Desde nuestro rincón de lucha, criminalización y resistencia campesina en Paraguay.
Catalina Britez y João Guilherme A. de Farias
Rebelión
En el mes de julio fue lanzado en Asunción, Paraguay, el libro "Desde Nuestro Rincón de Lucha: memorias de una década de injusta prisión", obra que reúne, además de notas de apoyo y otros documentos, cartas intercambiadas entre organizaciones, militantes y otras personalidades y los seis dirigentes campesinos paraguayos arbitrariamente condenados, a lo largo de esos diez años de prisión. Prisioneros en Tacumbú, penitenciaria ubicada en la región central de Asunción, Augustín Acosta, Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón siguen resistiendo y esparciendo la necesidad de un nuevo tipo de sociabilidad capaz de superar las relaciones capitalistas y la apropiación privada de los medios esenciales para la producción y la reproducción de la vida.
Chokokue, en guaraní quiere decir “campesino”. Este artículo es un intento de exponer la dura realidad del campesinado paraguayo, con especial atención al caso de los seis campesinos, cuya batalla política y judicial puede ser leída en el recién lanzado libro "Desde nuestro rincón de lucha", pues la trayectoria enfrentada por ellos en los últimos diez años ofrece una comprensión fundamental del actual proceso de criminalización de las luchas sociales.
La resistencia campesina
Después de tres décadas de dictadura militar, las instituciones paraguayas todavía reproducen prácticas autoritarias que funcionan como un obstáculo al fortalecimiento de las libertades civiles y políticas. A esto se agrega una realidad socioeconómica mayoritariamente rural (producción agrícola y ganadera), asentada sobre una inconmensurable concentración de tierra, cuyos propietarios, no raramente, pertenecen a familias tradicionales que guardan estrechas relaciones con sectores de la alta burocracia estatal y del narcotráfico, como quedó evidente en el caso de la masacre de Curuguaty, en la región de Marina Kue.
Se estima que desde los años 90, más de 200 campesinos de diversas organizaciones han sido asesinados sin que tales muertes hayan sido siquiera investigadas, además de las prisiones ilegales y de instauraciones de averiguaciones policiales de carácter evidentemente político, por parte del Estado.
Siendo un sector de importante relevancia económica, al que el Estado no dedica políticas públicas capaces de siquiera amenizar los efectos de la explotación capitalista, el campesinado paraguayo viene desde hace años organizándose en torno a una pauta antiimperialista y anticapitalista, con la ayuda de cuadros y dirigentes locales que cuentan con sólida formación política e ideológica.
Estos campesinos, "trabajadores en ruina" como dijo Rafael Barrett, constituyen una vanguardia consciente que pone en jaque en todo momento la capacidad del Estado para responder a sus demandas.
Es preciso notar que la situación del campesinado paraguayo, bien retratada en documentales como Chokokue, vive en escandalosa contradicción con las regiones en que el latifundio es dominante. Según los datos, el 80% de las tierras están en manos del 4% del total de propietarios, de los cuales parte significativa está compuesta por brasileños.
Completamente mecanizados, una parte importante de estas tierras se destina a la producción de granos, sobre todo de soja, con la exportación de toda la cosecha, mientras que, por otro lado, los pequeños agricultores todavía emplean el arado tirado por buey en sus actividades y destinan su cultivo para el consumo interno y auto sustento de la familia.
Sin subsidios y sin mercado para sus productos, amenazados por el avance de los latifundios y el uso indiscriminado de agrotóxicos y transgénicos, los pequeños agricultores paraguayos se enfrentan a una realidad cada vez más complicada para su supervivencia.
Los grandes propietarios, por otro lado, se encuentran en una atmósfera bastante favorable, ya que gozan de beneficios como la ausencia de regulación de los capitales, posibilidad de adquisición de tierras nacionales desde el extranjero, cuentan con elevados subsidios, políticas de préstamos y financiamientos, inexistencia de tasación de riquezas y bajos impuestos sobre la producción.
El campesinado paraguayo, un sector de la población altamente consciente, desde la época de las “Ligas Agrarias Cristianas", encuentra en la organización política una forma de exponer sus demandas, ya sea auto organizándose, o sea exigiendo del Estado un posicionamiento. En ese marco es que se inserta la persecución política del Estado paraguayo sobre los trabajadores campesinos, situación sentida por los seis compañeros que hoy están presos en la penitenciaría de Tacumbú por su supuesta participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente colorado Raúl Cubas Grau.
El caso, vicios del procedimiento, extradición y juicio
Cecília Cubas fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 y encontrada muerta el 16 de febrero de 2005. El Ministerio Público pasa, entonces, a sostener que militantes y dirigentes políticos de Patria Libre, una organización de izquierda creada en los años 90 ligada a la Teología de la Liberación y que más tarde se convertiría en partido político, serían los responsables del crimen.
En un primer momento la acusación recae sobre Osmar Martínez, secretario general de Patria Libre. Seguidamente, se imputan a otros integrantes de esa misma organización política.
En junio de 2005, Agustín, Arístides, Basiliano, Gustavo, Roque y Simeón son acusados, sin solicitud de prisión preventiva, por haber tenido conducta omisiva, pues supuestamente tenían conocimiento del plan en curso y aún así no comunicaron a las autoridades competentes (omisión de aviso de hecho punible).
De los seis campesinos imputados por omisión, cinco componían el Partido Patria Libre, uno de ellos, por otro lado, pertenecía al Movimiento Agrario Popular (MAP), organización integrada por pequeños agricultores en siete estados de Paraguay y cuyo objetivo es la lucha por la reforma agraria integral .
Meses después de la primera acusación, conocedores de las arbitrariedades cometidas por la justicia burguesa, los seis campesinos van a Argentina, donde solicitan asilo político ante el organismo competente: el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE). En mayo de 2006, tres días después de la solicitud, el pedido es negado y los seis campesinos son enviados a una cárcel argentina hasta que se juzgue el recurso presentado.
En ese momento, innumerables activistas y otras tantas organizaciones redactan notas de apoyo y comunicados dirigidos a las autoridades argentinas para que se concediera el asilo político a los seis campesinos, pero fue negada la extradición.
Martín Almada, premio Nobel de la Paz Alternativo, ofrecido por el Parlamento Sueco, y responsable de encontrar los archivos secretos del terror que relatan detalladamente el funcionamiento de la Operación Cóndor, se dirige el 6 de diciembre de 2006 al gabinete del Juez Federal Ariel O. Lijo en calidad de "amigo de la corte" (amicus curiae) con el objetivo de interceder a favor de los campesinos. Sin embargo, nada serviría. Denegado el pedido, Almada redactó una carta (p. 32 y 33 del libro) en febrero de 2007 en la que lamenta la decisión, diciendo:
“En el Paraguay tenemos un gobierno fascista que no ofrece ninguna garantía a los extraditables líderes campesinos, saca a las calles tanto al Ejército como a la Policía. Le gusta bañarse de sangre y revolverse en el discurso democrático. Penaliza las protestas sociales y legitima la violencia. Usted, al conocer la extradición, por lo visto, no tuvo en cuenta nuestros argumentos sino una vez más las razones de los poderosos. Los jueces como usted se convierten en verdugos de los mismos a quienes deben resguardar o proteger. ¡Qué lástima, señor juez!”.
Todavía presos en Argentina, sin cualquier indicio que los vinculase al caso Cecilia Cubas, en agosto de 2008, los seis campesinos iniciaron una huelga de hambre que duraría más de dos meses y cuyo fin coincidió con el regreso a Paraguay en noviembre del mismo año, tras la decisión a favor de la extradición por la Corte Suprema de Argentina.
También hubo quien se manifestara contra los seis campesinos. Mirta Gusinky, senadora de extrema derecha por el Partido Colorado y cuya carrera política se construyó sobre la muerte de la hija Cecilia Cubas, fue quien encabezó el movimiento.
Tras la extradición, ya en Paraguay, las manifestaciones de apoyo y resistencia parten de todos los países vecinos. El Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, fue una de las personas que intentó intervenir en apoyo a los seis campesinos, redactando una carta al Juez Gustavo Amarilla, quien, una vez más ignoró las acusaciones que denunciaban el carácter político de la persecución penal y decidió aceptar, sin ningún fundamento, nuevas pruebas aportadas por la imputación.
Estas "pruebas", que nada mostraron, contenían supuestas conexiones entre los campesinos paraguayos y Raúl Reyes, miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cabe señalar que esto sólo ha dejado aún más evidente la injerencia estadunidense en la Región a partir de la expansión del Plan Colombia a países como Paraguay, donde en la provincia de San Pedro hay una base de las tropas del Comando Norteamericano del Sur, fuerzas militares vinculadas al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Movimiento similar al que se dio en Brasil con la Base de Alcántara. Está claro que uno de los objetivos, en Paraguay, es la represión a las organizaciones campesinas anticapitalistas que enfrentan con coraje la política llevada a cabo por el Partido Colorado.
En más una batalla judicial, sin ningún fundamento jurídico, la competencia para el juicio del proceso de los seis se transfiere de Asunción a San Lorenzo (ciudad contigua), donde es notorio el vínculo político entre las autoridades judiciales y la familia Gusinky.
En esta secuencia de arbitrariedades, desvirtuando completamente la óptica del proceso criminal, por la que la pena debe ser individualizada y el acusado estar claramente vinculado al crimen cometido, en 2010, los fiscales presentaron ante la justicia Carlos Espínola, ex integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Aceptado por el Tribunal, Espínola fue juzgado junto a los seis campesinos.
El elemento probatorio utilizado por los fiscales contra Espínola, por lo tanto, sirvieron también para los seis campesinos, aunque éstos no tengan ninguna relación con el EPP o con el acusado. No pasó de una maniobra jurídica de evidente carácter político y cuyo objetivo ha sido la sistemática criminalización del movimiento campesino.
El único indicio utilizado por la acusación y aceptado por los jueces se refiere al testimonio de Dionisio Olazar, agente policial infiltrado en la organización, cuya versión no sólo fue cambiando a lo largo del proceso, como también contestada por al menos otros 14 testimonios.
Según el Ministerio Público, con bases en los testimonios, Patria Libre había decidido realizar el secuestro y asesinar a Cecilia Cubas en una reunión ocurrida el 13 de enero de 2005, en la que se conoció como "reunión de punto final". Es curioso, sin embargo, que los laudos médicos atestiguaron que la muerte de Cecilia se había dado al menos 60 días antes del día en que el cuerpo fue descubierto, por lo tanto, en fecha anterior a dicha reunión.
Así, en determinado momento procesal, configurando flagrante violación, los fiscales cambian la acusación contra sus campesinos. Estos ya no son acusados de omisión de advertencia, sino de secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Pero eso no es todo.
Después de cinco años de prisión, en 2011 la defensa presentó solicitud de liberación y revocación de la prisión preventiva, de conformidad con la legislación paraguaya. Sin embargo, el pedido fue negado en razón de que el Tribunal de Apelación Paraguayo decidiera, de manera escandalosa, que el tiempo de prisión en Argentina no podía ser contabilizado porque, según creían los juzgados, durante el tiempo en que permanecieron en Argentina aguardando la decisión sobre el asilo político los seis campesinos permanecieron en libertad (Pasmen!), o sea, nunca estuvieron presos.
Después de ese episodio, se presentaron sucesivos habeas corpus ante la Suprema Corte de Justicia de Paraguay, pero todos negados. Otras peticiones de nulidad por infracción procesal fueron hechas por la defensa, pero, de la misma forma, todos fueron juzgados improcedentes.
La defensa entonces recurre a la aplicación de la Ley Antimora, una norma jurídica paraguaya según la cual el proceso debe ser extinto si, aún en primer grado, pasa más de tres años entre la acusación formal y la sentencia.
En el caso de los campesinos, la defensa pidió la extinción del proceso en 2012, plazo muy superior al que exige la Ley. Una vez más la justicia mostró su parcialidad y el compromiso con los poderosos. Según la Corte Suprema, no era posible considerar, a los efectos de la legislación, el tiempo en que los seis estuvieron en Argentina.
Así, en julio de 2012, sin evidencias concretas entre el hecho y los acusados, los seis campesinos fueron condenados en primera instancia a 25 años de prisión y a 10 años de medidas de seguridad, sentencia confirmada en segunda instancia en mayo de 2014.
“El hecho de habernos condenado a 35 años no significa una derrota para nosotros. Por el contrario, nos han fortalecido en nuestras posiciones y nos vuelven mucho más libres en nuestra postura” (p. 175), así, con una rotunda dignidad, recibieran los seis campesinos la noticia de la condena.
Solidaridad y resistencia: la prisión como ambiente de lucha
Sentenciados, los seis campesinos, Augustín Acosta, Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón, fueron trasladados a la cárcel de Tacumbú.
Tacumbú es una prisión que está ubicada en la región central de Asunción, capital del Paraguay. Al igual que otros países vecinos, Tacumbú enfrenta el grave problema de la capacidad y la falta de estructura mínima y adecuada para albergar a sus prisioneros. Con capacidad para cerca de 1.200 personas, cuenta hoy con más de 4.000 detenidos.
A pesar de todos estos factores perjudiciales, sumado a la certeza de ser objeto de la más absoluta injusticia, los seis campesinos siguen resistiendo. Los actos de solidaridad parten de todos lados y cuentan con el fiel apoyo de la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) y del Partido Comunista Paraguayo (PCP), quienes integran el editorial del libro Desde Nuestro Rincón de Lucha.
Incluso atrapados detrás de rejas casi tan inflexibles cuanto la ignominia de los hombres que allí los colocaron, sus ideas y su grito de resistencia, lucha y organización resuenan mucho más allá de Paraguay. Con la inquebrantable esperanza digna de un revolucionario, los seis campesinos crearon la Escuela de Formación Política Soledad Barrett [1].
“La clase sigue con un repaso de a situación internacional, de las luchas de los pueblos, de los aprendizajes. Preguntas y respuestas sobre Argentina, sobre Colombia, sobre Brasil, sobre Venezuela. El avance de las derechas. Las posibilidades de resistencia. Los aprendizajes de estas experiencias.” (p. 190 del libro). Como dice Caludia Korol, autora del artículo, “Quiénes estén interesados en asistir, visiten a los presos campesinos ”.
El libro
Desde nuestro rincón de lucha: memorias de una década de injusta prisión (Arandurã, 2017) es mucho más que un simple libro. Es la reunión de tristes, indignantes y vigorosos relatos de esos seis hombres que fueron objeto de la justicia burguesa por levantarse contra las desgracias del capitalismo, contra la falta de tierra, pan y justicia. Se levantaron contra el poder de la narco oligarquía paraguaya y extranjera, de los altos burócratas y de los grandes terratenientes que asesinan, como en Brasil, a todos aquellos que se atreven a decir: si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den!
La importancia del libro, que reúne, además de otros escritos, las cartas intercambiadas entre los campesinos y las organizaciones políticas de toda América Latina, está en denunciar lo que ni siquiera los gobiernos progresistas lograron revertir: la criminalización de las luchas sociales.
Es muy esclarecedora una parte de las cartas en el que dicen los 6 campesinos que “Lo que muchos se les escapa de vista es que en el progresismo los medios de producción permanecen en manos de la burguesía y que se mantiene el régimen de explotación del hombre por el hombre.” (p. 165 del libro).
El caso de los seis campesinos pasó por los gobiernos de Fernando Lugo, en Paraguay, y de Cristina Kirchner, en Argentina, dos enaltecidos progresistas, sin que ninguno de ellos haya tomado la decisión de poner fin a la persecución llevada a cabo contra los seis campesinos. Lo mismo en Brasil, con Lula.
Al final, comprar una pelea de esa altura significaría desestabilizar toda una plataforma electoral pautada en alianzas políticas esdrújulas, algo que aún asombrará a los gobiernos "progresistas" de la Región, incluso en Brasil, e indirectamente a la izquierda como un todo.
El caso de los seis campesinos es sintomático. La criminalización de las luchas sociales y de las organizaciones políticas, con sus militantes y dirigentes, sólo ha aumentado en los últimos años en Paraguay. La masacre de Curuguaty forma parte de ese proceso. Pero el caso "de los seis" ofrece una clave importante para dimensionar la hipocresía del actual sistema productivo: no hay democracia burguesa y garantías judiciales que se mantengan incólumes delante a la lucha popular que ponga en cheque mínimamente las estructuras de supervivencia y reproducción del capital.
La prisión política es el lugar de aquel que se atreve a luchar. Este es el mensaje proclamado en alto y con buen sonido por la Justicia paraguaya con el auxilio de la Justicia argentina en el caso de los seis campesinos cuyas palabras son una verdadera invitación a la rebeldía.
“Hacemos un llamado a romper el cerco mediático del miedo que nos han impuesto nuestros enemigos de clase, todos aquellos que se dedican a superar el miedo pueden venir a visitarnos en nuestro rincón de lucha en la Cárcel de Tacumbú.” (Los seis campesinos: Agustín Acosta, Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón, p. 195).
En uno de sus poemas, Aristides Diaz Peña escribe: "centinela, visionario del horizonte, brilla en sus ardientes sueños el sabor de las próximas cosechas y del alba de la libertad". Agustín, Arístides, Basiliano, Gustavo, Roque y Simeón son ejemplos de centinelas visionarios cuyos sueños se construyen a cuatro, ocho, infinitas manos.
Notas
[1] Claudia Korol, militante argentina y feminista integrante del Equipe de Educação Popular Pañuelos en Rebeldía y autora de una hermosa crónica sobre la Escuela Soledad. La escuela Soledad. La classe de libertad. En “Desde nuestro rincón de lucha”. 2017, p. 189-90.
Catalina Britez. Militante, Socióloga y Politóloga por la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Unila).
João Guilherme A. de Farias. Militante y estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.
