LA MESA
TRIPARTITA,ONGs FEMINISTAS y ESTERILIZACIONES FORZADAS
Por Manuel Legarda
En agosto de 1997 se constituyó la Mesa Tripartita, integrada por
sectores del Estado, entre ellos el
Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, PROMUDEH, la Secretaría
de Cooperación Técnica Internacional, el Instituto de Estadística e
Informática, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Mujer
Del Congreso de la República. También hicieron parte las agencias de
cooperación internacional USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional), UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas), OPS
(Organización Panamericana de la Salud) y la Unión Europea y; por último, ONGs
feministas, organizaciones de control natal y universidades peruanas: Centro de
la Mujer Peruana Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, Red Nacional de
Promoción de la Mujer, REDESS-Jovenes, Pontificia Universidad Católica,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de Estudios de Población de
la Universidad Cayetano Heredia, APROPRO e INPPARES (1). Su objetivo era realizar el seguimiento para que se cumplan
los compromisos adquiridos por parte del gobierno peruano del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo llevada a cabo
en el Cairo en 1994, es decir monitorear y evaluar todo lo referente a la
“salud reproductiva” y “planificación familiar” entre otros puntos.
La Mesa Tripartita se constituyó
en “un espacio de trabajo conjunto y de
coordinación”(2) y de intercambio de información entre sus componentes. Todos los partícipes se mantenían
al tanto del avance y desarrollo del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y
PLANIFICACIÓN FAMILIAR del gobierno.
Cuando
se instala la Mesa Tripartita había transcurrido más de un año de denuncias de
casos de esterilizaciones forzadas a las que estaban siendo sometidas miles de
mujeres en los “Festivales de ligaduras de trompas” del Programa NACIONAL de Salud ReprodUctiva y Planificación familiar.
A pesar de esta grave situación de violencia ejercida desde el Estado contra la
mujer, la indiferencia e impasibilidad fueron los signos característicos de la
Mesa Tripartita. No era por cierto sorprendente, pues la mayor parte de sus
componentes participaban activamente en el Programa
gubernamental. Pero, El Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán, las dos principales ONGs feministas que hacían parte de
la Mesa Tripartita y que se presentaban como defensoras de los derechos de la
mujer peruana por qué callaron esta situación?
¿Ignoraban
acaso las intenciones del régimen cuando Alberto Fujimori viajó
personalmente a Beijing y pronunció un discurso en apariencia “progresista” y
“feminista” en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995? En
su discurso Fujimori había prometido llevar a cabo “una estrategia integral de planificación
familiar como parte de una política de desarrollo social y de lucha contra la
pobreza” (3) proporcionando la información y los servicios necesarios a tal
efecto, una estrategia integral donde “las
mujeres puedan tener a su disposición con plena autonomía y libertad, las
herramientas necesarias para tomar decisiones sobre sus propias vidas” (4) ¿Pero, se podía dar credibilidad al
discurso de un presidente que meses antes había promulgado una ley de amnistía
para proteger con un manto de impunidad a los militares del Grupo Colina, un
escuadrón de la muerte culpable de múltiples ejecuciones extrajudiciales?
Lo
cierto es que esta parte del movimiento feminista peruano hacia finales de los
ochenta había pasado de las calles a las oficinas del estado y de las Agencias
de Cooperación. Este sector oenegizado del feminismo cobró mucho mayor fuerza e
importancia, con ingentes fondos y recursos evidentemente, que los colectivos
autónomos.
Si
bien la Iglesia Católica peruana ha estado siempre opuesta a los programas de
control de la natalidad del gobierno que incluyeran métodos anticonceptivos
“artificiales”, así como al aborto; tenemos que reconocer que, fueron
justamente miembros de la Iglesia quienes prestaron atención a los testimonios
de mujeres que denunciaban desde mediados de 1996 lo que también comenzó a
aparecer en la prensa peruana de ese entonces, es decir, el desarrollo de
campañas de esterilizaciones forzadas a lo largo y ancho del territorio
peruano. Hay que reconocer también aquí la labor infatigable de la periodista
Julia María Urrunaga, la importante investigación de la activista feminista
Giulia Tamayo y las denuncias hechas por la dirigente de la Federación de la
Mujer Campesina de Anta Hilaria Supa en esos primeros tiempos.
En enero de 1998 Joseph Rees, jefe de asesores del Subcomité
del Congreso estadounidense sobre Operaciones Internacionales y Derechos
Humanos fue enviado al Perú donde se entrevistó con representantes del sector
Salud, de la Iglesia, ONGs feministas y de derechos humanos por las
innumerables denuncias que recaían sobre el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD
REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR del régimen de Fujimori. Rees declaró en
una entrevista a un diario local que “El
Subcomité tiene la responsabilidad de fiscalizar los programas de planificación
familiar financiados por los Estados Unidos. El programa de planificación
familiar de USAID en el Perú es el más grande de su clase en este hemisferio”
(5). Afirmó también que había un “consenso
de que existen abusos contra las mujeres, metas para esterilizaciones”(6).
Ante la pregunta sobre las denuncias hechas por las campesinas de la relación
existente entre el programa de asistencia alimentaria para niños desnutridos
PANFAR y las campañas de ligaduras de trompas Joseph Rees respondió que “en pueblos alejados, ambos programas son
administrados en la posta médica y a veces es la misma persona quien hace las
dos cosas”(7). Aunque aceptó la existencia de metas y la aplicación de
esterilizaciones Rees defendió el rol de USAID en el PROGRAMA del gobierno
peruano: “tengo la seguridad que USAID
no financia intencionalmente campañas de esterilización” (8). Rees finalizó
la entrevista señalando que en su informe “sugerirá
que se marque públicamente la distancia con las campañas de esterilización” (9).
En realidad las verdaderas intenciones de USAID ya se venían
plasmando desde finales de los años 80 a través de sus primeros programas
pilotos con ONGs de control natal en el Perú, programas centrados
principalmente en AQVs (10) y DIUs
o T de Cobre cuando la esterilización aún no había sido legalizada en el
Perú. Ya con Fujimori en el poder, desde
los primeros años de su mandato, el proceso de capacitación en técnicas de AQV y
las Ferias de ligaduras de trompas “casa
por casa” (11) se desarrollaron como objetivo prioritario, con el
financiamiento de USAID con quién el Ministerio de Salud tenía reuniones
mensuales.
Un mes después de la entrevista Avelina Sanchez Nolberto y
Victoria Vigo, dos mujeres esterilizadas y el médico ayacuchano Héctor Chávez
Chuchón presentaron sus testimonios ante el Congreso estadounidense.
Días antes de la presentación en Washington, cuando se
esperaban los testimonios acusatorios ante el pleno del Congreso, Mark
Schneider jefe de USAID para América latina y el Caribe “anunció que el gobierno peruano le había comunicado oficialmente que
discontinuaría las campañas de ligadura de trompas y vasectomías” (12).
Esta primera partida la ganó
definitivamente el grupo conservador republicano estadounidense, del que hacía
parte el patrón de Rees Christopher Smith, ferviente militante anti-abortista;
aunque esto no impidió que Marino Costa Bauer, ministro de Salud de ese
entonces, respondiera enfáticamente que las campañas de planificación familiar
no se discontinuarían y que por el contrario seguirían desarrollándose.
Lo cierto es que, cuando el “Gran Jefe” Rees llegó al Perú
la tierra tembló. La sacudida hizo que las ONGs feministas Centro de la Mujer
Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos y varias otras organizaciones, a
través de una carta abierta, pidieran cuentas al gobierno peruano sobre “las irregularidades” (13) en las “acciones de AQV” sin denunciar directamente el PROGRAMA NACIONAL
DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR, es decir, la política
gubernamental. También PRISMA, otra ONG
del entorno USAID que dirigía el programa PANFAR, señaló que abriría una
investigación. La Defensoría del Pueblo, financiada desde su creación por
USAID, dio visto bueno al Informe que se estaba efectuando sobre los casos de
esterilizaciones forzadas. Hechos todos que muestran la importancia que tuvo la
llegada de Rees al Perú, pero lo significativo fue ver que las dos principales
ONGs feministas, el Centro de la Mujer Flora Tristán y el Movimiento Manuela
Ramos a pesar de las claras evidencias sobre las campañas de esterilizaciones
forzadas nunca abandonaron la Mesa Tripartita.
Aún en 1999 cuando las esterilizaciones desbordaban y hacían
agua por todos lados, la Mesa Tripartita manifestó a través de un comunicado
que a pesar de las múltiples denuncias de “la
supuesta aplicación en el Perú de un programa de esterilización masivo de
carácter coercitivo” concluían que estas obedecían a una ‘información errónea” y “no se ajustaba a la realidad” (14).
El millonario proyecto REPROSALUD del
Movimiento Manuela Ramos financiado por USAID con 25 millones de dólares y el
financiamiento por parte de la Fundación Ford, USAID, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) entre otras más del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
parece que tuvieron mayor relevancia que la defensa de los derechos de las
mujeres que tanto preconizaban.
Por ello, exigir actualmente responsabilidades y justicia en
el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú pasa también por pedir
cuentas a este sector del feminismo, aliados del fujimorismo.
(1) Persistencia de la Memoria, Feminismo
y estado en el Perú de los 90, Maruja
Barrig.
(2)
La Conferencia de El Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y
reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva, Susana Galdos
Silva.
(3)
Discurso del Presidente de la República del Perú Alberto Fujimori en la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing China 1995.
(4) Ibíd.
(5) Entrevista a Joseph Rees, Julia María Urrunaga, Diario El Comercio 1 de
febrero de 1998.
(6) Ibíd.
(7) Ibíd.
(8) Ibíd.
(9) Ibíd.
(10) AQV (Anticoncepción Quirúrgica
Voluntaria) es el término técnico constantemente cambiante para definir las
ligaduras de trompas. En épocas de Alan García se empleó el término PQRR
(Prevención Quirúrgica del Riesgo Reproductivo)
(11) Salud Reproductiva. Ministerio de
Salud.
(12) Diario El Comercio, 26 de
febrero de 1998.
(13) Carta Abierta a Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la
República, 18 de febrero 1998
(14) Diario El Comercio, 19 de enero
de 1999.
Manuel
Legarda es artista visual y cineasta. Realizador del documental La cicatriz de
Paulina, que recoge los testimonios de mujeres esterilizadas en los años 90.
Seleccionado en diferentes festivales internacionales, obtuvo la Mención
Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Político en Buenos
Aires-Argentina y ganó el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cinéma
Péruvien de Paris.
http://lacicatrizdepaulina.blogspot.com
http://manuel-legarda.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario