Los registros desclasificados
de la CIA dejan en claro que los “distintivos de llamada” numéricos para
los países miembros eran en realidad alfabéticos: Argentina fue
Condor-1; Bolivia, Cóndor-2; Chile, Cóndor-3; Paraguay, Cóndor-4;
Uruguay, Cóndor-5. Estas designaciones se usaron en comunicaciones
encriptadas entre los países miembros de Cóndor.
Luego del asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffit en
Washington, altos oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas se
preocuparon porque la investigación en Estados Unidos renovara la
atención en otro asesinato similar y el rol de militares argentinos en
ese hecho: el atentado con un carro bomba que acabó con la vida del
general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Argentina, en
septiembre de 1974.
La CIA supo que el comandante en jefe de la Armada argentina,
almirante Emilio Massera, recibió varios reportes sobre el asesinato de
Letelier que discutían “el probable curso de la investigación, cómo esta
afectaría al régimen chileno, y la posible aparición de información
sobre el asesinato de Prats”. De acuerdo a fuentes de la CIA en
Argentina, las Fuerzas Armadas estaban preocupadas de que el gobierno
del entonces presidente de EEUU, Jimmy Carter, “va a intentar crear un
escándalo por el caso Prats en Argentina” y decidieron que “deben
adoptarse medidas para ocultar cualquier responsabilidad de Argentina”
en el asesinato del ex comandante en jefe chileno y su señora.
La “oficina central de archivos” de la Operación Cóndor se estableció
en Santiago, según fuentes de la CIA. Pero Argentina fue la sede
operativa de un programa especial de Cóndor llamado “Teseo” (el mítico
rey griego que mató al temible Minotauro y otros enemigos del orden
social), cuya misión era “liquidar individuos seleccionados” en el
extranjero. Los cables secretos de la CIA describen a
“Teseo” como
“una unidad establecida por la organización cooperativa Cóndor de
servicios de inteligencia sudamericanos para realizar ataques físicos
contra objetivos subversivos”, primero en París y luego en otras
ciudades europeas.
En septiembre de 1976, las naciones de Cóndor firmaron un acuerdo
titulado “Regulación de Teseo, Centro de Operaciones”, para ratificar su
cooperación en planificación, financiamiento, logística, comunicaciones
y “selección de objetivos”. La CIA obtuvo una copia del acuerdo que
describe, con detalles banales, cómo cada servicio de inteligencia
contribuiría al programa internacional de asesinatos. El Centro de
Operaciones estaría compuesto por “representantes permanentes de cada
servicio participante”. Su horario de trabajo sería de 9:30 a.m. a 12:30
p.m. y de 2:30 p.m. a 7:30 p.m. Cada país haría una contribución de
US$10.000 para gastos operativos, con cuotas mensuales de US$200 pagadas
“antes del 30 de cada mes”.
Los equipos para ejecutar asesinatos enviados a Europa estarían compuestos por cuatro individuos,
“eventualmente con una mujer incluida” presumiblemente para ayudar a
proporcionar cobertura para la misión. “Los costos operativos en el
extranjero se estimaron en US$3.500 por persona durante diez días”,
describió el acuerdo, “con US$1.000 adicionales para la primera vez,
para asignación de ropa”. En la sección clave titulada “Ejecución del
objetivo”, el acuerdo establece que los equipos operativos “a)
interceptarán el objetivo, b) llevarán a cabo la operación y c)
escaparán”.
Los funcionarios de la CIA vieron estos complots de Cóndor para
asesinar en Europa como un posible escándalo para la agencia y se
movieron proactivamente para frustrarlos. “Los planes de estos países
para emprender acciones ofensivas fuera de sus propias jurisdicciones
plantean nuevos problemas a la Agencia”, escribió Ray Warren, entonces
jefe de la División de América Latina. A fines de julio de 1976, Warren
activó la alarma del subdirector de la CIA: “Se deben tomar todas las
precauciones para garantizar que la Agencia no sea acusada injustamente
de ser parte de este tipo de actividad”.
Un mes después, Warren volvió a advertir a sus superiores de las
“ramificaciones políticas adversas para la Agencia en caso de que Cóndor
participe en asesinatos y otras violaciones flagrantes de los derechos
humanos”. Pero también informó sobre la “acción” que los agentes de la
CIA estaban realizando para “evitar” esas ramificaciones “en caso de que
los países de Cóndor procedan con el aspecto europeo de sus planes”.
Si bien esa sección del memorándum de Warren todavía está censurada,
otro documento desclasificado basado en el memorándum de Warren y otros
registros de la CIA -un informe del Senado sobre Cóndor calificado como
de alto secreto-, fue publicado sin modificaciones.
“La CIA advirtió a
los gobiernos de los países en los que es probable que ocurran los
asesinatos, Francia y Portugal, que a su vez advirtió los posibles
objetivos”, se lee en el informe sin censura. “La trama fue frustrada”, concluye.
Estos registros revelan la habilidad de la CIA para contrarrestar las
misiones asesinas de Cóndor en Europa, y revive las preguntas sobre por
qué y cómo fracasó en detectar y disuadir una misión similar en el
centro de Washington, DC: el atentado con coche bomba de septiembre de
1976 que cobró la vida de Letelier y Moffitt.
Hasta ahora, “la Operación Cóndor ha sido un misterio mortal”, dice
el periodista de investigación John Dinges, que está utilizando los
registros desclasificados para reeditar su libro pionero “Los años
del cóndor”. “Durante décadas, tanto la CIA como el FBI nos mantuvieron
en la oscuridad sobre lo que sabían y cuándo lo supieron”. Pero con los
documentos recientemente publicados, “esa pregunta central puede ser
respondida, y es vergonzoso para el gobierno de los Estados Unidos”,
afirma Dinges.
Hubo un enlace íntimo de la CIA con los funcionarios de Cóndor, y una
amplia inteligencia temprana de los planes de Cóndor que pudieron haber
evitado el asesinato en Washington, concluyó.
Como muchos registros, en el “Proyecto de Desclasificación de
Argentina”, los documentos sobre la Operación Cóndor entregan nombres,
fechas, lugares de reunión y descripciones vívidas de los programas
clandestinos llevados a cabo por los servicios de inteligencia y
seguridad de las dictaduras del Cono Sur.
Este tesoro de nuevas evidencias ayudará a los investigadores de
derechos humanos en Chile, Argentina y los otros países de Cóndor que
continúan persiguiendo los delitos de terrorismo patrocinados por el
Estado en la era de los regímenes militares.
De hecho, desde que se publicaron los documentos en abril de 2019,
equipos de funcionarios argentinos los han evaluado por su valor
probatorio en los enjuiciamientos de derechos humanos. A mediados de
septiembre, según funcionarios de la embajada argentina, el Ministerio
de Justicia de ese país transmitió un conjunto de consultas y
solicitudes de aclaración a Washington. Los funcionarios estadounidenses
que trabajaron en el proyecto de desclasificación están ahora
examinando esas preguntas.
Los documentos “ya fueron aportados en causas en curso tanto en etapa
de investigación como de juicio”, según un comunicado del Ministerio
Público Fiscal en Argentina. Han revelado “nuevos datos sobre el
funcionamiento de las instituciones durante la última dictadura“, así
como “datos sobre la responsabilidad de funcionarios que participaron en
violaciones masivas a los derechos humanos”.
Las organizaciones de derechos humanos, así como las familias de las
víctimas, para quienes los documentos pueden proporcionar un cierre
triste pero conmovedor, también están revisando este material. Y con
mucho interés y expectativa ya que
gran parte de los propios archivos
de la represión de Argentina también han desaparecido: fueron quemados,
enterrados o tal vez arrojados al océano, al igual que muchas víctimas.
Como dijo Carlos Osorio en la audiencia con motivo de la publicación
de los registros, el 12 de abril pasado: “En varios casos estos
documentos proporcionarán a esas familias la única evidencia que hayan
tenido sobre el destino de sus seres queridos”.
Carlos Eduardo dos Santos Nascimento, desaparecido após ser abordado por PMs. Foto: Redes Sociais 
