La política del garrote se impone contra los sectores populares
Para imponerse con el “principio de autoridad”, el gobierno del MAS no ha dudado en aplicar la represión contralos gremios o sindicatos, y a veces de manera individualizada sobre dirigentes o militantes de la manifestación popular. Es el caso de la enfermera Leonor Boyán que fue brutalmente golpeada, interrogada y luego abandonada en un hospital por policías que la encontraron sospechosa de lanzar una piedra al Viceministro de Gobierno.
Las explicaciones del gobierno llegaron luego: ella tenía un objeto “parecido a una piedra”, no fue torturada sino alcanzada “por golpes indirectos”. Antes de sacar esas justificaciones, el propio viceministro Pérez, el Fiscal y un grupo de policías fueron a interrogar durante dos horas a la enfermera en la sala de terapia intensiva del Hospital del Tórax, a las once de la noche del mismo día de la brutal golpiza que le dieron.
Los trabajadores en salud, lose studiantes de medicina y los médicos desarrollaron enfrentamientos la semana pasada con cierto nivel de radicalidad frente a la policía, pertrechada congases, escudos en todo el cuerpo y carros Neptuno.
El caso de la enfermera Boyán, que fue detenida por personal de inteligencia de la policía infiltrado en la movilización y agredida durante varias horas forma parte de la práctica sistemática del Estado bajo el amparo (por todos los que defienden el sistema)de que a la policía le corresponde el uso legítimo de la violencia. Este argumento reaccionario ha servido siempre para mantener impune a la policía porla represión que ejerce en nombre del Estado (y de la sociedad) para dizque defenderla de quienes causan desorden social.
El ejercicio de la tortura porparte de la policía ha sido siempre (y sigue siendo) el mecanismo de“investigación” o venganza dentro de su proceder. Es un mecanismoburocratizado, es decir que se aplica como el manual de funciones o el abc desu manejo cotidiano, se encuentra sedimentado en lo más básico y profundo de suproceso de formación. Esto no ha variado a pesar de los cientos de talleres sobre derechos humanos que ingenuas organizaciones (por decir lo menos) handado a la policía, hoy en día esta instancia represiva del Estado (la policía) puedeostentar que tiene oficinas de derechos humanos dentro de su estructurainstitucional, pero las golpizas, la tortura, la muerte de detenidos en sus celdas o la represión abierta a los manifestantes (como la marcha indígena)sigue siendo su marca registrada.
Un informe presentado en abril de este año por el Instituto de Terapia e Investigación sobre Secuelas de laTortura de Estado (ITEI) dio cuenta de denuncias de torturas certificadas a 58personas detenidas entre 2008 y 2011, todos ellos durante el proceso de aprehensión,es decir, cuando son detenidos por la policía, tal como pasó con la enfermera Boyán. Sin embargo es cosa corriente que el Ministerio Público se haga de lavista gorda cuando la policía aplica este procedimiento a la hora de“investigar”.
Como ya es costumbre en los momentos de manifestación popular, que se producen en medio de la agudizaciónde la crisis social y son reflejo de la lucha de clases, se puede ver con mayor claridad los intereses que los actores defienden en el conflicto. En este caso el viceministro de Régimen Interior y el propio Ministro de Gobierno han minimizado estos hechos, el ministro incluso, con el desprecio que le caracteriza, se ha referido al caso de la enfermera como un tremendo show.
Las autoridades que han pasado por el Estado, en este caso el Ministerio de Gobierno, se ponen el uniforme de defensa y ejercicio de la dictadura de clase y actúan en consecuencia. Recordemos al anterior ministro, Sacha Llorenti (aún una ficha clave del gobierno de Morales), que su procedencia de las filas de activistas de Derechos Humanos no le impidió dar a su gestión un carácter represivo y fascista frente al movimiento popular. El actual ministro Romero, con más experiencia en la gestión burocrática, suele mostrar un perfil más técnico en el manejo de la gestión, sin embargo conocemos su deshonestidad, como cuando dijo tener pruebas contundentes contra manifestantes de Yapacani de haber disparado perdigones ala policía, cuando estos acusados habían sido detenidos días antes del mencionado enfrentamiento. El viceministro Pérez, hombre de confianza de Romero y ex trotskista según su versión, aprendió muy pronto su tarea de defender al Estado (que se traduce en defender a toda costa a su aparato represivo) negando desde el principio toda responsabilidad a la policía, y argumentando ante la prensa que el interrogatorio a la enfermera Boyán cuando se encontraba en estado grave en su cama de terapia intensiva, sin permiso de ningún doctor ni autoridad judicial alguna, desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada, era un acto humanitario.
La acción del Estado se justifica de todas las formas cuando se trata de caerle con todo al movimiento popular en protesta para aplastarlo y destruir su lucha, la acción del viejo Estado, hoy llamado plurinacional, no ha cambiado en nada a sus predecesores. Mientras carga con todo contra el movimiento popular, encubre y trata con guantes deseda a sus funcionarios, como por ejemplo al actual Comandante General de la Policía, involucrado en un escandaloso caso del ingreso irregular de cadetes ala universidad policial, una muestra clara de que el carácter de clase del Estado sigue siendo el mismo a pesar de la demagogia “revolucionaria” del gobierno de Evo Morales.
Análisis y Opinión
mayo de 2012
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