PERÚ
Humala militariza tareas policialesPor Ángel Páez
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Efectivos de la marina de
guerra peruana en acciones contra la minería ilegal en Madre de
Dios |
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LIMA, nov (IPS) - El gobierno peruano de
Ollanta Humala atribuye más responsabilidades de orden público a las Fuerzas
Armadas, que venían actuando en la lucha contra el narcotráfico, para ocuparse
de la minería ilegal y la intervención en protestas sociales.
En el
Valle de los
ríos Apurimac y Ene (VRAE), que comprende las regiones Ayacucho, Cusco y
Apurímac, en el sur del país, las Fuerzas Armadas combaten desde hace varios
años a una facción de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y destruyen
laboratorios de procesamiento de cocaína, decomisan droga y buscan y capturan a
presuntos narcotraficantes nacionales y extranjeros.
El argumento es que
en el VRAE existe una alianza entre senderistas y bandas de traficantes y que
los militares deben enfrentar por igual al denominado "enemigo narcoterrorista".
En 2008, bajo el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), esas operaciones
se intensificaron.
Entre el 7 y 12 de octubre pasado, tropas del
ejército incautaron una tonelada y media de cocaína y detuvieron a un grupo de
presuntos traficantes liderados por un colombiano que actuaba en el VRAE.
En la primera semana de noviembre, 2.000 efectivos ejecutaron una gran
operación contra asientos mineros ilegales en los principales ríos del
departamento de Madre de Dios, zona amazónica en el sudeste, limítrofe con
Brasil y Bolivia.
La
explotación de
oro no autorizada en Madre de Dios afecta gravemente el ambiente debido al
uso intensivo de mercurio y maquinaria pesada, como grandes dragas, y al
desmonte de selva virgen.
La actuación militar ante el tráfico de drogas
y la minería informal se ajusta a las leyes, dijo a IPS el ministro de Defensa,
general retirado Daniel Mora Zevallos.
"Las Fuerzas Armadas actúan
cuando las autoridades lo disponen. Los militares intervienen estrictamente bajo
el imperio de la ley. Actuamos porque la ley nos faculta y no salimos del marco
que establece nuestras funciones. Los militares no buscamos enfrentarnos a la
población. Es lo que menos nos gusta", dijo Mora Zevallos.
"Pero no se
trata solo de una orden", agregó, se interviene "solo si se dan las condiciones
adecuadas. No deseamos tener problemas de derechos humanos. Por eso actuamos
estrictamente donde existe una situación de ilegalidad", añadió.
El
gobierno de Humala –un militar retirado que asumió la Presidencia el 28 de
julio– parece querer ampliar el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas.
El propio Mora Zevallos, elegido legislador en el actual período e
integrante de la Comisión de Defensa del Poder Legislativo, votó a favor un
proyecto de ley que amplifica las facultades de las Fuerzas Armadas "para
desactivar protestas sociales que perturben el orden público".
El 22 de
noviembre, la Comisión de Defensa aprobó el proyecto que da a los militares
potestad para actuar en áreas territoriales declaradas en situación de
emergencia, "asumir el control del orden interno y la conducción total de la
zona y realizar acciones militares con el apoyo de la Policía Nacional para el
control del orden interno, pudiendo hacer uso de la fuerza ante otras
situaciones de violencia", afirma el texto.
En esas zonas y dependiendo
de las circunstancias, la policía se someterá a la jerarquía castrense, según el
proyecto.
Según el
seguimiento mensual de la Defensoría del Pueblo, en octubre se
registraban en todo en el país 217 conflictos sociales, 154 activos y 63 en
estado latente. Del total, 124 tenían causas socioambientales.
La
iniciativa también da marco legal a la participación militar en las operaciones
antinarcóticos.
"Las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en emergencia,
estén a cargo o no del control del orden interno, están facultadas para realizar
interdicción terrestre, naval y aérea a los implicados en el delito de tráfico
ilícito de drogas", indica el texto.
La ampliación de facultades
militares en materia de orden público cuenta con respaldo de representantes del
partido gobernante Gana Perú, y de Fuerza 2011, el bloque del expresidente
Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a prisión por crímenes de derechos
humanos y corrupción.
Estos dos bloques forman mayoría, pero la
iniciativa podría inclusive tener respaldo de partidos menores que suelen apoyar
al gobierno, como Perú Posible, la fuerza del expresidente Alejandro Toledo
(2001-2006), a la que pertenece también el ministro Mora Zevallos.
Así
alienta la militarización del orden público y se criminaliza la protesta social,
criticó Aldo Blume, investigador del no gubernamental Instituto de Defensa Legal
(IDL).
Se trata de una ampliación del Decreto Legislativo 1095, suscrito
el 31 de agosto de 2010 por el entonces presidente García, que abrió la puerta a
estos nuevos roles militares.
Este "fenómeno no es propio de un régimen
democrático y de un Estado de derecho", sostuvo Blume en un
comentario publicado en el sitio de IDL.
"Es cierto
que la inseguridad ciudadana y el combate a la delincuencia, en particular a las
organizaciones del narcotráfico, son problemas cada vez más complejos, pero la
solución no radica en la ejecución de medidas represivas y de restricción de
derechos", agregó.
Para el analista Javier Azpur, coordinador del Grupo
Propuesta Ciudadana, un consorcio de organizaciones no gubernamentales con
actividad en todo el país, existe en el gobierno de Humala una tendencia a la
militarización.
Humala había prometido en campaña que las carteras de
Defensa e Interior estarían en manos civiles. Pero sus titulares, Mora Zevallos
y Óscar Valdés Dancuart, respectivamente, son militares retirados.
"Es
más o menos evidente que el presidente quiere dar un rol significativo a las
Fuerzas Armadas en ámbitos importantes de su gestión. Ello parece ser así por
formación y por convicción", dijo Azpur a IPS.
"La conducción del sector
Interior tiene una importante presencia del ejército. Un hecho constatable
también es la ampliación de la presencia que (los militares) ya tenían desde el
gobierno anterior en el VRAE. A ello debemos agregar su rol protagónico en la
necesaria lucha contra la minería ilegal o informal", agregó.
El 24 de
noviembre, pobladores de la región norandina de Cajamarca iniciaron una huelga
indefinida contra el proyecto aurífero Conga, de la empresa Yanacocha, propiedad
de las compañías Newmont, de Estados Unidos, y Buenaventura, de Perú.
Los campesinos se oponen a la actividad minera en su territorio porque
una laguna será secada para extraer el oro que se encuentra en su lecho, lo que
afectaría la disponibilidad de agua en la zona.
Ante rumores del
desplazamiento de 2.000 soldados a Cajamarca, el jefe del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas, Luis Howell Ballena, sostuvo que, "si la policía siente que
será sobrepasada, puede pedir al presidente la participación" militar.
"Si los militares intervienen, significaría la derrota de Humala en los
sectores rurales que lo apoyaron de manera masiva" y de la "estrategia del
diálogo y la salida política que viene impulsando el gobierno", reflexionó
Azpur. "Perdería credibilidad en su intento de representar los intereses de los
sectores excluidos y sumidos en la pobreza".
"Forzar el proyecto Conga
con una represión de alta intensidad… significaría sumarse a la política
impuesta en el país desde el régimen fujimorista. Amplios sectores de la
sociedad lo verían (a Humala) como un representante más de los grandes grupos de
poder económico", advirtió. (FIN/2011)
O CEBRASPO toma parte do profundo sentimento de pesar que atinge à todos os lutadores, ativistas e organizações democráticas, antiimperialistas em todo o mundo, pelo covarde assassinato da liderança do Partido Comunista da Índia, Mallojula Koteswara Rao, conhecido como camarada Kishenji, de 58 anos. 
O poeta Varavara Rao, que há muito tempo é simpatizante da luta do povo indiano, declarou ao canal de notícias NDTV, que Kishenji havia saído de casa há 35 anos para se juntar à luta de seu povo e que foi morto em uma floresta no estado de Bengala Ocidental.
