La Republica, Lima, 04.06.12
Rechazo. Autoridades ediles cuestionan al Poder Judicial por detención y encarcelamiento de burgomaestre de Espinar. Algunos sostienen que habría influencia del Ejecutivo en decisión judicial. Aseguran que el gobierno está demostrando autoritarismo.
José Víctor Salcedo.
Cusco.
La reclusión del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca Cruz, en el penal Cristo Rey de Cachiche (Ica), ha provocado el rechazo generalizado de las autoridades cusqueñas. La consideran arbitraria, ilegal y contraria a los principios de un estado democrático. Además conminaron a la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) a pronunciarse en contra del arresto de Mollohuanca.
El burgomaestre espinarense estará preso durante cinco meses, mientras duren las investigaciones por los delitos que se le imputan: apología al delito, disturbios, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y atentado contra la seguridad común.
El alcalde del Cusco, Luis Flórez García, calificó de abusivo el encarcelamiento del burgomaestre de Espinar, porque no se ha garantizado un debido proceso. En ese sentido, sostuvo que hoy el Concejo Municipal emitirá un pronunciamiento exigiendo que Mollohuanca sea juzgado en libertad.
“Como alcalde y a nombre del Concejo Municipal, mi rechazo total a esa decisión. Mañana debe haber una sesión para emitir un pronunciamiento”.
EJECUTIVO INFLUYÓ
Para el alcalde de la provincia de Anta, Eulogio Uscamayta, el traslado y posterior reclusión de Óscar Mollohuanca a Ica ha sido irregular y por presiones del Ejecutivo. Como abogado dijo estar convencido que el Juzgado de Ica se excedió al dictar prisión preventiva por cinco meses para la autoridad edil. Explicó que la resolución de prisión contra Mollohuanca no reúne los requisitos exigidos por ley.
“La prisión preventiva debe entenderse como el ingreso del imputado a un centro penitenciario para evitar que evada a la acción de la justicia o produzca entorpecimiento o destrucción de la actividad probatoria. En este caso no hay peligro procesal, su arraigo está demostrado, porque nuestro domicilio como alcaldes es la municipalidad, por ende debió haber sido investigado y juzgado en libertad”. Agregó que tampoco se pudo probar que haya existido peligro de fuga.”
Hubo ingerencia
Consideró que la prisión preventiva dictada contra el alcalde de Espinar estaba preparada con anticipación. “Me parece que ha sido una cosa preparada, creo que ya todo estaba listo para que el alcalde sea recluido. Veo también influencia política del gobierno”.
Por su parte, Benicio Ríos Ocsa, alcalde de la provincia de Urubamba, consideró que la medida aplicada contra su homólogo de Espinar ha sido una clara demostración del autoritarismo. “Creo que hubo muchas presiones para que eso ocurra. El gobierno está dando muestras de autoritarismo que no debe aceptarse en un estado democrático”, anotó.
De la misma forma, la Red de Municipalidades Rurales del Perú (Remurpe), mediante un comunicado solicitó “a las autoridades competentes liberar al alcalde de Espinar a fin de no entorpecer el proceso de diálogo”.
En tanto, el presidente de la Corte Superior de Justicia, Luis Sarmiento Núñez, y la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Elizabeth Ortiz de Orué, volvieron a defender la legalidad de la detención, traslado a Ica y reclusión de la autoridad espinarense. “Todo se enmarca en lo legal”, sostuvo Ortiz de Orué. ß
En Cusco mañana pedirán libertad de Mollohuanca con una marcha
Mañana martes habrá una marcha pidiendo la liberación del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, la suspensión del estado de emergencia y la renuncia inmediata del premier Óscar Valdés.
Martha Quispe, secretaria general de la Federación de Trabajadores Cusco (FDTC), sostuvo que es momento de alzar la voz en contra de los excesos que está cometiendo este gobierno. La movilización empezará a las 09.00 horas del martes desde la Plazoleta de Limacpampa Grande, con dirección a la Plaza de Armas.
Han confirmado su participación la Federación Universitaria de Cusco, el Sindicato de Construcción Civil, el partido Acuerdo Popular Unificado (APU), los alcaldes del Valle Sagrado de los Incas y la provincia de Anta.
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