Coca Cola Iberian Partners (CCIP), embotelladora de Coca Cola en España, ha comenzado esta mañana a desmantelar la planta de Fuenlabrada, en Madrid, a pesar de la resistencia de los trabajadores, que llevan desde febrero de 2014 acampados en una de las puertas del recinto con el fin de evitar, precisamente, el desarme de las instalaciones. Éstos aseguran que la compañía ha enviado esta mañana trabajadores externos a la fábrica con el fin de echarla abajo.
“A primera hora de la mañana ha llegado en torno a medio centenar de policías y han entrado trabajadores metidos dentro de una furgoneta policial que creemos están saboteando el interior de la fábrica”, indica Juan Gil, trabajador de CCIP afectado por el ERE que la empresa hizo público a finales de 2013. Las fuerzas de seguridad han cortado la vía de acceso a las instalaciones y han acordonado la fábrica, a la que no se puede entrar por ninguna de sus entradas, desplazando a los trabajadores que se encontraban en uno de los accesos fuera del mismo para permitir el paso de las furgonas policiales. “Nosotros nos hemos retirado desde nuestra posición de no violencia, protestando”, apunta el trabajador.
A media mañana se han desatado algunos forcejeos entre trabajadores y policía cuando ésta última ha intentado despejar la puerta trasera, donde el campamento de los empleados bloquea el paso de camiones. Acto seguido una treintena de éstos ha entrado en el recinto, donde, aseguran, han encontrado herramientas para desmantelar las instalaciones que no se encontraban ayer. Uno de ellos ha sido detenido en el interior de la fábrica, mientras que el resto ha terminado saliendo por su propio pie. Asimismo, se han registrado enfrentamientos en la puerta principal del recinto, con al menos cuatro heridos, dos de los cuales han tenido que ser trasladados al hospital de la zona, uno de ellos con un golpe en la cabeza.
Hasta Fuenlabrada se han desplazado la diputada de Izquierda Unida por la Asamblea de Madrid Tania Sánchez, el concejal del Ayuntamiento de Madrid Jorge García Castaño, el miembro de la promotora de Podemos Íñigo Errejón y la integrante del Consejo Ciudadano de la misma formación Irene Montero.
“Nadie puede estar por encima de la ley en este país, se llame como se llame”, apunta Juan Gil, trabajador de CCIP
La Audiencia Nacional declaró nulos los despidos realizados por la empresa tras una denuncia interpuesta por CC OO en octubre, con lo que CCIP está obligada a readmitir a los empleados. Así, los trabajadores se encuentran a la a la espera de la ejecución provisional de la sentencia. El plazo para ello ha vencido sin producirse tal reincorporación, con lo que la movilización no ha cesado. Es más, desde el pasado 30 de octubre estos trabajadores dejaron de recibir la prestación por desempleo por entenderse incompatible con los salarios que Coca Cola debía empezar a transferirles, salarios que no se han hecho efectivos a día de hoy aunque ya debería estar haciéndolo la empresa, asegura Gil. CCIP, según informan los representantes de los trabajadores, ha ofrecido trasladarlos a otros centros, algo que consideran inaceptable, amparándose en dicha sentencia.
“Están violando el espíritu de la ley, están obligados a reincorporarnos en nuestros puestos de trabajo. No pueden hacer lo que están haciendo, están haciendo sabotaje industrial”, declara el trabajador. “Con nuestras manos y con nuestra voz seguiremos protestando todo lo que podamos y pidiendo la solidaridad de la gente y denunciando esta situación que es un fraude de ley. Nadie puede estar por encima de la ley en este país, se llame como se llame”.
Por otra parte, los trabajadores denuncian que las fuerzas del orden público, en este caso la Policía Nacional, se encuentren “al servicio de la patronal”, afirma Gil, impidiendo el derecho de los trabajadores a mantener su puesto de trabajo.
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