Desde nuestro rincón de lucha, criminalización y resistencia campesina en Paraguay.
Catalina Britez y João Guilherme A. de Farias
Rebelión
En el mes de julio fue lanzado en Asunción, Paraguay, el libro
"Desde Nuestro Rincón de Lucha: memorias de una década de injusta prisión",
obra que reúne, además de notas de apoyo y otros documentos, cartas
intercambiadas entre organizaciones, militantes y otras personalidades y
los seis dirigentes campesinos paraguayos arbitrariamente condenados, a
lo largo de esos diez años de prisión. Prisioneros en Tacumbú, penitenciaria ubicada en la región central de Asunción,
Augustín Acosta, Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón
siguen resistiendo y esparciendo la necesidad de un nuevo tipo de
sociabilidad capaz de superar las relaciones capitalistas y la
apropiación privada de los medios esenciales para la producción y la
reproducción de la vida.
Chokokue, en guaraní quiere
decir “campesino”. Este artículo es un intento de exponer la dura
realidad del campesinado paraguayo, con especial atención al caso de los
seis campesinos, cuya batalla política y judicial puede ser leída en el
recién lanzado libro
"Desde nuestro rincón de lucha", pues la
trayectoria enfrentada por ellos en los últimos diez años ofrece una
comprensión fundamental del actual proceso de criminalización de las
luchas sociales.
La resistencia campesina
Después de tres décadas de dictadura militar, las instituciones
paraguayas todavía reproducen prácticas autoritarias que funcionan como
un obstáculo al fortalecimiento de las libertades civiles y políticas. A
esto se agrega una realidad socioeconómica mayoritariamente rural
(producción agrícola y ganadera), asentada sobre una inconmensurable
concentración de tierra, cuyos propietarios, no raramente, pertenecen a
familias tradicionales que guardan estrechas relaciones con sectores de
la alta burocracia estatal y del narcotráfico, como quedó evidente en el
caso de la masacre de Curuguaty, en la región de Marina Kue.
Se estima que desde los años 90, más de 200 campesinos de diversas
organizaciones han sido asesinados sin que tales muertes hayan sido
siquiera investigadas, además de las prisiones ilegales y de
instauraciones de averiguaciones policiales de carácter evidentemente
político, por parte del Estado.
Siendo un sector de importante
relevancia económica, al que el Estado no dedica políticas públicas
capaces de siquiera amenizar los efectos de la explotación capitalista,
el campesinado paraguayo viene desde hace años organizándose en torno a
una pauta antiimperialista y anticapitalista, con la ayuda de cuadros y
dirigentes locales que cuentan con sólida formación política e
ideológica.
Estos campesinos, "trabajadores en ruina" como dijo
Rafael Barrett, constituyen una vanguardia consciente que pone en jaque
en todo momento la capacidad del Estado para responder a sus demandas.
Es preciso notar que la situación del campesinado paraguayo, bien
retratada en documentales como Chokokue, vive en escandalosa
contradicción con las regiones en que el latifundio es dominante. Según
los datos, el 80% de las tierras están en manos del 4% del total de
propietarios, de los cuales parte significativa está compuesta por
brasileños.
Completamente mecanizados, una parte importante de
estas tierras se destina a la producción de granos, sobre todo de soja,
con la exportación de toda la cosecha, mientras que, por otro lado, los
pequeños agricultores todavía emplean el arado tirado por buey en sus
actividades y destinan su cultivo para el consumo interno y auto
sustento de la familia.
Sin subsidios y sin mercado para sus
productos, amenazados por el avance de los latifundios y el uso
indiscriminado de agrotóxicos y transgénicos, los pequeños agricultores
paraguayos se enfrentan a una realidad cada vez más complicada para su
supervivencia.
Los grandes propietarios, por otro lado, se
encuentran en una atmósfera bastante favorable, ya que gozan de
beneficios como la ausencia de regulación de los capitales, posibilidad
de adquisición de tierras nacionales desde el extranjero, cuentan con
elevados subsidios, políticas de préstamos y financiamientos,
inexistencia de tasación de riquezas y bajos impuestos sobre la
producción.
El campesinado paraguayo, un sector de la población
altamente consciente, desde la época de las “Ligas Agrarias
Cristianas", encuentra en la organización política una forma de exponer
sus demandas, ya sea auto organizándose, o sea exigiendo del Estado un
posicionamiento. En ese marco es que se inserta la persecución política
del Estado paraguayo sobre los trabajadores campesinos, situación
sentida por los seis compañeros que hoy están presos en la penitenciaría
de Tacumbú por su supuesta participación en el secuestro y asesinato de
Cecilia Cubas, hija del expresidente colorado Raúl Cubas Grau.
El caso, vicios del procedimiento, extradición y juicio
Cecília Cubas fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 y encontrada
muerta el 16 de febrero de 2005. El Ministerio Público pasa, entonces, a
sostener que militantes y dirigentes políticos de Patria Libre, una
organización de izquierda creada en los años 90 ligada a la Teología de
la Liberación y que más tarde se convertiría en partido político, serían
los responsables del crimen.
En un primer momento la acusación
recae sobre Osmar Martínez, secretario general de Patria Libre.
Seguidamente, se imputan a otros integrantes de esa misma organización
política.
En junio de 2005, Agustín, Arístides, Basiliano,
Gustavo, Roque y Simeón son acusados, sin solicitud de prisión
preventiva, por haber tenido conducta omisiva, pues supuestamente tenían
conocimiento del plan en curso y aún así no comunicaron a las
autoridades competentes
(omisión de aviso de hecho punible).
De los seis campesinos imputados por omisión, cinco componían el
Partido Patria Libre, uno de ellos, por otro lado, pertenecía al
Movimiento Agrario Popular
(MAP), organización integrada por pequeños agricultores en siete
estados de Paraguay y cuyo objetivo es la lucha por la reforma agraria
integral .
Meses después de la primera acusación, conocedores
de las arbitrariedades cometidas por la justicia burguesa, los seis
campesinos van a Argentina, donde solicitan asilo político ante el
organismo competente: el
Comité de Elegibilidad para los Refugiados
(CEPARE). En mayo de 2006, tres días después de la solicitud, el pedido
es negado y los seis campesinos son enviados a una cárcel argentina
hasta que se juzgue el recurso presentado.
En ese momento,
innumerables activistas y otras tantas organizaciones redactan notas de
apoyo y comunicados dirigidos a las autoridades argentinas para que se
concediera el asilo político a los seis campesinos, pero fue negada la
extradición.
Martín Almada, premio Nobel de la Paz Alternativo,
ofrecido por el Parlamento Sueco, y responsable de encontrar los
archivos secretos del terror que relatan detalladamente el
funcionamiento de la Operación Cóndor, se dirige el 6 de diciembre de
2006 al gabinete del Juez Federal Ariel O. Lijo en calidad de "amigo de
la corte" (
amicus curiae) con el objetivo de interceder a favor
de los campesinos. Sin embargo, nada serviría. Denegado el pedido,
Almada redactó una carta (p. 32 y 33 del libro) en febrero de 2007 en la
que lamenta la decisión, diciendo:
“En el Paraguay tenemos un
gobierno fascista que no ofrece ninguna garantía a los extraditables
líderes campesinos, saca a las calles tanto al Ejército como a la
Policía. Le gusta bañarse de sangre y revolverse en el discurso
democrático. Penaliza las protestas sociales y legitima la violencia.
Usted, al conocer la extradición, por lo visto, no tuvo en cuenta
nuestros argumentos sino una vez más las razones de los poderosos. Los
jueces como usted se convierten en verdugos de los mismos a quienes
deben resguardar o proteger. ¡Qué lástima, señor juez!”.
Todavía presos en Argentina, sin cualquier indicio que los vinculase al
caso Cecilia Cubas, en agosto de 2008, los seis campesinos iniciaron una
huelga de hambre que duraría más de dos meses y cuyo fin coincidió con
el regreso a Paraguay en noviembre del mismo año, tras la decisión a
favor de la extradición por la Corte Suprema de Argentina.
También hubo quien se manifestara contra los seis campesinos. Mirta
Gusinky, senadora de extrema derecha por el Partido Colorado y cuya
carrera política se construyó sobre la muerte de la hija Cecilia Cubas,
fue quien encabezó el movimiento.
Tras la extradición, ya en
Paraguay, las manifestaciones de apoyo y resistencia parten de todos los
países vecinos. El Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez
Esquivel, fue una de las personas que intentó intervenir en apoyo a los
seis campesinos, redactando una carta al Juez Gustavo Amarilla, quien,
una vez más ignoró las acusaciones que denunciaban el carácter político
de la persecución penal y decidió aceptar, sin ningún fundamento, nuevas
pruebas aportadas por la imputación.
Estas "pruebas", que nada
mostraron, contenían supuestas conexiones entre los campesinos
paraguayos y Raúl Reyes, miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC).
Cabe señalar que esto sólo ha dejado aún
más evidente la injerencia estadunidense en la Región a partir de la
expansión del Plan Colombia a países como Paraguay, donde en la
provincia de San Pedro hay una base de las tropas del Comando
Norteamericano del Sur, fuerzas militares vinculadas al Departamento de
Defensa de los Estados Unidos. Movimiento similar al que se dio en
Brasil con la Base de Alcántara. Está claro que uno de los objetivos, en
Paraguay, es la represión a las organizaciones campesinas
anticapitalistas que enfrentan con coraje la política llevada a cabo por
el Partido Colorado.
En más una batalla judicial, sin ningún
fundamento jurídico, la competencia para el juicio del proceso de los
seis se transfiere de Asunción a San Lorenzo (ciudad contigua), donde es
notorio el vínculo político entre las autoridades judiciales y la
familia Gusinky.
En esta secuencia de arbitrariedades,
desvirtuando completamente la óptica del proceso criminal, por la que la
pena debe ser individualizada y el acusado estar claramente vinculado
al crimen cometido, en 2010, los fiscales presentaron ante la justicia
Carlos Espínola, ex integrante del
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Aceptado por el Tribunal, Espínola fue juzgado junto a los seis campesinos.
El elemento probatorio utilizado por los fiscales contra Espínola, por
lo tanto, sirvieron también para los seis campesinos, aunque éstos no
tengan ninguna relación con el EPP o con el acusado. No pasó de una
maniobra jurídica de evidente carácter político y cuyo objetivo ha sido
la sistemática criminalización del movimiento campesino.
El
único indicio utilizado por la acusación y aceptado por los jueces se
refiere al testimonio de Dionisio Olazar, agente policial infiltrado en
la organización, cuya versión no sólo fue cambiando a lo largo del
proceso, como también contestada por al menos otros 14 testimonios.
Según el Ministerio Público, con bases en los testimonios, Patria Libre
había decidido realizar el secuestro y asesinar a Cecilia Cubas en una
reunión ocurrida el 13 de enero de 2005, en la que se conoció como
"reunión de punto final". Es curioso, sin embargo, que los laudos
médicos atestiguaron que la muerte de Cecilia se había dado al menos 60
días antes del día en que el cuerpo fue descubierto, por lo tanto, en
fecha anterior a dicha reunión.
Así, en determinado momento
procesal, configurando flagrante violación, los fiscales cambian la
acusación contra sus campesinos. Estos ya no son acusados de omisión
de advertencia, sino de secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Pero eso
no es todo.
Después de cinco años de prisión, en 2011 la
defensa presentó solicitud de liberación y revocación de la prisión
preventiva, de conformidad con la legislación paraguaya. Sin embargo, el
pedido fue negado en razón de que el Tribunal de Apelación Paraguayo
decidiera, de manera escandalosa, que el tiempo de prisión en Argentina
no podía ser contabilizado porque, según creían los juzgados, durante el
tiempo en que permanecieron en Argentina aguardando la decisión sobre
el asilo político los seis campesinos permanecieron en libertad
(Pasmen!), o sea, nunca estuvieron presos.
Después de ese episodio, se presentaron sucesivos
habeas corpus
ante la Suprema Corte de Justicia de Paraguay, pero todos negados.
Otras peticiones de nulidad por infracción procesal fueron hechas por la
defensa, pero, de la misma forma, todos fueron juzgados improcedentes.
La defensa entonces recurre a la aplicación de la
Ley Antimora,
una norma jurídica paraguaya según la cual el proceso debe ser extinto
si, aún en primer grado, pasa más de tres años entre la acusación formal
y la sentencia.
En el caso de los campesinos, la defensa pidió
la extinción del proceso en 2012, plazo muy superior al que exige la
Ley. Una vez más la justicia mostró su parcialidad y el compromiso con
los poderosos. Según la Corte Suprema, no era posible considerar, a los
efectos de la legislación, el tiempo en que los seis estuvieron en
Argentina.
Así, en julio de 2012, sin evidencias concretas
entre el hecho y los acusados, los seis campesinos fueron condenados en
primera instancia a 25 años de prisión y a 10 años de medidas de
seguridad, sentencia confirmada en segunda instancia en mayo de 2014.
“El hecho de habernos condenado a 35 años no significa una derrota para
nosotros. Por el contrario, nos han fortalecido en nuestras posiciones y
nos vuelven mucho más libres en nuestra postura” (p. 175), así, con una
rotunda dignidad, recibieran los seis campesinos la noticia de la
condena.
Solidaridad y resistencia: la prisión como ambiente de lucha
Sentenciados, los seis campesinos, Augustín Acosta, Arístides Vera,
Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón,
fueron trasladados a la cárcel de Tacumbú.
Tacumbú es una
prisión que está ubicada en la región central de Asunción, capital del
Paraguay. Al igual que otros países vecinos, Tacumbú enfrenta el grave
problema de la capacidad y la falta de estructura mínima y adecuada para
albergar a sus prisioneros. Con capacidad para cerca de 1.200 personas,
cuenta hoy con más de 4.000 detenidos.
A pesar de todos estos
factores perjudiciales, sumado a la certeza de ser objeto de la más
absoluta injusticia, los seis campesinos siguen resistiendo. Los actos
de solidaridad parten de todos lados y cuentan con el fiel apoyo de la
Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) y del
Partido Comunista Paraguayo (PCP), quienes integran el editorial del libro
Desde Nuestro Rincón de Lucha.
Incluso atrapados detrás de rejas casi tan inflexibles cuanto la
ignominia de los hombres que allí los colocaron, sus ideas y su grito de
resistencia, lucha y organización resuenan mucho más allá de Paraguay.
Con la inquebrantable esperanza digna de un revolucionario, los seis
campesinos crearon la Escuela de Formación Política Soledad Barrett [1].
“La clase sigue con un repaso de a situación internacional, de
las luchas de los pueblos, de los aprendizajes. Preguntas y respuestas
sobre Argentina, sobre Colombia, sobre Brasil, sobre Venezuela. El
avance de las derechas. Las posibilidades de resistencia. Los
aprendizajes de estas experiencias.” (p. 190 del libro). Como dice
Caludia Korol, autora del artículo, “Quiénes estén interesados en
asistir, visiten a los presos campesinos ”.
El libro
Desde nuestro rincón de lucha: memorias de una década de injusta prisión
(Arandurã, 2017) es mucho más que un simple libro. Es la reunión de
tristes, indignantes y vigorosos relatos de esos seis hombres que fueron
objeto de la justicia burguesa por levantarse contra las desgracias del
capitalismo, contra la falta de tierra, pan y justicia. Se levantaron
contra el poder de la narco oligarquía paraguaya y extranjera, de los
altos burócratas y de los grandes terratenientes que asesinan, como en
Brasil, a todos aquellos que se atreven a decir:
si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den!
La importancia del libro, que reúne, además de otros escritos, las
cartas intercambiadas entre los campesinos y las organizaciones
políticas de toda América Latina, está en denunciar lo que ni siquiera
los gobiernos progresistas lograron revertir: la criminalización de las
luchas sociales.
Es muy esclarecedora una parte de las
cartas en el que dicen los 6 campesinos que “Lo que muchos se les
escapa de vista es que en el progresismo los medios de producción
permanecen en manos de la burguesía y que se mantiene el régimen de
explotación del hombre por el hombre.” (p. 165 del libro).
El
caso de los seis campesinos pasó por los gobiernos de Fernando Lugo, en
Paraguay, y de Cristina Kirchner, en Argentina, dos enaltecidos
progresistas, sin que ninguno de ellos haya tomado la decisión de poner
fin a la persecución llevada a cabo contra los seis campesinos. Lo mismo
en Brasil, con Lula.
Al final, comprar una pelea de esa altura
significaría desestabilizar toda una plataforma electoral pautada en
alianzas políticas esdrújulas, algo que aún asombrará a los gobiernos
"progresistas" de la Región, incluso en Brasil, e indirectamente a la
izquierda como un todo.
El caso de los seis campesinos es
sintomático. La criminalización de las luchas sociales y de las
organizaciones políticas, con sus militantes y dirigentes, sólo ha
aumentado en los últimos años en Paraguay. La masacre de Curuguaty forma
parte de ese proceso. Pero el caso "de los seis" ofrece una clave
importante para dimensionar la hipocresía del actual sistema productivo:
no hay democracia burguesa y garantías judiciales que se mantengan
incólumes delante a la lucha popular que ponga en cheque mínimamente las
estructuras de supervivencia y reproducción del capital.
La
prisión política es el lugar de aquel que se atreve a luchar. Este es el
mensaje proclamado en alto y con buen sonido por la Justicia paraguaya
con el auxilio de la Justicia argentina en el caso de los seis
campesinos cuyas palabras son una verdadera invitación a la rebeldía.
“Hacemos un llamado a romper el cerco mediático del miedo que nos han
impuesto nuestros enemigos de clase, todos aquellos que se dedican a
superar el miedo pueden venir a visitarnos en nuestro rincón de lucha en
la Cárcel de Tacumbú.” (Los seis campesinos: Agustín Acosta, Arístides
Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón
Bordón, p. 195).
En uno de sus poemas, Aristides Diaz Peña
escribe: "centinela, visionario del horizonte, brilla en sus ardientes
sueños el sabor de las próximas cosechas y del alba de la libertad".
Agustín, Arístides, Basiliano, Gustavo, Roque y Simeón son ejemplos de
centinelas visionarios cuyos sueños se construyen a cuatro, ocho,
infinitas manos.
Notas
[1] Claudia Korol, militante argentina y feminista integrante del
Equipe de Educação Popular Pañuelos en Rebeldía y autora de una hermosa crónica sobre la Escuela Soledad.
La escuela Soledad. La classe de libertad. En “Desde nuestro rincón de lucha”. 2017, p. 189-90.
Catalina
Britez. Militante, Socióloga y Politóloga por la Universidad Federal de
Integración Latinoamericana (Unila).
João Guilherme A. de Farias.
Militante y estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de São Paulo.
