Entre el gobierno de Alan García y el de Ollanta Humala han
muerto 253 personas en conflictos sociales. ¿Son viables los proyectos
mineros sin licencia social?
Escribe Magali Zevallos
El Perú viene impulsando megaproyectos mineros por 20 mil millones de
dólares, según palabras del Premier Pedro Cateriano. El país lidera la
producción de oro en Suramérica, y ocupa el sexto lugar a nivel mundial;
es el tercer productor de cobre a nivel global y ocupa el segundo lugar
en la producción de plata. En el año 2010 la consultora
PriceWaterhouseCoopers denominaba a Perú como uno de los principales
centros de inversión minera del mundo. Los gobernantes de turno hablan
de cifras y de proyecciones económicas basadas en la extracción de estos
recursos, y de la importancia del crecimiento económico que generan las
industrias extractivas sin mencionar los costos sociales y ambientales
que ello implica.
Tras dos décadas del ingreso de la minería a gran escala no ha sido
posible –en su gran mayoría- la convivencia con las poblaciones de las
zonas de influencia directa de estos proyectos, cada vez las relaciones
se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua y a su
modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería,
versus un modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo
un crecimiento desordenado y sin una política de ordenamiento
territorial. Las concesiones mineras y la aprobación de los proyectos se
dan sin medir el impacto social ni ambiental, y el
costo de ello viene cobrando muchas vidas.
Fotografía: Jonas Hulsens
253 personas perdieron la vida en los últimos 9 años en conflictos sociales
Durante el gobierno de Alan García (2006-2011) murieron 193 personas
en conflictos sociales, 153 civiles. Mientras que en la gestión del
presidente Ollanta Humala, las cifras van en ascenso con el conflicto
del proyecto Tía María de Southern Copper. En el lapso de 17 días han
fallecido tres personas (dos civiles y un policía) en torno a este
conflicto, llegando a 60 muertes durante los casi cuatro años del actual
gobierno. 253 personas perdieron la vida en los últimos 9 años, debido a
que la criminalización y la represión han sido una alternativa para
imponer este modelo de desarrollo.
¿Sin licencia social es viable la explotación de los recursos
naturales? Actualmente, Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) no
cuentan con legitimidad social, y proyectos como Tambogrande y Majaz en
Piura y Cerro Quilish en Cajamarca no fueron viables por no tener
licencia social. Todos estos proyectos impulsados desde el poder
Ejecutivo sin diálogo con las poblaciones han dejado como saldo muertos,
heridos, defensores ambientales denunciados, secuestro y torturas,
como fue el caso de la minera Majaz, donde hubo flagrantes violaciones a
los derechos humanos.
Optar por la militarización ha generado una tensa relación y rechazo
hacia las fuerzas del orden, en estas disputas han fallecido 41
militares durante ambos gobiernos.
Fotografía: Jonas Hulsens
Desde el Poder Ejecutivo se ha ido tejiendo un manto de protección
legal a las fuerzas del orden, quienes intervienen mediante represiones
violentas en los conflictos. Durante los dos últimos gobiernos –García y
Humala- se han aprobado diversas normas legales, como los decretos
legislativos: 982, 983, 988, 989, 991 y 1095. Este último fundamenta
que las conductas ilícitas atribuibles al personal militar son de
jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial. Además se
aprobaron leyes como N° 29986 (26 de diciembre de 2012) y N° 30151 del
año 2014, que permiten hechos como el levantamiento de cadáveres por
efectivos militares y/o policiales sin presencia del fiscal en zonas
declaradas en estado de emergencia; exoneración de
responsabilidad a policías y militares que maten o hieran en
ejercicio de sus funciones.
Cajamarca: una región minada
En el caso concreto de la región Cajamarca, el año 2006, el campesino
Isidro Llanos perdió la vida por defender el agua en Combayo. En 2012,
el conflicto Conga se cobró la vida de 5 personas, entre ellos un niño.
Todas estas muertes se dieron en disputas entre las fuerzas armadas y
las poblaciones, ninguno de estos crímenes han sido juzgados, siguen
impunes.
En esta región existe un alto índice de criminalización de la
protesta y disputas entre los “pro mineros” y los “antimineros”. Entre
los años 2004 y 2013 se han registrado 11 muertos, 282 heridos y 303
líderes ambientales procesados, según la sistematización realizada por
Gran Angular de los Informes Defensoriales del año 2005 a 2014; y
reportes de las ONGs como Grufides y la Coordinadora Nacional de DD.HH, y
archivos periodísticos.
Los más altos índices de los conflictos también se registran en esta
región. En la última década (2005 – 2014) se han reportado cerca a mil
conflictos (977), 80% se debieron a conflictos socioambientales (777);
de este último indicador, 480 se debieron al agua (61.7%), mientras los
conflictos por tierras fueron 104 (13.3%), de acuerdo a los reportes de
conflictos de la Defensoría del Pueblo. La sistematización arroja
además que alrededor de la minera Yanacocha se han dado los mayores
eventos conflictivos: 241, siendo los más frecuentes alrededor del
proyecto minero Conga. La minera Coimolache registra 76 conflictos en la
última década, seguida de La Zanja (74), Gold Fields (74).
La expansión minera sin límites es otro de los detonantes de los
conflictos. El 40% del territorio de Cajamarca está concesionado a la
minería, lo que representa casi 1.5 millones de hectáreas. Según el
Ministerio de Energía y Minas en la región existen 2,331 concesiones
mineras, 24 unidades en producción y 9 unidades en exploración.
Grupo Yanacocha tiene acumulado un total de 500 concesiones en Cajamarca, con una extensión de 396,567.28 ha.
La superficie territorial otorgada mediante concesiones a Yanacocha
es de 227,153.51 ha, con 302 concesiones acumuladas. Mientras que
Chaupiloma Dos tiene 144 concesiones con 124,357.64 ha. Newmont Perú
tiene 54 concesiones con una extensión de 45,056.13 ha. Así, el Grupo
tiene un acumulado total de 500 concesiones, con una extensión de
396,567.28 ha en la Región Cajamarca. Esta elevada cifra convierte a
Yanacocha S.R.L. en la empresa minera con mayor concesión en la región,
seguida de Vale explorarion SAC, S.M.R.L. Chaupiloma II de Cajamarca, y
Barrick Misquichilca S.A. (CooperAcción/Ingemmet. Oct.2014).
Minería y pobreza
El historiador Antonio Zapata señala que la enorme riqueza minera del
Perú contrasta vivamente con la pobreza de las regiones donde se
asienta su producción. Así por ejemplo, Cajamarca, Huancavelica y Pasco
se hallan entre las regiones más pobres del Perú, no obstante la
vigencia y antigüedad de la gran minería en estas localidades. Son pocas
las regiones, como Moquegua y Tacna, que han logrado combinar gran
minería con desarrollo. En la mayoría de casos, por el contrario, la
presencia de la gran minería ha traído pobreza para las regiones y
también para para los mismos trabajadores mineros.
Cajamarca, tras 22 años de gran minería, sigue siendo una de las
regiones más pobres del país. Esta región, que concentra la mayor
producción de oro del Perú, y que debería ser el modelo de desarrollo en
el país, es la región con mayores desigualdades, lidera las cifras de
pobreza en el país (53.7%) y de desnutrición crónica en niños menores de
5 años. 154,800 personas de 15 y más años de edad no saben leer ni
escribir, siendo la población femenina la que presenta la tasa más
elevada, alcanzando el 25,5%. Asimismo, 57 mil niños de 3 a 5 años no
acceden al sistema educativo, lo que arroja un déficit de 58.6%.
Fotografía: Víctor Contreras
Si bien es cierto que la distribución de la riqueza en las zonas rurales es una tarea que le compete al Estado y no a las
empresas mineras que operan en la zona, los gobiernos de turno no han buscado
equidad
en la distribución de las riquezas generadas durante dos décadas.
Además, no ha fomentado el orden bajo un esquema de responsabilidad
ambiental ni legitimidad social, ni han impulsado compensaciones en
cuanto a impactos ambientales, sobre las personas y las comunidades.
¿Cuántas décadas más debe esperar Cajamarca para que su población vea
los beneficios de la minería? “Más allá de las cifras macroeconómicas y
de los millonarios ingresos que genera esta actividad a las arcas del
Estado, lo tangible es que Cajamarca es el departamento más pobre del
país y las comunidades han visto muy pocos beneficios en estos últimos
20 años”, sostiene Keith Slack gerente de Programa de Industrias
Extractivas de Oxfam América.
La exclusión de otras actividades productivas ha arrastrado a que las poblaciones queden sumergidas en la pobreza
“El problema central es que no hay una mirada de desarrollo
compartido, el gobierno central no articula con los gobiernos locales ni
regionales, no hay una visión común de desarrollo. La actividad minera
es importante, pero en un horizonte de actividades la minería no debe
ser lo más importante, sino también la agricultura y la ganadería. La
exclusión de otras actividades productivas de las regiones ha arrastrado
a que las poblaciones queden sumergidas en la pobreza. La ausencia del
Estado a nivel de la diversificación productiva es fuerte. Nosotros
hemos propuesto desde el Gobierno Regional diversificar la económica con
diferentes actividades, sin embargo no hay interés desde el Ejecutivo”,
señala Sergio Sánchez, gerente de Recursos Naturales del Gobierno
Regional de Cajamarca.
Fotografía: Víctor Contreras
Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) señala que históricamente la región no ha logrado traducir los
períodos de bonanza exportadora de sus recursos en procesos de
desarrollo económico de largo plazo. Pues no se trata solo de superar el
paradigma extractivista para avanzar hacia una diversificación
productiva, sino también de transformar el capital derivado de los
recursos no renovables de la región en capital humano -educación y
capacitación-, infraestructura física y social, innovación y desarrollo
tecnológico con criterios de largo plazo para impulsar el cambio
estructural con igualdad.
Slack recomienda que para llevar adelante las inversiones se debe
empezar a transparentar las actividades extractivistas, proveer
información a las comunidades, escuchar y responder a las preocupaciones
que tienen. “Debe haber procesos de consulta, no se puede avanzar en un
proyecto sí o sí pensando que las comunidades son un obstáculo para la
inversión, ellos (comunidades) deben ser tratados como socios no como
objetos de obstáculos, tampoco se debe quitar legitimidad a las
opiniones de las comunidades, las mineras hablan de “pequeñas
lagunitas”, como si no fueran cosas importantes para las poblaciones,
cuando son la base fundamental de su producción agrícola”, dice.
Los muertos y heridos en conflictos sociales no pueden seguir siendo
considerados como una consecuencia a la oposición de un proyecto
extractivo, la discusión no se debe centrar en “minería sí o no”. Es
falaz presentar estas dos únicas opciones para poder reflexionar sobre
la minería o el modelo económico en el país. Hay preocupaciones y
demandas reales que deben ser atendidas.
