Ante una emergencia de salud pública como la del Coronavirus:
Expropiar la sanidad
privada y devolverla a manos públicas.
Ángeles Maestro. Red Roja
Algún día sabremos si la irrupción del Coronavirus constituye o
no un eslabón de la guerra comercial de EE.UU. contra China, aunque
podemos tener la seguridad de que si no lo es, no es por problemas
éticos al respecto. A quienes lanzaron las bombas Hiroshima y
Nagasaki, perpetraron a lo largo del planeta todo tipo de golpes de
Estado, guerras y asesinatos selectivos o provocaron directamente
epidemias como la del Dengue Hemorrágico en Cuba no les tiembla el
pulso por razones humanitarias cuando se trata de conseguir objetivos
político/económicos.
Por otro lado, es evidente que el Coronavirus ha servido de
desencadenante de la eclosión de una gran crisis económica que hace
tiempo se viene gestando. Lo más grave, y no hace falta ser un lince
para verlo venir, es que el virus coronado servirá de chivo
expiatorio de los nuevos recortes y privatizaciones, incremento de
impuestos indirectos y de beneficios fiscales para el capital y,
sobre todo, nuevos rescates de bancos con dinero público.
Sin embargo, hoy quiero centrarme en la situación desesperada en
la que se encuentra la sanidad pública madrileña - a la que
seguirán otros territorios - como consecuencia de la actual
epidemia.
La situación es de desbordamiento total: no hay recursos
sanitarios suficientes para atender a tantas personas que los
requieren al mismo tiempo. Eso quiere decir que una cantidad
importante de pacientes está muriendo, y no lo haría si los
recursos fueran suficientes.
Ahora, como en todas las crisis, se ponen de manifiesto
situaciones escandalosas que permanecían larvadas o semi-ocultas.
Merece la pena recordar que la suma de los recortes y de la puesta
en marcha de los hospitales de financiación pública y gestión, y
negocio privado, supusieron para la sanidad pública madrileña el
cierre de alrededor 2000 camas y la pérdida de 5.000 trabajadoras y
trabajadores sanitarios. La sangría económica que ocasionan estas
empresas parásitas - en su mayoría sociedades de capital/riesgo -
para una sanidad pública ya enormemente deficitaria en condiciones
normales es tal, que se calcula -que cuando venza su contrato se
habrán embolsado seis veces la inversión realizada.
Hoy sabemos que este deterioro, planificado desde las Consejerías
de Sanidad, de la sanidad pública está aumentando espectacularmente
las cifras de negocio de las aseguradoras privadas. Las enormes
listas de espera para tratamientos y, mucho más grave, para
diagnóstico, que ocasionan miles de muertes perfectamente evitables,
son su particular gallina de los huevos de oro. Las cifras son
asombrosas. En Madrid el 40% de la población tiene seguro privado,
con un gran crecimiento en los últimos años, insisto, engendrado
desde la administración sanitaria a su servicio.
Y ante una situación tan dramática como la actual, la sanidad
privada tiene la desvergüenza de declarar que no se hará cargo de
los casos de Coronavirus de sus asegurados. Las Consejerías y el
Ministerio de Sanidad han callado miserablemente, constituyéndose en
cómplices directos del crimen cotidiano. Los hospitales de
financiación pública y negocio privado, que atienden áreas
sanitarias, no han dicho nada hasta ahora, pero es bien sabido que
antes del Coronavirus se producía en ellos de forma sistemática una
selección de pacientes. A través del call center, propiedad
también de una empresa
privada, se hacen las
derivaciones: no rentables
para la pública, rentables para la privada.
Ahora cuando la angustia se extiende, es hora de preguntarse,
¿cuántas personas no hubieran muerto si la ingente cantidad de
recursos económicos, de instalaciones y de personal que está al
servicio del lucro privado, estuviera planificado y gestionado por
una administración sanitaria encargada de responder a las
necesidades sociales? ¿Es tolerable que ante una situación tan
dramática como la actual se anteponga, en sentido estricto, el
negocio privado a la vida de la gente?.
El escarnio de la apropiación privada de los recursos públicos
se manifiesta como absolutamente inaceptable cuando las necesidades
perentorias del pueblo se estrellan contra los muros del capital.
Hoy ante una incuestionable emergencia de Salud Pública, que no
ha hecho más que iniciarse, no cabe otra solución que exigir al
Ministerio de Sanidad y a las Consejerías la incautación y
expropiación de todos los recursos sanitarios que están en manos
privadas, de forma que la administración cumpla con su obligación
de planificar y ponerlos en su totalidad al servicio de la población.
No hay comentarios:
Publicar un comentario