BOLIVIA: Cayó "la banda de los doctores".

Nuevo escándalo expone la corrupción del régimen de Morales, y éste sacrifica a sus perros de presa

 

Fernando Rivera y Denis Rodas fueron cabeza de la persecución política del régimen contra los sectores populares, ahora el gobierno los sacrifica y expone sus acciones como vulgares delincuentes que nacieron dentro del régimen

Por: Análisis y Opinión
29 de noviembre de 2012

El equipo jurídico del Ministerio de Gobierno encabezado por su Director Fernando Rivera Tardío y el abogado Denis Rodas Limachi, así como otros funcionarios del Ministerio de la Presidencia, formaban hasta el pasado fin de semana una banda de extorsión a personas procesadas penalmente, entre ellos gente con mucho capital. Tanto Rivera como Rodas fueron también los principales ejecutores de la represión y persecución política contra dirigentes del movimiento popular, para lo cual tenían amplios poderes otorgados por el Ministerio de Gobierno.
El caso se origina en el proceso penal contra el ciudadano estadounidense y millonario Jacob Ostreicher, quien está imputado de lavado de dinero y que habría sido víctima de extorsión y robo de su patrimonio incautado. La extorsión la realizaba nada menos que una estructura bien organizada dentro del Ministerio de Gobierno: el aparato jurídico encabezado por el Asesor Jurídico del Ministerio Fernando Rivera Tardío y otro abogado responsable Denis Rodas Limachi. Ambos estaban conectados con el Director del Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia Juan Manuel Antezana y otros funcionarios en la Dirección de Bienes Incautados.
El Ministro Carlos Romero ha presentado el caso a la opinión pública y se ha mostrado (junto al gobierno) sorprendido por las acciones de sus funcionarios subalternos, antes de reafirmar su compromiso de luchar contra la corrupción. Para quienes seguimos de cerca la dinámica de la lucha de clases y la lucha de los sectores populares contra el gobierno, se trata de palabras de impostores que buscan esconder problemas más profundos.
Aunque aún no están claras las razones coyunturales que están llevando al régimen a “sacrificar” sus fichas prescindibles (como el equipo jurídico que cumplía eficientemente la persecución política a dirigentes sindicales), sí se sabe que Romero y sus antecesores conocían el trabajo de estos individuos que, por supuesto, no actuaron por cuenta propia.
La práctica fundamental de este equipo de abogados, que funciona hace más de 5 años, como lo ha reconocido el Ministro Romero, era la persecución política utilizando el brazo judicial contra los sectores populares, opositores políticos o disidentes de su régimen. Esta banda delictiva viene trabajando desde la gestión del ministro Alfredo Rada y en la gestión de Sacha Llorenti intervino en el caso Caranavi (la Policía asesinó a dos estudiantes), donde persiguieron con fuerza a los dirigentes de esa población y a los abogados de los familiares de los muertos. También actuaron en la persecución a tres profesores refugiados peruanos (incluido un niño de 1 año), armando un montaje escandaloso que generó la reacción de organizaciones de derechos humanos en Bolivia y en distintos países.
El caso más importante concebido por las altas autoridades del régimen del Evo Morales fue el caso Chaparina (la represión brutal a la VIII Marcha en defensa del TIPNIS) que involucró a todo el equipo inquisidor del Ministerio de Gobierno: Marcos Farfán, Boris Villegas y por supuesto Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi. Éstos últimos siempre actuaron con poder amplio para armar los montajes legales y luego utilizar a fiscales y jueces leales y funcionales al régimen que recibían premios por su participación a favor del gobierno violentando las normas legales.
Uno de esos casos involucra al fiscal José Ángel Ponce Rivas, quien asumió la “investigación” del caso Chaparina para librar de toda responsabilidad al ex ministro Sacha Llorenti de aquella masacre a indígenas. Después de esta actuación Ponce Rivas fue nombrado Fiscal de Distrito del departamento de La Paz. Este tipo de actuación, repetida en muchos casos, ha demostrado la dependencia del poder judicial respecto del poder político, solo que de manera acentuada y descarada en esta gestión de gobierno.
Que Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi, quienes se hacían pasar como “autoridades que cumplían su deber de defender a la sociedad”, sean procesados por extorsión como delincuentes comunes, junto con otros funcionarios, es en realidad la menor de sus faltas, porque su delito mayor, junto a las más altas autoridades políticas de Evo Morales, es la persecución política, el uso de jueces y fiscales, la detención irregular, la tortura, las amenazas y el encarcelamiento que aplicaron (y seguirá aplicando Evo Morales) contra personas inocentes, dirigentes sindicales críticos y líderes del movimiento popular disidentes del falso “proceso de cambio”.
Las contradicciones dentro del régimen facistizado de Evo Morales están permitiendo sacar a luz la naturaleza de lumpen de un gobierno que desde un principio ha estafado al pueblo y ha traicionado sus esperanzas. La justicia para el pueblo está lejos de ser satisfecha, a pesar del sacrificio de estas fichas clave para Evo Morales y sus ministros, a pesar de sacrificar esta vez a sus perros de presa.