El 16 JULIO, 2020, diferentes organizaciones y comunidades campesinas de la provincia de Espinar, en la región Cusco, iniciaron un paro general indefinido para exigir a la empresa minera Antapaccay el cumplimiento del compromiso de apoyar a la población que sufre las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
Una de las demandas del Comité de Lucha de la Provincia de Espinar, es la entrega de un bono solidario de un mil soles por parte de la empresa minera Antapaccay como una forma excepcional de apoyar a la población que atraviesa una difícil situación económica como efecto de la cuarentena sanitaria.
Según informaron fuentes del Comité de Lucha de Espinar, las negociaciones se extendieron hasta horas de la tarde ayer miércoles 15 de julio entre los representantes de la empresa minera y los integrantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, sin que se llegara a ningún acuerdo por la intransigencia del representante de la minera.
Representantes de las organizaciones de Espinar han dado a conocer que en la provincia se vive una situación de mucha tensión por la presencia de policías y militares que han sido desplazados hasta la ciudad de Yauri, capital de la provincia de Espinar.
Dichas fuentes han informado que al iniciarse el paro, el 16 de julio, en horas de la madrugada ingresaron 3 ómnibus repletos de policías y en los siguientes días se produjeron actos de represión sobre todo contra la población de Espinar y se vulneren sus derechos en esta emergencia nacional que se vive en el país y que prohíbe las reuniones y protestas.
El día 26 de julio se ha informado, que:
Los recientes enfrentamientos en la provincia cusqueña exponen una larga historia de desencuentros con la minería. Los dirigentes locales solicitan la asignación de un bono de emergencia de S/ 1.000 para enfrentar la pandemia y que este presupuesto salga del fondo que anualmente la minera transfiere a la municipalidad en el marco de un convenio firmado hace 17 años. La minera sostiene que ese dinero tiene otros fines y no contempla este tipo de apoyos. Este pedido se suma a una larga lista de asuntos pendientes como la consulta previa y la atención médica a personas afectadas por metales pesados.
Asimismo, que: en los últimos treinta y cinco años, Espinar ha vivido en constante conflicto a causa de la actividad minera en su territorio. El pasado 15 de julio los habitantes de esta provincia del Cusco, ubicada a 4 mil metros de altura, iniciaron un paro indefinido solicitando la entrega de un bono de 1.000 soles para 44 mil personas afectadas económicamente por las medidas restrictivas impulsadas por el gobierno durante la pandemia. Los dirigentes han pedido que el dinero provenga del fondo económico acumulado como parte del convenio marco que la provincia tiene desde el 2003 con el proyecto minero ubicado en la zona.
La minera Antapaccay, de la suiza Glencore, señala que no puede otorgarles este dinero en efectivo, que representa un monto de S/ 50 millones en total porque el convenio tiene otros fines.
Con la llegada de la pandemia, Espinar, como muchas otras provincias del país, ha visto afectada su economía. Solo la actividad minera fue declarada esencial y continuó laborando con actividades de mantenimiento, pero la ganadería y la agricultura fueron las más impactadas. El 30% de la población de esta provincia depende de estas actividades. En ese contexto, varias organizaciones locales solicitaron a las autoridades locales adoptar medidas para mitigar el impacto de sus frágiles economías: el 38% de habitantes es pobre y el 40% de la zona rural no tiene acceso al servicio de agua potable y casi el 50% no cuenta con alcantarillado, según el Plan Regional del Cusco 2018-2021. Espinar.
La población de Espinar lucha unida contra la minera imperialista y la represión militar-policial ordenada por las autoridaders del vierjo Estado y su gobierno fascista, genocidfa y vendepatria de Vizcartra.
También se ha informado, que: En la primera semana de la protesta se registraron hechos violentos: como incendio de dos vehículos de la empresa minera Las Bambas (Apurímac), que usa el corredor minero sur que atraviesa Espinar; también quemaron de pastizales, y durante los enfrentamientos y violenta represión de la policía se afectaron también las presas de relaves de Antapaccay.
Los enfrentamientos con la policía durante esos días dejaron cinco heridos por impacto de balas, entre ellos dos menores de edad. Hasta el 22 de julio se habían detenido a 30 jóvenes, pero que todos fueron liberados ese mismo día. Además, a ocho dirigentes de las principales organizaciones de Espinar el Ministerio Público les abrió investigación por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad. .
Los dirigentes de la provincia solicitaron la presencia de una comisión de alto nivel del gobierno central, encabezada por el Primer Ministro Pedro Cateriano para acordar la satisfacción de sus reclamos. También exigieron al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa el retiro de la Policía y del Ejército.
La masa lucha con las armas que tiene contra las fuerzas armadas y policiales del viejo Estado terrateniente-burocrático al servicio del imperialismo, principalmente yanqui.
El Comité de Lucha de Espinar dijo, que la demanda de la provincia no se limita a la entrega del bono económico sino que también incluye la reformulación de los términos del convenio marco (una medida que vienen solicitando desde el 2012), el rechazo al proyecto de ampliación Integración Coroccohuayco de Antapaccay y la atención médica a las personas afectadas por metales pesados.
La actividad minera en Espinar tiene 35 años, pero los proyectos y ampliaciones no han contado con una adecuado mecanismo de consulta previa con las comunidades quechuas ubicadas alrededor del proyecto minero.
En abril del 2018 Glencore presentó al Senace el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) modificado de Antapaccay, donde se incluye el nuevo proyecto de Coroccohuayco. En noviembre del año pasado, el gobierno anunció la implementación de la consulta previa, pero esta fue duramente cuestionada por las organizaciones locales porque excluía a varias comunidades.
El Ministerio de Energía y Minas impulsó el diálogo solo con 13 comunidades, a pesar de que desde junio del 2019 ya habían recibido el pedido de otras ocho para ser incorporadas en el proceso de consulta. Todo este proceso quedó suspendido por la actual emergencia sanitaria y aún está en investigación.
Actualmente el proceso de consulta se encuentra en la tercera de las siete etapas. Según el Ministerio de Cultura se han realizado tres reuniones con las comunidades y se ha suscrito el plan de consulta, documento que les fue entregado en febrero de este año.
“Las comunidades han pedido que para continuar con la consulta previa el Estado atienda las afectaciones causadas en salud, ambiente y en sus territorios por parte de la minera durante los últimos años”, según dió a conocer un dirigente.
El pasado 28 de julio, el fascista, genocida y vendepatria Vizcarra, en su mensaje a la nación como presidente del viejo Estado,refiriéndose a la gran minería ha señalado que: «La minería constituye hoy un componente esencial para el crecimiento económico del país. Necesitamos un sector minero fortalecido y competitivo, pero, a su vez, responsable con el medio ambiente y cuya actividad se desarrolle en armonía con los derechos de las comunidades y las personas». En plena concordancia con los planes de las grandes empresas imperialistas y de la gran burguesía compradora que han planteado que la reactivación de la economía debería centrarse principalmente en la minería, por eso este vendepatria Vizcarra con su Premier Pedro Cateriano, ha anunciado “la aprobación de un Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros para agilizar las inversiones mineras”.
De este anuncio el pueblo peruano y principalmente el campesinado, que es el principal afectado por el despojo de sus tierras por los grandes proyectos mineros, no pueden esperar nada bueno en favor de los derechos de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones afectadas por la actividad extractiva, si no todo lo contrario, mayortes ventajas para las grandes mineras, como se ha afirmado por algunos, lo que se busca con este Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros del gobierno, es facilitar, destrabar, agilizar y relajar los procedimientos ambientales y sociales para que salgan en tiempo record los proyectos mineros de la cartera de inversiones que ha señalado el mismo Vizcarra.
Una de las demandas del Comité de Lucha de la Provincia de Espinar, es la entrega de un bono solidario de un mil soles por parte de la empresa minera Antapaccay como una forma excepcional de apoyar a la población que atraviesa una difícil situación económica como efecto de la cuarentena sanitaria.
Según informaron fuentes del Comité de Lucha de Espinar, las negociaciones se extendieron hasta horas de la tarde ayer miércoles 15 de julio entre los representantes de la empresa minera y los integrantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, sin que se llegara a ningún acuerdo por la intransigencia del representante de la minera.
Representantes de las organizaciones de Espinar han dado a conocer que en la provincia se vive una situación de mucha tensión por la presencia de policías y militares que han sido desplazados hasta la ciudad de Yauri, capital de la provincia de Espinar.
Dichas fuentes han informado que al iniciarse el paro, el 16 de julio, en horas de la madrugada ingresaron 3 ómnibus repletos de policías y en los siguientes días se produjeron actos de represión sobre todo contra la población de Espinar y se vulneren sus derechos en esta emergencia nacional que se vive en el país y que prohíbe las reuniones y protestas.
El día 26 de julio se ha informado, que:
Los recientes enfrentamientos en la provincia cusqueña exponen una larga historia de desencuentros con la minería. Los dirigentes locales solicitan la asignación de un bono de emergencia de S/ 1.000 para enfrentar la pandemia y que este presupuesto salga del fondo que anualmente la minera transfiere a la municipalidad en el marco de un convenio firmado hace 17 años. La minera sostiene que ese dinero tiene otros fines y no contempla este tipo de apoyos. Este pedido se suma a una larga lista de asuntos pendientes como la consulta previa y la atención médica a personas afectadas por metales pesados.
Asimismo, que: en los últimos treinta y cinco años, Espinar ha vivido en constante conflicto a causa de la actividad minera en su territorio. El pasado 15 de julio los habitantes de esta provincia del Cusco, ubicada a 4 mil metros de altura, iniciaron un paro indefinido solicitando la entrega de un bono de 1.000 soles para 44 mil personas afectadas económicamente por las medidas restrictivas impulsadas por el gobierno durante la pandemia. Los dirigentes han pedido que el dinero provenga del fondo económico acumulado como parte del convenio marco que la provincia tiene desde el 2003 con el proyecto minero ubicado en la zona.
La minera Antapaccay, de la suiza Glencore, señala que no puede otorgarles este dinero en efectivo, que representa un monto de S/ 50 millones en total porque el convenio tiene otros fines.
Con la llegada de la pandemia, Espinar, como muchas otras provincias del país, ha visto afectada su economía. Solo la actividad minera fue declarada esencial y continuó laborando con actividades de mantenimiento, pero la ganadería y la agricultura fueron las más impactadas. El 30% de la población de esta provincia depende de estas actividades. En ese contexto, varias organizaciones locales solicitaron a las autoridades locales adoptar medidas para mitigar el impacto de sus frágiles economías: el 38% de habitantes es pobre y el 40% de la zona rural no tiene acceso al servicio de agua potable y casi el 50% no cuenta con alcantarillado, según el Plan Regional del Cusco 2018-2021. Espinar.
También se ha informado, que: En la primera semana de la protesta se registraron hechos violentos: como incendio de dos vehículos de la empresa minera Las Bambas (Apurímac), que usa el corredor minero sur que atraviesa Espinar; también quemaron de pastizales, y durante los enfrentamientos y violenta represión de la policía se afectaron también las presas de relaves de Antapaccay.
Los enfrentamientos con la policía durante esos días dejaron cinco heridos por impacto de balas, entre ellos dos menores de edad. Hasta el 22 de julio se habían detenido a 30 jóvenes, pero que todos fueron liberados ese mismo día. Además, a ocho dirigentes de las principales organizaciones de Espinar el Ministerio Público les abrió investigación por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad. .
Los dirigentes de la provincia solicitaron la presencia de una comisión de alto nivel del gobierno central, encabezada por el Primer Ministro Pedro Cateriano para acordar la satisfacción de sus reclamos. También exigieron al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa el retiro de la Policía y del Ejército.
El Comité de Lucha de Espinar dijo, que la demanda de la provincia no se limita a la entrega del bono económico sino que también incluye la reformulación de los términos del convenio marco (una medida que vienen solicitando desde el 2012), el rechazo al proyecto de ampliación Integración Coroccohuayco de Antapaccay y la atención médica a las personas afectadas por metales pesados.
La actividad minera en Espinar tiene 35 años, pero los proyectos y ampliaciones no han contado con una adecuado mecanismo de consulta previa con las comunidades quechuas ubicadas alrededor del proyecto minero.
En abril del 2018 Glencore presentó al Senace el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) modificado de Antapaccay, donde se incluye el nuevo proyecto de Coroccohuayco. En noviembre del año pasado, el gobierno anunció la implementación de la consulta previa, pero esta fue duramente cuestionada por las organizaciones locales porque excluía a varias comunidades.
El Ministerio de Energía y Minas impulsó el diálogo solo con 13 comunidades, a pesar de que desde junio del 2019 ya habían recibido el pedido de otras ocho para ser incorporadas en el proceso de consulta. Todo este proceso quedó suspendido por la actual emergencia sanitaria y aún está en investigación.
Actualmente el proceso de consulta se encuentra en la tercera de las siete etapas. Según el Ministerio de Cultura se han realizado tres reuniones con las comunidades y se ha suscrito el plan de consulta, documento que les fue entregado en febrero de este año.
“Las comunidades han pedido que para continuar con la consulta previa el Estado atienda las afectaciones causadas en salud, ambiente y en sus territorios por parte de la minera durante los últimos años”, según dió a conocer un dirigente.
El pasado 28 de julio, el fascista, genocida y vendepatria Vizcarra, en su mensaje a la nación como presidente del viejo Estado,refiriéndose a la gran minería ha señalado que: «La minería constituye hoy un componente esencial para el crecimiento económico del país. Necesitamos un sector minero fortalecido y competitivo, pero, a su vez, responsable con el medio ambiente y cuya actividad se desarrolle en armonía con los derechos de las comunidades y las personas». En plena concordancia con los planes de las grandes empresas imperialistas y de la gran burguesía compradora que han planteado que la reactivación de la economía debería centrarse principalmente en la minería, por eso este vendepatria Vizcarra con su Premier Pedro Cateriano, ha anunciado “la aprobación de un Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros para agilizar las inversiones mineras”.
De este anuncio el pueblo peruano y principalmente el campesinado, que es el principal afectado por el despojo de sus tierras por los grandes proyectos mineros, no pueden esperar nada bueno en favor de los derechos de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones afectadas por la actividad extractiva, si no todo lo contrario, mayortes ventajas para las grandes mineras, como se ha afirmado por algunos, lo que se busca con este Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros del gobierno, es facilitar, destrabar, agilizar y relajar los procedimientos ambientales y sociales para que salgan en tiempo record los proyectos mineros de la cartera de inversiones que ha señalado el mismo Vizcarra.
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